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La ciberseguridad, un objetivo universal

Muchos países, organizaciones mundiales y regionales ya se habían referido al combate de la desinformación y la ciberguerra como un aspecto fundamental en el trabajo de cualquier Estado. Y en ello trabajan todos los gobiernos porque afecta a todos los países, sin excepción.

 

En una resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el 31 de diciembre de 2020, sobre los avances en la esfera de la información y las telecomunicaciones en el contexto de seguridad nacional, dicho ente señala que “los Estados tienen el deber y el derecho de combatir la difusión de noticias falsas”.

La resolución 75/240 reafirma “el derecho y el deber de los Estados de combatir, en el marco de sus prerrogativas constitucionales, la difusión de noticias falsas o distorsionadas que puedan interpretarse como una injerencia en los asuntos internos de otros Estados o como perjudiciales para la promoción de la paz, la cooperación y las relaciones amistosas entre Estados y naciones”.

Asimismo, confirma que “la soberanía de los Estados y las normas y principios internacionales que de ella dimanan son aplicables a la realización de actividades relacionadas con las tecnologías de la información y las comunicaciones por los Estados y a su jurisdicción sobre la infraestructura de esas tecnologías que se halle en su territorio”.

La lucha de la Unión Europea contra la desinformación comenzó cinco años antes de dicho planteamiento de Naciones Unidas y para diciembre de 2018, aprobó un Plan de Acción contra la Desinformación, que entró en vigor en 2019.

Ese mismo año, el presupuesto destinado a combatir la desinformación pasó de menos de dos a cinco millones de euros.

Gigantes digitales están así sujetos a un Código de Buenas Prácticas en esa región que, entre otras cosas, hizo a Google tomar acciones contra más de 130 mil cuentas; Facebook desactivó dos mil 200 millones de perfiles falsos y YouTube cerró más de tres millones de canales durante la campaña de las elecciones europeas.

En España también existe un Procedimiento de Actuación contra la Desinformación, publicado desde octubre de 2019 y que identifica los organismos y autoridades que forman el sistema y marca el procedimiento de sus actuaciones para la prevención, detección, alerta temprana, análisis, respuesta y evaluación de la desinformación.

Francia posee una ley para ‘proteger la vida democrática de las fake news’, con especial atención a los procesos electorales, y mediante la cual se puede multar con más de 40 mil euros y hasta cárcel a quienes la infrinjan.

En América Latina también existen varios ejemplos como Nodio, un Observatorio argentino de la desinformación y la violencia simbólica en medios de prensa y plataformas digitales.

Asimismo, el Parlamento de Nicaragua aprobó desde octubre de 2020 una ley contra los ciberdelitos para hacer frente a crímenes cibernéticos como el hackeo, robo de identidad o espionaje informático, pero también a aquellas personas que difundan información falsa.

Cuba también

La isla no se podía quedar atrás y actualizó su marco jurídico en materia de telecomunicaciones, y entre los aspectos esenciales potencia el modelo de actuación ante incidentes de ciberseguridad, algo que no exclusivo de la isla caribeña.

El Decreto-Ley 35, que establece nuevas normas en ese sector cuenta entre sus resoluciones con la 105 que por primera vez, ofrece en la nación un respaldo legal para hacer frente a esos incidentes y establece tipificaciones que superan los límites de lo explícitamente tecnológico.

De esta forma, se concibe un sistema de trabajo entre las entidades especializadas en seguridad de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones (TICs) para el cumplimiento de sus funciones en el intercambio de información relativa a vulnerabilidades e incidentes de ciberseguridad.

Asimismo, deja expuesto los deberes y derechos de la protección sin diferencias a los ciudadanos, la sociedad civil y las instituciones estatales y privadas.

La norma tipifica los diferentes incidentes y hechos en el entorno de la red de redes como el ciberacoso, las noticias falsas, bloqueos masivos de cuentas en redes sociales, pornografía, ciberterrorismo, ciberguerra y subversión social.

Sobre el alcance de esta norma, directivos del ramo aclararon que el país caribeño no cuenta con contrato de servicios con las plataformas de redes sociales debido al bloqueo impuesto por más de 60 años por Estados Unidos.

Sin embargo, sí puede registrar y notificar dichas violaciones, muchas de las cuales incumplen hasta las propias reglas de esos espacios online.

Y si bie cada país busca defenderse, cuando se trata de Cuba cambia su mirada pues algunos califican al Decreto Ley 35 de Cuba  como “atentado contra los derechos humanos”, cuando es un modelo que opera en prácticamente todos los países. Su  equivalente es el Plan de Acción contra la Desinformación existe en la Unión Europea desde 2018.

Contra Cuba

Cuba promueve cada vez más el acceso a Internet en todo el país, pero rechaza el uso que algunos le dan hoy a este espacio para desinformar, incitar al odio y a la violencia.

En disímiles ocasiones las autoridades del país han denunciado que el gobierno De Estados Unidos utiliza actualmente las plataformas digitales como instrumento para una guerra no convencional contra la nación cubana y múltiples ejemplos lo confirman.

Asimismo, han alertado que monopolios de información como Facebook, YouTube y Twitter han violado sus propias normas y permitieron en sus plataformas mensajes violentos y llenos de odio contra el país.

En ese contexto, varias instituciones gubernamentales recibieron recientemente ciberataques como, el sitio de la Presidencia, a la que se le trató de negar el espacio digital. Lo mismo sucedió con medios de comunicación como Granma y Cubadebate. (PL)

(Photos: Pixabay)

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