A pocos días del 6 de noviembre, fecha en que se cumplen 35 años de la promulgación de una ley sobre reforma de la ley migratoria, los aires soplan en contra de los inmigrantes y del actual gobierno norteamericano.
Mientras tanto crece la desesperación de los indocumentados ante la realidad reiterada de que sus problemas se mantienen como rehén de intereses partidistas en Estados Unidos.
Los hechos muestran cómo, tras casi un año en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no ha cumplido aun lo que prometió a sus compatriotas: reformar las leyes migratorias del país, algo que exigen y esperan millones de personas que votaron por los demócratas en 2020.
La situación es que la pretendida reforma que presentó Biden en sus primeros días en el cargo hasta ahora no ha dado, y peor aún, hay acciones como la ordenanza de que los inmigrantes deben permanecer en México en espera de que sus casos sean procesados. La paciencia de los que viven en la sombra y de quienes los apoyan ya llegó a su límite, según un análisis publicado por el diario californiano La Opinión, uno de los medios más versados en el tema.
Las organizaciones defensoras de los inmigrantes tienen razón en sus críticas a la administración Biden por no hacer lo suficiente para ayudar a los indocumentados. La explicación de la Casa Blanca de estar atada de manos por los tribunales en su intento de eliminar la política también tiene su lógica, preciso el diario.
Es complicado el camino para lo que escapan de situaciones, mayormente económicas, que Washington ayudó a fomentar en sus países. Es el conflicto político entre lo prometido, lo posible, lo deseable y lo conveniente.
En medio de todo están millones de inmigrantes que llevan décadas viviendo en las sombras, trabajando y pagando impuestos a escondidas, construyendo una familia y un porvenir en esta tierra, indican sus defensores.
Los demócratas en el Senado perfeccionan la nueva propuesta que protegería a indocumentados de la deportación y les otorgaría Autorización de Empleo hasta por 10 años.
Sin embargo, antes debe ser aprobada por la parlamentaria Elizabeth MacDonough, para ser integrado en el proceso de Reconciliación que ahora permanece estancado en el Congreso.
Los indocumentados podrían ser protegidos de la deportación a través de una figura legislativa conocida como ‘parole’, así como obtener una Autorización de Empleo durante cinco años, la cual podría ser renovable por otro periodo similar.
Todo aquel que llegó a Estados Unidos antes del 1 de enero del 2011 y no tiene un récord de crimen significante podrían aplicar por este proceso.
Tendrían permiso de trabajo y protección de deportación hasta 10 años si es que logra el aval del Congreso.
Este plan, según un estudio del Center for American Progress (CAP), beneficiaría a 7,1 millones de personas, más del 50% de los que permanecen en condición de ilegalidad según cifras conservadoras.
De avanzar esta iniciativa de los demócratas y ser incluida en el proceso de Reconciliación, el paquete económico de 3,5 billones de dólares que refuerza el plan Build Back Better (Reconstruir Mejor) de Biden, los demócratas habrán logrado una parte de lo que aspiran los sin papeles y sus defensores, siempre y cuando avance en el Senado.
Al respecto del tema migratorio, muchos recuerdan advertencias a los demócratas de que las barreras a la inmigración que levantaba el expresidente Donald Trump serían difíciles de derribar y en el mejor de los casos llevaría tiempo.
Esa es la realidad ahora.
La herencia del magnate no es fácil de voltear tanto en lo legal como en el debate público.
No valen las protestas de los afectados, entre ellos una amplia coalición Welcome With Dignity que agrupa a los defensores de los inmigrantes y organizaciones de derechos humanos y civiles estadounidenses.
Por ejemplo, el programa ‘Permanecer en México’ de la época de Trump pese a intentos de la Casa Blanca de anularlo se mantiene por decisión de los tribunales. (PL)
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