Derechos Humanos, Latinoamerica

Minas e indígenas del Perú: Una muerte lenta y silenciosa

El negocio de la minería crece pero la calidad de vida de las comunidades empeora considerablemente. Estas, durante más de 40 años, han denunciado los abusos contra sus derechos humanos y la destrucción de sus territorios. Diariamente enfrentan el consumo de agua contaminada y enfermedades causadas por la presencia de metales tóxicos en su sangre.

 

Virginia Moreno Molina

 

Espinar es una de las trece provincias situadas en la región del Cusco y ha sido uno de los territorios más afectados por la minería en Perú.

Con el paso de los años, se han intensificado los conflictos sociales a causa de la explotación descontrolada y la expropiación de terrenos. De manera paralela, las condiciones de vida de las comunidades han empeorado considerablemente.

Y pese a que se han hecho intentos de diálogo por parte de las comunidades, las respuestas siempre han caído en las promesas vacías hechas por las empresas mineras.

Además, las autoridades peruanas no han sido capaces de regular la situación y de trazar planes de acción para evitar la situación extrema a la que se están enfrentando actualmente los habitantes de Espinar.

Esta falta de responsabilidad hacia la vida de los cusqueños ha originado una serie de conflictos, contaminación, y problemas de salud para los habitantes de la provincia.

Todo ello a causa de metales pesados que provoca muertes por diversas enfermedades.

De hecho, desde 2010 se han realizado diferentes estudios especializados, incluido uno desde el Ministerio de Salud, donde se muestra la presencia de metales tóxicos en la sangre de los habitantes en Espinar.

Así lo confirmó recientemente una investigación realizada por Amnistía Internacional en colaboración con la organización Derechos Humanos Sin Fronteras y el experto en salud ambiental Fernando Serrano, de la Universidad de Saint Louis, Missouri.

El informe llamado  “Estado de salud fallido: Emergencia de salud en Pueblos Indígenas de Espinar, Perú”, expone datos que fueron recogidos entre 2018 y 2020 en 11 comunidades indígenas que se encuentran en el área de influencia del proyecto minero Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco, propiedad de la transnacional anglo-suiza Glencore.

La empresa Glencore ha estado envuelta en escándalos de corrupción. De hecho, el pasado mes de mayo la empresa fue declarada culpable de corrupción en África y en Sudamérica, y de manipulación de los mercados petroleros.

Además, la empresa niega su responsabilidad en esta problemática.

Sin embargo, los resultados de esta investigación donde se contrataron expertos de laboratorios que recogieron muestras de sangre y orina de 150 personas voluntarias de las comunidades, muestra que la contaminación es real y que las personas que viven en Espinar están sufriendo por ello.

Evidencia científica

Los resultados publicados en este informe muestran cómo el 78% (117 personas) presentaron niveles de metales y sustancias tóxicas por encima de los valores de referencia, lo cual representa un riesgo para su salud.

Por otra parte, más de un 58% presentaron niveles elevados de arsénico en su organismo. Dicho mineral puede producir náusea y vómitos, disminución del número de glóbulos rojos y blancos en la sangre y ritmo cardíaco fuera de lo común.

Otros datos también destacables muestran como más del 29% presentaron niveles elevados de manganeso en su organismo, que puede ser tóxico y acumularse en el cerebro, huesos, hígado, riñones y páncreas.

De igual forma, más del 12% presentaron niveles elevados de cadmio en su organismo, que puede producir enfermedad renal, daños de pulmón y fragilidad de los huesos; más del 4% presentaron niveles elevados de plomo en su organismo, que puede afectar a casi todos los órganos y sistemas en el cuerpo.

Los efectos del plomo incluyen anemia y presión alta, daño en los riñones, debilidad en los dedos, las muñecas o los tobillos, y daño cerebral grave cuando el plomo es elevado.

Más del 3% presentaron niveles elevados de mercurio en su organismo, que puede ser tóxico para el sistema nervioso, para el sistema de defensa contra las infecciones, y para el aparato digestivo, la piel y los pulmones, riñones y ojos. El contacto con el mercurio, incluso en pequeñas cantidades, puede causar graves problemas de salud.

Asimismo, se encontró que en 115 muestras de agua utilizadas para consumo humano a las que se les aplicó una prueba de coliformes totales resultaron positivas, lo que significa que el agua no es limpia y segura.

Toda esta información ha sido compartida tanto con las empresas mineras como con las autoridades peruanas. Por ambas partes las respuestas han sido insuficientes y no han llevado a ningún tipo de regulación que resuelva el problema.

Tradición minera

Los conflictos sociales a causa de la minería datan de la década de los 80′, cuando las primeras tensiones entre la población espinarense y la empresa minera ‘Tintaya’ se intensificaron. Todo ello, a raíz del inicio de las operaciones extractivas y la empresa estatal Etaminsa decidió expropiar 2.368 hectáreas a las y los comuneros de Anta Cama.

Desde entonces, la vulneración de derechos humanos ha sido continua. Es por ello que las comunidades de los diferentes distritos organizaron protestas exigiendo la presencia del Estado para que les garantice la calidad de vida. Pero el 21 de mayo de 1990 la situación alcanzó un punto álgido. Durante aquella jornada, los manifestantes tomaron como rehenes a un grupo de trabajadores de la minería.

Después de varios meses se negociación, se hizo una inversión de dinero en la provincia para el desarrollo de proyectos de electrificación rural, producción textil y agropecuaria.

Esmeralda Larota y Karem Luque, acompañadas de Daniel Jiménez de RED-EULAT.

Sin embargo, en 1993 el gobierno de Alberto Fujimori inició el proceso de privatización minera en el cual empresas extranjeras adquirieron los proyectos de explotación.

Desde entonces, el negocio de la minería ha crecido, pero la calidad de vida de las comunidades ha empeorado considerablemente.

La explotación actual

La minería en Perú representa el 10% del PIB (Producto Interior Bruto) y el 60% de las exportaciones del país. En mayo de 2022 las inversiones mineras registraron un 12% de crecimiento según el Ministerio de Energías y Minas del Perú. No obstante, en Espinar no se ha beneficiado del supuesto progreso que supone la actividad minera. Hasta el 2017, de acuerdo a datos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el 46% de personas de Espinar sigue siendo pobre, el 17% vive en pobreza extrema y solo el 37% alcanzó la condición de no pobre.

No sorprende la importancia que se le da a esta fuente de ingresos, hasta el punto de ignorar los derechos básicos de las comunidades que habitan en los territorios explotados. Es por ello que, desde Espinar, dos defensoras de derechos humanos de Cusco, Esmeralda Larota, miembro del Pueblo Indígena K’ana, y Karem Luque, de la ONG local Derechos Humanos sin Fronteras, comenzaron un tour el pasado mes de junio.

Se trata de una campaña internacional llamada “Espinar no puede esperar” por el agua limpia y la protección de los derechos humanos de las comunidades afectadas por la minería en Perú.

La visita a Londres fue organizada por Catholic international development charity (Cafod) y Perú Support Group. Durante el encuentro, Esmeralda y Karem hablaron con The Prisma sobre la situación en Espinar y relataron su experiencia y lucha durante todos estos años. Esta conversación y sus denuncias estarán expuestas en nuestra edición de la próxima semana bajo el título «Espinar: muerte y destrucción de los territorios«.

(Fotos suministradas por la ampaña internacional “Espinar no puede esperar” y autorizadas para su publicación. )

 

 

 

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