La decisión le ha costado al país suramericano una campaña difamatoria y esfuerzos por parte de Estados Unidos para debilitar al movimiento cocalero. No quiere aceptar que el modelo de Bolivia dio resultados insólitos por su transparencia, política soberana e inversión de los propios recursos sin injerencia extranjera.
Jorge Petinaud Martínez
Desde 1994 hasta 2004 la extensión promedio de las plantaciones cocaleras en Bolivia era de 36 mil hectáreas, y en gestiones como las de 1994, 1995 y 1996 se registraron hasta 48 mil.
En contraposición, desde la llegada al poder del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), en 2006 hasta el golpe de Estado de noviembre de 2019, ese promedio bajó a 25 mil 792 hectáreas por año, “gracias a la erradicación concertada”. Así lo explica Evo Morales, expresidente boliviano y líder del MAS-IPSP, quien afirma que esos logros fueron reconocidos por la comunidad internacional y organismos de lucha contra las drogas.
Sin embargo, Morales ha denunciado que Estados Unidos y sus aliados bolivianos impulsan una campaña contra el movimiento cocalero con el objetivo de debilitar al gobierno del MAS-IPSP.
“Tal y como hemos advertido, la conspiración de la DEA contra dirigentes y senadores del Trópico intenta denigrar al movimiento cocalero para debilitarnos políticamente”, escribió en un tuit Morales, quien advirtió que “los golpistas quieren dar golpe a la base social del MAS-IPSP” para desestabilizar la gestión del Gobierno que encabeza el mandatario, Luis Arce.
Evo recordó que durante los gobiernos sometidos a la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) en Bolivia existía más coca excedente. “Sin la DEA estadounidense Bolivia recuperó su dignidad y soberanía”, acotó que “con el gobierno de facto, títere de Estados Unidos, las plantaciones de coca crecieron hasta 29 mil 400 hectáreas”. No hay que olvidar que en gobierno de Morales saco a la DEA de su territorio.
Expulsión de la DEA
El 3 de noviembre de 2008, el gobierno del presidente Evo Morales anunció la expulsión de la DEA del territorio de Bolivia debido a su actividad de espionaje político y al financiamiento de grupos delictivos.
La decisión soberana se tomó porque en ese año la agencia antinarcóticos norteamericana financió las tomas de aeropuertos promovidas por operadores políticos de la oposición bajo la denominación de “cívicos” en los departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, cuando promovían un frustrado golpe de Estado.
En entrevista exclusiva con Prensa Latina-Escaner, el exministro de la Presidencia de Bolivia Juan Ramón Quintana sostuvo que la acción golpista de cuarta generación perpetrada en noviembre de 2019 fue un acto de venganza contra el gobierno que expulsó a la DEA.
“No se puede entender el golpe de 2019 sin la facturación ilegal de la DEA, como un acto de venganza, de escarmiento”.
Según Quintana, la expulsión de esos agentes de Estados Unidos marcó el fin de la impunidad de 30 o 40 años desde que se instaló la DEA en el país altiplánico, donde sus agentes incurrían en violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los cocaleros y otros actores de la vida política boliviana.
“No olvidemos que utilizaban helicópteros UH-1 para ametrallar a este segmento de la población y que empleaban a la Policía Nacional como su fuerza neocolonial para torturar, matar y reprimir a nuestros ciudadanos”, dice.
Y agrega que hasta “la llegada al poder de Evo Morales, la DEA operaba por encima de la justicia jurisdiccional política boliviana, violando de manera flagrante la soberanía nacional, que se recuperó con su expulsión.”
“Esa fuerza extranjera ocupaba una parte del territorio nacional en violación de la Constitución Política del Estado, y sus operaciones públicas o encubiertas echaban por tierra la soberanía del país”, explica.
“A cambio de su presencia Estados Unidos condicionaba los créditos, la ayuda militar y policial. Era como una suerte de virreinato norteamericano que convirtió a Bolivia en una especie de protectorado en función de sus intereses.” “La expulsión de la DEA supuso la recuperación de la soberanía política, de modo que el Estado, a través del poder Ejecutivo rescató la capacidad de tomar decisiones en la lucha contra el narcotráfico”.
Quintana afirma que hasta entonces prevalecían los intereses políticos de Washington y no los del Estado boliviano, que con la expulsión recuperó su capacidad soberana en materia de seguridad.
“Es decir, ocurrió un proceso de descolonización en el campo de la lucha contra el narcotráfico. Con la recuperación de nuestra soberanía se quebró la mentira, el mito, la falacia de la lucha contra el narcotráfico que preconizaba Washington a escala global”, dice.
Tras la retirada de la DEA, Bolivia estableció una política objetiva y real para golpear a toda la cadena de producción de drogas: contra los actores, la logística, los cómplices y los encubridores en una verdadera estrategia de combate sin injerencia ni intervención.
“Todo esto con capacidad de mando político sobre los cuerpos de seguridad y con una concepción que era la antítesis de la norteamericana”, subraya el exministro.
Quintana considera que la nacionalización de una parte de la política de seguridad permitió extender este fenómeno a otros sectores: los recursos naturales, las empresas estratégicas del Estado, el poder político, además de diseñar una estrategia soberana de lucha contra el narcotráfico consecuente con los intereses del país y su soberanía. En su opinión, todo eso produjo un quiebre geopolítico de la influencia de Estados Unidos en la región, pues al salir de Bolivia se quedó sin la capacidad de pautar el control sobre Brasil, Perú, Paraguay o Chile.
Adicionalmente, el exministro subrayó que la salida de la DEA trajo varios beneficios para Bolivia, como la capacidad que logró el país de desarrollar políticas de alianzas estratégicas con países de la región sin la tutela norteamericana.
A los ojos del mundo
En el plano internacional, la imagen de Bolivia ante el mundo cambió, pues hasta ese momento la DEA había criminalizado a la nación andino-amazónica con el calificativo de “narcoestado” para legitimar su intervención.
Washington, sin embargo, desde fuera comenzó una campaña para crear la imagen de que el Estado Plurinacional era productor de narcóticos.
“Pero esa estrategia falaz y tramposa de Estados Unidos fue desmentida por los informes de Naciones Unidas -enfatiza Quintana-, que se involucró a través de su agencia antidrogas, se vinculó a la política de nacionalización de esta problemática y acompañó en el proceso de construcción de los consensos para la erradicación de los cocales.
“En realidad con Evo se dignificó entre 2006 y 2019 la lucha contra el narcotráfico en colaboración con Naciones Unidas y con el financiamiento de la Unión Europea.
“Los resultados fueron sorprendentes: mayores niveles de incautación de los narcóticos durante los operativos militares, racionalización efectiva de las superficies de coca excedentaria, sin el empleo de herbicidas y cero violaciones de los derechos humanos”, concluye Quintana.
Entonces Bolivia se convirtió en un ejemplo para exportar un modelo propio de lucha contra el narcotráfico, que dio resultados insólitos a la luz de su transparencia, política soberana, de la inversión de los propios recursos sin injerencia extranjera. (PL)
(Fotos: Pixabay)
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