El asesinato de Sahar Ismail, funcionario de alto rango del Ministerio de Educación israelí, mostró las diferencias en Israel, entre la mayoría judía y la minoría árabe, que reclama igualdad de derechos y oportunidades.
Rara vez la muerte de un árabe aquí despierta interés en la prensa nacional, pero su cargo de asesor de la titular de Educación, Yifat Shasha-Biton, catapultó el caso a las primeras planas durante unas horas.
Hasta la fecha al menos 71 miembros de esa comunidad murieron de forma violenta en 2021. El último incidente ocurrió el pasado sábado, cuando una mujer de 28 años fue baleada.
Los descendientes de los palestinos que no fueron expulsados de sus tierras tras la creación del Estado judío, en 1948, denuncian desde entonces que son tratados como ciudadanos de segunda. En la actualidad suman 1,9 millones de personas que suponen casi un 21% del total de población de este país mediterráneo.
Según Iniciativas de Abraham, una organización dedicada a impulsar las relaciones entre ambos grupos, en 2018 fueron asesinados 71 ciudadanos árabes y 89 en el siguiente. Otro estudio reveló que el pasado año la cifra se elevó a 113.
Aunque representan menos de un cuarto de la población total de esta nación, más del 50% de los crímenes violentos los afectan directamente.
Esta desproporción se debe en parte a “una historia de relaciones tensas y a una vigilancia insuficiente por parte de la policía”, considera la agrupación.
Pero la ONG Sikkuy asegura que una de las principales razones de las diferencias entre los ciudadanos árabes y judíos es la asignación desigual de los recursos estatales.
La segregación entre ambas comunidades es la norma en Israel, en especial en materia de vivienda y educación, subraya.
Esa situación provoca “una sensación de alienación y desconfianza entre los dos grupos, exacerbada por el conflicto nacional, que sistemáticamente aumenta el prejuicio y la incitación contra los árabes”.
En su reporte anual 2020 Sikkuy resalta que un 14,5% de las familias judías vive por debajo del umbral de la pobreza, mientras que entre las árabes el flagelo alcanza al 45,3%.
La esperanza de vida de los primeros asciende a 83,1 años como promedio y la mortalidad infantil se sitúa en torno al 2,7% por cada mil nacidos vivos, entre los segundos las cifras son 79,5% y 6,5%, respectivamente.
Si en los hogares judíos el ingreso promedio ascendió en 2020 a 75.387 dólares anuales, en los árabes fue de 44.815.
En declaraciones al diario The Jerusalen Post, Leah Leshem, portavoz de la Policía de Israel para el Distrito Norte, estimó que la pobreza es clave para entender las altas tasas de criminalidad que golpean a los árabes.
Las condiciones miserables empujan a muchas personas a unirse a pandillas o delinquir porque lo ven como una salida, explicó Leshem.
Otro problema es la falta de actividades para niños y jóvenes, ya que a diferencia de las comunidades judías vecinas, donde los menores asisten con frecuencia a eventos extraescolares conocidos como hugim, no existe una estructura similar en la mayoría de las ciudades árabes. “Muchos de los jóvenes no tienen ingresos, no tienen profesión”, lo cual los empuja a sumarse a las pandillas para ganarse la vida, recalcó.
Marwan, miembro del servicio de emergencia voluntario United Hatzalah, citó como otro problema la falta de compromiso de la policía en las escenas del crimen cuando se trata de una víctima árabe.
“Cada mañana hay un nuevo asesinato. El año aún no ha terminado y ya casi hemos batido un récord de delincuencia en comparación con los anteriores”, apuntó.
Precisamente, una reciente encuesta reveló que el 60% de ellos no se sienten seguros en sus hogares y apenas un 17,4% afirmó confiar en la policía.
Toda esa situación provocó un estallido social en mayo último en las ciudades mixtas o pobladas mayoritariamente por personas de origen palestino, en medio de una ofensiva militar de las fuerzas de Tel Aviv contra la franja de Gaza y la represión en Jerusalén oriental.
Además de denunciar la agresión a sus hermanos palestinos, los manifestantes reclamaron igualdad de derechos y el fin de la discriminación legal, económica e institucional. (PL)
.jpg)
