Espinar: muerte y destrucción de los territorios

Tal vez la vida de los habitantes de esa región peruana se ponga en riesgo cuando protestan, pero saben que si hoy no dicen nada, las enfermedades que padecen por culpa de la explotación minera harán que mañana mueran silenciados.

Virginia Moreno Molina

Durante 40 años, la comunidad de la provincia de Espinar (una de las trece que conforman el departamento del Cuzco en el Sur del Perú) ha vivido bajo a la presencia de las empresas mineras.

Sus habitantes han sido testigos de la destrucción de sus territorios y de la contaminación de sus ríos que les han causado enfermedades irremediables.

Por ello, desde Espinar, dos defensoras de derechos humanos de Cusco, Esmeralda Larota, miembro del Pueblo Indígena K’ana, y Karem Luque, de la ONG local Derechos Humanos sin Fronteras, comenzaron una gira el pasado mes de junio promoviendo la campaña internacional “Espinar no puede esperar”. La visita de las dos activistas a Londres estuvo organizada por Catholic international development charity (Cafod) y Perú Support Group y hablaron con The Prisma sobre la situación en Espinar.

Esmeralda es integrante de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura K’ana en la provincia de Espinar, y también es parte de la comunidad afectada por la extracción minera.

Ella misma padece problemas de salud producidos por el agua contaminada que ha provocado la aparición de materiales pesados en su sangre.

“Estamos enfermos, cada vez más graves y muchos muriendo”, afirma. Tradicionalmente, las comunidades de la provincia de Espinar consumen el agua de los ríos y es utilizada para los ganados, el cual es el único sustento de su economía y alimentación.

Esmeralda explica que “es muy doloroso para las mujeres tener que alimentar a sus hijos con agua contaminada por falta de alternativas”.

Y pese a los diferentes estudios y análisis realizados, que demuestran los altos niveles de contaminación que hay, la empresa minera Glencore sigue negando el desastre medioambiental que está provocando.

“Nuestros antepasados contaban que antes habían muchos animales y agua limpia, los ganados y las comunidades no morían”, recuerda, y añade que sus “padres no conocían el cáncer que hoy en día es una enfermedad común”. Estas enfermedades no pueden ser tratadas porque las comunidades carecen de recursos económicos para poder acceder a tratamientos.

Larota cuenta cómo al comienzo existía una minería del Estado peruano, pero a lo largo de los años, la privatización se ha ido apoderando de este sector.

“Nuestra Constitución está a favor de las empresas y el actual gobierno tampoco hace nada”, explica.

Sentencia sin acciones

En diciembre de 2020, la Sala Mixta de Canchis confirmó una sentencia de primera instancia ordenando al Ministerio de Salud que, en un plazo de 90 días, se realizara un plan de acción de salud para atender a las comunidades afectadas por la contaminación con metales pesados de Espinar.

Sin embargo, no se ha hecho nada. “Nos han traído médicos generales, pero no a especialistas que atiendan nuestras necesidades que son los metales pesados”, explica.

Casi dos años después aún siguen denunciando la situación y cada protesta es recibida con “represión y violencia por parte de la policía”, dice Esmeralda.

Pero la gente, agrega, no denuncia ni va al hospital por miedo a ser identificados y apresados.

Es claro que no se oponen a la explotación minera. A lo que se oponen es a que se contamine el agua y a que no hagan nada para detener esto y dejen que los pobladores enfermen y mueran. Protestan por eso y porque las aguas contaminadas no solo les afecta la salud sino que también parte de su vida económica pues les resulta difícil vender y consumir los productos de ganadería como el queso y cualquier tipo de carne.

Aún así, Esmeralda cree que es posible una convivencia entre las comunidades indígenas y la explotación minera. De hecho, en los últimos 40 años nunca se han opuesto a ella.

Pero uno de los mayores problemas es la inexistencia de consultas previas entre las comunidades y las empresas sobre la explotación de los territorios.

Es por ello que Larota piensa que debería de crearse una ley en la que los inversores de estas empresas mineras exigiesen que se garanticen los derechos a las personas que viven en los territorios.

Además, cuenta que los trabajadores de Glencore saben bien qué está pasando pues siempre se traen agua embotellada para evitar consumir el agua del río, esa agua contaminada que la que las comunidades deben consumir porque no tienen otra opción.

