Eso es la reforma migratoria en Estados Unidos, un conflicto político entre lo prometido, lo posible, lo deseable y lo conveniente, un reto que enfrentan ahora los demócratas. Mientras tanto, y la población indocumentada casi se ha cudriplicado.
Este 6 de noviembre se cumplen 35 años de la promulgación de la amnistía que legalizó a unos tres millones de personas. Sucedió 1986, siendo presidente Ronald Reagan. Son embargo, posteriores esfuerzos de administraciones demócratas y republicanas no fructificaron.
Ni los ex-presidentes George W. Bush y Barack Obama (Demócrata) alcanzaron ese objetivo cuando tuvieron un fuerte apoyo en el Congreso. No se concretó en una reforma debido, especialmente, a presiones de los sectores más conservadores que insistieron en incluir fuertes -y a veces inhumanas- medidas de seguridad en la frontera sur.
Donald Trump poco hizo en esa dirección. Mas bien inició la construcción de un muro y el impulso de medidas xenófobas contra los que pretendían entrar al país, a quienes lanzó calificativos de terroristas, ladrones y drogadictos, entre otros epítetos.
Ahora, con Joe Biden en el poder, una de sus primeras acciones fue adelantar un plan de reforma migratoria, que entre otras cosas fijaba un camino para otorgar la ciudadanía a millones de personas llegadas al país antes de 2011. Pero, en la práctica, todo se quedó en promesas.
Los grupos pro-inmigrantes presionan para que cumpla su palabra.
Según expertos del tema como Maribel Hasting, asesora de American Voice, las organizaciones defensoras de los inmigrantes tienen razón en sus críticas a la administración Biden por no hacer lo suficiente para ayudar a los indocumentados.
Existen millones de inmigrantes que llevan décadas viviendo en las sombras, trabajando y pagando impuestos a escondidas, construyendo una familia y un porvenir en territorio estadounidense, afirma Hasting. En el camino de los demócratas está todo un entramado creado por el gobierno de Trump, difícil de desmontar y que dificulta avanzar en el tema.
En las últimas semanas, por ejemplo, está la reanudación del programa del expresidente republicano “Permanecer en México”, que coloca a miles de inmigrantes en una situación de desesperación y que es fuertemente criticado por la amplia coalición Welcome With Dignity que agrupa a los defensores de los inmigrantes.
Biden lo quiso anular, pero los tribunales exigieron que continúe. El programa tal como lo implementó Trump fue una farsa para rechazar las solicitudes de asilo, después de obligar a los inmigrantes a permanecer largo tiempo a merced de la violencia a su entorno reinante en México.
La continuación de esta política le permite a la administración defenderse de las críticas republicanas de abrir las fronteras. Por eso, la coalición acusa al gobierno de aprovechar políticamente la situación.
Según analistas, el tema migratorio es espinoso políticamente, pero eso no justifica callar cuando los demócratas no cumplen lo prometido.
La propuesta de conceder únicamente permisos de trabajo y protección de la deportación a entre 7 y 8 millones de indocumentados era la más reciente alternativa que el denominado partido azul intentó incluir en la conciliación presupuestaria del Senado, pero, al parecer, no avanzó.
En efecto, el llamado “Plan C” ampararía de la deportación y concedería permisos de trabajo a quienes ingresaron a Estados Unidos antes del 1 de enero de 2011. Se trataría de un permiso de cinco años renovable por otros cinco años a quienes cumplan con los requisitos.
Lo cierto es que tres décadas y media más tarde, todavía no hay reforma, y la población indocumentada casi se cuadruplicó.
Los dos bandos utilizan a los inmigrantes como balón político sin que se vislumbre una solución favorable a este sector de la población, con un peso sustantivo en la economía estadounidense.
Por ejemplo, algunos datos de organizaciones que siguen el tema indican que los migrantes mexicanos satisfacen la creciente demanda del mercado laboral de Estados Unidos.
El aporte de los migrantes mexicanos al Producto Interno Bruto (PIB) en 2006 alcanzó 485 mil millones de dólares, el 3.7%. Ese grupo representa más del 4,7% de la fuerza laboral estadounidense.
En esa época, aportaron 268 mil millones de dólares a la dinamización del mercado interno mediante el ejercicio de su capacidad de consumo. (PL)
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