Los próximos meses, a juicio de los expertos, serán decisivos para los esfuerzos que hacen los países de América Latina y el Caribe en su afán por salvar sus economías del fatídico impago de la deuda pública.
José Bodes Gómez
A nivel mundial, y por primera vez en la historia, en 2020 el monto de los débitos prácticamente igualó el valor total de los bienes y servicios acumulados en ese período.
En Latinoamérica y el Caribeña, la emisión de los bonos de deuda gubernamentales y corporativos superó los 150 000 millones de dólares en los mercados internacionales.
Al cierre del año pasado la deuda regional superó los 3,3 billones de dólares, mientras que el producto interno bruto (PIB) alcanzó los 4,2 billones, lo que representó un signo positivo en medio de la gran crisis económica causada por el Covid-19.
Los Gobiernos en todo el mundo, explican los especialistas, se han endeudado para solventar el gigantesco gasto fiscal realizado en evitación de la quiebra de numerosas empresas, el incremento del desempleo y el cese de prestaciones públicas vitales.
La iniciativa del G-20
Ante la gravedad de la situación financiera creada a escala global, el Grupo de los 20 acordó poner en marcha el programa “Iniciativa de suspensión del servicio de la deuda”.
Aprobado al principio por seis meses de duración, período que abarcó de mayo a octubre de 2020, debió ser prolongado hasta la mitad del presente año, ya que la ayuda a las naciones de bajos ingresos para las cuales está destinado solo alcanzó a 44 de ellos.
En la región, el 72% del total de la deuda pública corresponde a los Estados sudamericanos, encabezados por Brasil, con 930 millones de dólares en números rojos, y Argentina, que acumula un monto de 336 millones.
El último caso es en extremo complejo, pues su anterior presidente, Mauricio Macri (2015-2019), intentó solventar la falta de liquidez en un polémico acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual resultó el de mayor cuantía (57 000 millones de dólares) en la historia de ese organismo y cuya negociación se investiga en la actualidad por las nuevas autoridades de Buenos Aires.
El convenio ha sido muy criticado por los sindicatos obreros y otros sectores populares, ya que lo aprobaron los financistas reunidos en Washington bajo el compromiso de Chile de que el déficit fiscal sería re ducido a cero en 2019, condición que implicaba suprimir disposiciones sociales que son de beneficio para las familias pobres y de medianos ingresos.
Recuperación tardía
Las previsiones para este año, tanto de la Cepal como del FMI, calculan un crecimiento del PIB entre 3,7% y 4,1%, respectivamente, coincidiendo ambos organismos en que la economía de la región tardará dos o tres años más en recuperar el nivel que tenía antes de la llegada del Covid-19.
De los grandes problemas que padecen la naciones de América Latina y el Caribe para su avance, y sobre todo en el enfrentamiento de la deuda externa, está la baja recaudación tributaria y el elevado índice de empleo informal.
El ingreso fiscal en el área es apenas el 23% del PIB, mientras que el promedio que registran los países con un alto nivel de vida y emergentes que integran la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) es del 34%.
En cuanto al empleo, los informes de entidades especializadas en materia social indican que alrededor de la mitad de las personas con ocupación laboral lo hacen por cuenta propia y están desprovistas de seguros que protejan sus condiciones de vida.
Una crisis a las puertas
El jefe para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE, Sebastián Nieto, sostiene que, con el propósito de contrarrestar el peligro de que algunos Estados de la región caigan en una crisis de deuda soberana en 2021, resulta necesario implementar un diálogo inclusivo, en el que interactúen los acreedores públicos y privados, además de la banca multilateral.
La desigualdad, la escasa cobertura y el insuficiente acceso a la protección social de sus habitantes, además de un limitado espacio fiscal, figuran entre las debilidades estructurales que desde hace muchas décadas padece el área y obstaculizan su desarrollo.
A estos problemas se suman los bajos rendimientos en numerosos renglones de la producción en general que, como se ha visto en 2020, agravan los efectos de la contingencia sanitaria sobre las economías latinoamericanas y caribeñas.
Asimismo, las mencionadas brechas estructurales provocan dificultades para implementar políticas que aminoren el impacto de la nueva enfermedad y emprender una reactivación que cumpla los requisitos de ser sostenible e inclusiva.
Nieto, al igual que otros analistas, opina que la dinámica del crecimiento económico del área en 2021 depende de una serie de factores que no pueden preverse con exactitud, por ejemplo, el riesgo de rebrotes del Covid-19, la agilidad en la elaboración y distribución de las vacunas, así como la capacidad de mantener los estímulos fiscales y monetarios para apoyar a los centros productivos y satisfacer el ascenso de la demanda. (PL)
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