Dos días después del asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse en Puerto Príncipe, teorías encontradas no logran plantear un motivo viable para el sonado golpe.
Un comando de quienes el jefe de policía Léon Charles llamó “mercenarios” bien armados irrumpió en la residencia del presidente en la madrugada del 7 de julio y le propinó 12 impactos de bala, dejándolo muerto a él y herida de gravedad a la primera dama Martine Moïse. Ella sobrevivió y se encuentra en condición crítica, pero estable luego de ser trasladada a un hospital de la Florida, según informó el Miami Herald.
El 8 de julio en una conferencia de prensa, el jefe de policía declaró que las autoridades tienen identificados hasta el momento a 28 sospechosos del ataque: 26 colombianos —seis de ellos soldados retirados— y dos haitiano-estadounidenses. El gobierno identificó a uno de los haitiano-estadounidenses como James Solages, empresario radicado en la Florida, quien trabajó como «comandante en jefe de guardaespaldas» en la embajada de Canadá en Haití, según el sitio web de una organización no gubernamental de la que este hacía parte.
Los delegados del gobierno informaron que se detuvo a 17 de los sospechosos, mientras que otros ocho siguen fugitivos. Sin embargo, ha habido información contradictoria sobre cuántos habían sido abatidos.
Poco después del magnicidio, Charles declaró que sus agentes habían seguido al escuadrón de mercenarios y los confrontaron, impidiéndoles salir de la zona de Pétion-Ville alrededor de la escena del crimen en las colinas que rodean Puerto Príncipe.
Los primeros informes policiales indicaban que habían muerto entre cuatro y siete personas durante un enfrentamiento armado con la policía, pero posteriormente Charles declaró que habían muerto tres.
El 9 de julio, los medios haitianos citaron declaraciones de un funcionario judicial que decía que ciertos mercenarios llevaban tres meses en Haití, mientras que otros habían llegado de República Dominicana para unírseles más adelante. Durante ese tiempo, amasaron un arsenal de armas, vehículos, dinero en efectivo y equipamiento.
Análisis de InSight Crime
Una cosa es cierta sobre el operativo que terminó con la muerte del presidente haitiano: fue una operación bien planeada y financiada, realizada estratégicamente por personas dotadas de armas de grueso calibre.
De hecho, los presuntos asesinos se hicieron pasar por miembros de la Administración estadounidense para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), cuando gritaron que el ataque era un “operativo de la DEA” y advirtieron a quienes se encontraban en la zona que “retrocedieran” y “no opusieran resistencia”. La embajada haitiana en Estados Unidos describió el asesinato como un “ataque bien coordinado ejecutado por un grupo bien entrenado y fuertemente armado”.
La historia reciente de Haití tiene precedentes de actividad de mercenarios. En febrero de 2019, la policía haitiana capturó a un escuadrón de mercenarios extranjeros armados con rifles de asalto en un control policial. Su misión clandestina supuestamente era “escoltar al asistente del presidente, Fritz Jean-Louis, al banco central haitiano, donde haría una transferencia electrónica de US$80 millones de un fondo petrolero del gobierno [Petrocaribe] a una segunda cuenta controlada exclusivamente por el presidente Moïse”, según The Intercept.
A los integrantes del escuadrón se los acusó de hacer parte de una conspiración criminal en Haití, pero cinco estadounidenses que hacían parte del grupo fueron enviados prontamente de regreso a Estados Unidos, donde no se les imputó ningún cargo penal.
No cabe duda de que hay muchos actores en Haití con la capacidad de contratar un escuadrón de mercenarios, desde políticos en ejercicio hasta firmas de seguridad privadas y poderosos actores criminales. Algunos expertos del Centro de Análisis e Investigación sobre Derechos Humanos (Centre d’Analyse et de Recherche en Droits de l’Homme, CARDH) han cuestionado cómo los atacantes pudieron planear y ejecutar el magnicidio de una manera tan sencilla sin que saliera herido ni un solo miembro de la guardia presidencial. Los fiscales pedirán la comparecencia de esos agentes para interrogarlos.
En el pasado, varios políticos han conspirado con pandillas y milicias o con conexiones políticas a cambio de respaldo político en los barrios que controlan. El mismo presidente Moïse fue acusado de apoyar la alianza pandillera entre la G9 y Familia. Las pandillas supuestamente recibían protección del gobierno a cambio de ampliar el respaldo para el presidente en bastiones de la oposición política, una estrategia similar a la usada por otros antes de él. Pero, en ausencia de Moïse, la coalición G9 podría debilitarse si otros actores que no vean beneficio en tener tratos con la alianza reclaman el poder político.
Alguna evidencia reciente indica que el apoyo al gobierno puede estarse debilitando. A finales de junio, el líder del G9 Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, llamó a levantarse en revolución contra la oposición y el partido Tèt Kale (Parti Haïtien Tèt Kale, PHTK), del presidente Moïse, entre otros en Haití.
Desde su creación, la alianza de pandillas ha tenido problemas para sofocar las rivalidades internas previas a la decisión de las nueve pandillas de aliarse en una confederación. Esas disputas se desbordaron el mes pasado, cuando miles de civiles inocentes fueron desplazados, al verse atrapados en el fuego cruzado de la capital en medio de una grave oleada de nuevos casos de COVID-19.
Dada la histórica relación simbiótica de la que han dependido políticos y pandillas armadas en el pasado, es probable que el asesinato del jefe de Estado dé lugar a un periodo de incertidumbre extrema, donde diferentes actores criminales intenten ejercer poder sobre el territorio físico y posicionarse para obtener mayores réditos de quien suceda a Moïse en la presidencia.
*Los investigadores de InSight Crime Douwe den Held, María Paula Sáenz y Juliana Manjarrés colaboraron con la reportería para este artículo.
(Artículo publicado en InSight Crime) – Licencia Creative Commons
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