La violencia cotidiana, evidente pese a la disminución en los promedios diarios de homicidios, es el principal detonante de la creciente migración irregular en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras).
Hubo un tiempo en que los centroamericanos se iban al Norte para reunirse con sus familiares que años atrás huyeron del conflicto armado (1980-1992), de la precariedad económica o del acoso de las primeras “maras” (pandillas), surgidas justamente en Estados Unidos.
Sin embargo, un reciente foro organizado por la organización Alianza Américas y la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (Cries) señaló que la inseguridad desplazó a la reunificación familiar como la primera causa de la migración irregular en la región. Hace par de años comenzó un fenómeno nuevo, las llamadas “caravanas migratorias”, nacidas en San Pedro Sula, Honduras, o en la plaza Salvador del Mundo, en El Salvador, y coordinadas para reunirse en Guatemala y avanzar en bloque hacia el Norte.
Tales caravanas pusieron en jaque a las autoridades de la región y de Estados Unidos, donde el entonces presidente Donald Trump lideraba una cruzada contra la migración, criminalizando con peculiar saña la proveniente de lo que llamaba, sin pudor, “a shithole” (agujero de m…).
La política “tolerancia cero” fue un estandarte de la administración Trump, con el famoso muro en la frontera con México y la decisión de quitarle el Estatus de Protección Temporal (TPS, siglas en inglés) a miles de migrantes llegados de zonas en conflicto y que llevaban toda una vida en Estados Unidos.
No obstante, la relación de Trump con el presidente Nayib Bukele fue más que buena, quizás por sus rasgos similares: eran dos “outsiders” de la política, extrovertidos, polémicos e incendiarios en redes sociales, de ahí que sus sintonías en temas migratorios no fueran de extrañar.
De hecho, durante los meses finales de Trump fue impuesto -y aceptado- un acuerdo de tercer destino seguro, según el cual El Salvador recibiría a los solicitantes de asilo procesados por Estados Unidos. Joe Biden derogó el tratado al asumir la presidencia.
El problema, sin embargo, empeora con el tiempo.
Aumentan detenciones
Según la Oficina de Control de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, un millón y medio de migrantes centroamericanos fueron detenidos en 2021 tratando de ingresar a territorio norteamericano, o ya dentro.
Hasta ahora, casi 88.000 salvadoreños fueron interceptados, casi el triple que hace tres años, cuando 37 mil migrantes de esta nación centroamericana llegaron a los límites norteamericanos en busca de mejores condiciones de vida, pero especialmente, de seguridad. Los detenidos están segmentados en menores no acompañados, adultos solteros y grupos familiares, aunque el comportamiento de cada uno es diferente. En particular duele el caso de los miles de menores de edad que llegaron solos, vulnerables, aterrados.
Según estadísticas oficiales, desde que en abril pasado los migrantes salvadoreños superaron la barrera de 10.000 detenciones mensuales, el flujo se incrementó paulatinamente hasta llegar a las 12.656 en el mes pasado.
Pero ese conteo solo incluye a los que fueron detenidos. ¿Cuántos lograron entrar? Y más aún, ¿cuántos ingresaron legalmente a Estados Unidos, con visa de turismo o estudio, y decidieron no regresar? Es difícil calcularlo a ciencia cierta, pero no son pocos.
Las formas migratorias
Se estima que casi un tercio de los 6,3 millones de habitantes de El Salvador son los “hermanos lejanos”, como llaman aquí a la diáspora que prácticamente mantiene al país a golpe de remesas, y hacen de la migración de este país “la más sofisticada” de la región.
Eso opina la activista Celia Medrano, quien explicó el concepto a Prensa Latina a partir de comparaciones con otros países centroamericanos que comparten cultura y motivaciones para migrar.
“Los salvadoreños tienen mejor articulación de redes de “coyotes” (traficantes de personas) y bases de apoyo, sobre todo familiares y comunitarias en Estados Unidos, así como mayor capacidad de pago en comparación, por ejemplo, con haitianos y hondureños”, explica la experta. Medrano precisa que tales circunstancias permiten a los salvadoreños acceder a vías de migración menos inseguras y más efectivas.
Aun así, aunque basta una cédula de identidad para ingresar a Guatemala de forma legal, se estila cruzar las fronteras por los llamados “puntos ciegos”, en manos del “coyotaje”, con la certeza de que un proyecto de vida digno solo será posible fuera de su país.
De hecho, en reciente diálogo con Russia Today, Medrano consideró “un espejismo” la presunta caída en las cifras de migración, que la administración Bukele achaca a sus políticas públicas de combate a la violencia.
“Que distintos funcionarios se hayan jactado de que la disminución de la migración hacia Estados Unidos sea por el éxito del Plan Control Territorial sólo evidenció la falta de comprensión y entendimiento de las temáticas de movilidad humana por parte de estos funcionarios”, afirmó.
Volver o no a casa
Bukele dijo que una de las aspiraciones de su Gobierno era construir un país en el cual valga la pena vivir, con las condiciones básicas para que nadie sienta la necesidad de irse, de arriesgarse en la búsqueda de algo parecido a la vida que sueña.
Tal perspectiva coincide con la idea de Biden, quien consiguió la aprobación de un presupuesto de 4.000 millones de dólares para programas de desarrollo local en Centroamérica, enfocados a atacar la violencia y la pobreza.
Sin embargo, analistas internacionales cuestionan que el dinero por sí solucione el problema, por la corrupción enquistada en la región y el resentimiento del Estado de Derecho, que hace dudar de la transparencia y eficiencia conque serían usados tales fondos.
Así, la zona entra en una suerte de noria fatal, con miles de personas huyendo de su país y miles más siendo retornadas a las mismas -o peores- circunstancias que las forzaron a irse.
Existen ciertas organizaciones no gubernamentales que atienden a muchos de esos retornados, les buscan empleos, los representan y asesoran, pero la reintegración de estos grupos no es fácil: si quienes se quedaron apenas consiguen trabajo, ¿qué quedará para los que se fueron?
Además, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) alertó sobre el problema de los desplazamientos internos de cientos de miles de personas, víctimas de los desastres naturales, la miseria, la inseguridad, la violencia y la discriminación.
Según Acnur, un 12% de las solicitudes de asilo a nivel mundial fueron hechas por ciudadanos del Triángulo Norte de Centroamérica, donde cerca de nueve millones de personas sufren una creciente inseguridad alimentaria.
Puerta cerrada
Para Medrano, la llegada de Biden dejó atrás el “discurso xenofóbico, racista y antimigrante de Trump”, pero ratificó su mensaje para los centroamericanos que planean irse a Estados Unidos de manera irregular: ni siquiera lo intenten.
Igual, Bukele emplazó a Biden en julio pasado a cumplir su promesa de campaña de darles una solución permanente a los migrantes con TPS, el beneficio creado en 1990 que concede permisos de empleo a migrantes de países afectados por la guerra, la delincuencia o la persecución política.
Washington extendió hasta el 31 de diciembre de 2022 dicho programa para los migrantes de El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Nepal y Sudán, después que los intentos de Trump de revocarlo chocaran con una resolución judicial en el caso Ramos vs. Nielsen.
Para la abogada Helena Olea, de la organización Alianza América, la meta debería ser que las personas tengan la opción de emigrar, y no que se vean forzadas a dejar su país.
Sin embargo, no todos tienen la paciencia -ni la vida- para esperar la utopía. (PL)
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