La crisis migratoria que enfrenta hoy Estados Unidos en la frontera sur es considerada el talón de Aquiles del gobierno de Joe Biden, porque no puede revertirla.
Desde su campaña presidencial, Biden se comprometió a revertir la mayoría de las políticas xenófobas de su antecesor, Donald Trump (2017-2021), y sustituirlas con una estrategia más humana y ordenada.
Sin embargo, ocho meses después de su llegada al poder, el presidente recibe críticas tanto de la izquierda como de la derecha, que creen que la situación fronteriza es un lastre político para la Casa Blanca.
Biden se encuentra entre dos aguas. Mientras los republicanos lo encuentran responsable de la crisis por detener la construcción del muro fronterizo y otras medidas de la era Trump, los demócratas apuntan que no hizo lo suficiente por cerrar el capítulo nefasto de su antecesor.
El 21 de enero, el mismo día de su toma de posesión, el mandatario estadounidense firmó un grupo de órdenes ejecutivas para dar a entender que su administración es “más humana” en cuanto a temas migratorios.
Entre las medidas estuvo fortalecer el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) para proteger a los conocidos como “Dreamers” (Soñadores) y presentar una reforma migratoria que ofrece un camino a la ciudadanía a 11 millones de indocumentados.
Ese día Biden revocó la prohibición de viaje dirigida a países mayoritariamente musulmanes, puso fin al programa Quédate en México, y eliminó la política de separación de familias en la frontera.
Pero la estrategia de la Casa Blanca está abrumada por el alza sin precedentes de migrantes en la frontera sur.
A finales de julio, la vicepresidenta Kamala Harris, encargada por Biden para la tarea de enfrentar el creciente flujo migratorio, viajó a los países del triángulo norte (El Salvador, Guatemala y Honduras).
Posteriormente emitió una estrategia integral para abordar las “causas de fondo” del éxodo centroamericano.
La estrategia incorpora ocho líneas de acción, que incluyen crear programas de asilo en países de la región, mejorar la protección en naciones de origen, promover programas de empleo y potenciar las protecciones laborales.
Sin embargo, la actitud de la administración de Biden es contradictoria. Mientras por un lado asegura que dará un trato “más humano” a los indocumentados, por el otro, empuja a diario a miles hacia el otro lado de la frontera cuando intentan entrar de forma irregular.
Pese a las promesas hechas durante la campaña presidencial, Biden decidió no revertir una medida implementada por Trump para expulsar a familias solicitantes de asilo en el contexto de la pandemia del Covid-19, conocida como Tìtulo 42.
Con esta norma, las autoridades migratorias pueden aplicar el procedimiento conocido como “expulsión acelerada” a las familias e individuos que accedan a territorio estadounidense de forma irregular, con excepción de los niños que viajan solos.
Las detenciones en la frontera se mantienen en el nivel más alto en décadas. Solo en julio pasado las autoridades apresaron a cerca de 210.000 inmigrantes, muchos de los cuales fueron expulsados bajo esa política fronteriza. La cifra elevó a más de un millón el número de llegadas reportadas en el actual año fiscal, desde octubre de 2020.
El número de niños no acompañados en el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP, en inglés) también se disparó en medio de denuncias por las malas condiciones de los centros temporales para menores.
La CNN denunció el pasado 3 de agosto que dos mil 498 niños no acompañados estaban bajo la custodia de la CBP, en instalaciones similares a las cárceles diseñadas para adultos, no para niños.
Y hace unas semanas Biden comenzó a enviar a las familias centroamericanas indocumentadas en aviones hacia ciudades del interior de México.
De acuerdo con expertos, esta es la primera vez que una administración estadounidense envía a los migrantes por aire hacia el país vecino, en lugar de a sus naciones de origen. Y se prevé que los vuelos continúen, según ha dicho el Departamento de Seguridad Nacional.
La decisión provocó el rechazo de defensores de derechos de inmigrantes, quienes alertaron sobre los peligros que enfrentan los deportados en el norte de México, como secuestros, extorsión, robos, asaltos, agresiones sexuales y abandono.
Algunos se ven forzados a cooperar con pandillas locales u organizaciones criminales transnacionales para sobrevivir o facilitar su retorno a la frontera, de acuerdo con un informe de la Base de Datos de Riesgo Migratorio Centroamericano (Camrd, por sus siglas en inglés).
Desde que se intensificó el tema del flujo migratorio en la frontera entre México y Estados Unidos, el gobierno de Biden sostuvo charlas, realizó viajes y propuso iniciativas para abordar las “causas de fondo”.
Pero, como dijo escribió el periodista mexicano David Brooks, en La Jornada, las causas de fondo están en Estados Unidos: intervenciones, apoyo militar a dictaduras, capacitación y financiamiento de torturadores, Doctrina Monroe, guerra fría contra el comunismo y, más recientemente, la arremetida contra los gobiernos progresistas latinoamericanos. (PL)
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