“Queremos que nos garanticen la vida y que no afecte a nuestra salud o sustento, por eso hemos venido aquí, para pedir apoyo”, dice Esmeralda hablando de su largo viaje hasta Europa para que su voz sea escuchada

Apoyo a la comunidad

Karem Luque forma parte de la organización Derechos Humanos sin ronteras, la cual ha estado acompañando a las comunidades de Espinar desde 2012, cuando la asociación era parte de un organismo de la Iglesia llamada Vicaría de Solidaridad Prelatura.

Ese mismo año, gracias al apoyo con financieras (asociaciones no bancarias que ofrecen préstamos y otros tipos de financiamiento al público en general), se realizó un estudio a cargo de una especialista alemana, con el respaldo del entonces alcalde Óscar Mollohuanca.

“Ahí se demostró que existía esa contaminación y fue cuando comenzamos a apoyar a las comunidades para que se organizaran y visibilizaran”, explica Karem.

Además, desde la organización se han hecho varios intentos de diálogo a lo largo de los años. Desde informes exponiendo los graves problemas a los que se enfrenta la población, hasta protestas sociales, en medio de la pandemia en 2020, por falta de recursos.

“En ese conflicto hubo heridos y parte de esos ataques fueron realizados por la policía pública contratada de manera privada por la empresa minera”, denuncia.

Explica que hay videos de “tanques llegando a Espinar y disparando bombas lacrimógenas”.

Por otro lado han tenido que enfrentar la difamación. Karem cuenta que la empresa estigmatiza a la organización acusándola de dividir a las comunidades, y que los medios de comunicación dicen que Derechos Humanos Sin Fronteras esta negociando directamente con la empresa minera.

Pero lo cierto es que por su carácter de organización puede hacer frente a esas acusaciones y defender a la comunidad.

“Para nosotros es mucho más factible llegar a las autoridades porque nuestra incidencia se basa en que el Estado cumpla con su rol de garante de derechos”, dice.

Actos de represión

Óscar Mollohuanca era la autoridad representante de las comunidades en Espinar y un firme defensor de los derechos humanos y de los territorios. A causa de su lucha contra la minería, fue criminalizado y encarcelado en 2012.

“Su caso ha durado diez años, y solo lo han absuelto porque falleció el pasado marzo”, explica Karem.

Óscar murió sin obtener justicia y “en condiciones que siguen siendo dudosas para la población”.

Es por ello que los líderes activistas temen por sus vidas.

Actualmente, la organización tiene 19 casos en Espinar, y en cada caso hay entre 3 y 5 personas denunciadas. Estas denuncias por parte de las autoridades se basan en vandalismo, robo agravado o disturbios.

Asimismo, Karem explica que “cuando los infiltrados policiales del Estado saben que se está organizando una protesta, declaran el estado de emergencia para bloquear las movilizaciones”.

Esto lo califica como una modalidad anticonstitucional la cual está siendo “respaldada por el presidente Pedro Castillo”.

Cambio de gobierno

El gobierno de Castillo ganó las elecciones el pasado año. Sin embargo, hasta ahora la izquierda no ha representado ningún cambio en la situación en Espinar.

“Ese cambio depende mucho de la voluntad política y personal”, explica Karem. Pero desde que Castillo llegó al poder se ha encontrado con una oposición que no le deja gobernar y que ha creado inestabilidad y corrupción dentro del propio partido.

Esto ha desembocado en “un desorden de gobierno donde las comunidades y las mesas de diálogo siguen estando en segundo plano”, afirma.

Además, las consecuencias de la pandemia han sido devastadoras económicamente para el país, la cual también ha acentuado una crisis alimentaria. Y teniendo en cuenta que el Perú es el principal exportador de minería con el 60% de exportaciones, no es una sorpresa que el primer sector en reactivarse e inyectar dinero sea ese.

Parece que no se está teniendo en cuenta el hecho de que “la minería ha traído casi el 70% de los conflictos sociales del país, según la Defensoría del Pueblo”, explica Luque.

Campaña internacional

Esa preocupación es la que ha impulsado a realizar la campaña internacional “Espinar no puede esperar” para que empresarios, parlamentarios y la sociedad, participen en acciones para cambiar los mecanismos que se utilizan actualmente en la explotación minera en los territorios. Entre ellos la necesidad de invertir en remediar los daños que se han generado, garantizar tecnologías que contaminen menos, y la consulta previa.

Esmeralda no desperdicia el agua de aquí porque, ella misma lo ha dicho, «es agua pura”.

En Espinar sabe que está tomando agua con metales, arsénico, plomo… Esa es la situación en la que viven y la que quieren visibilizar para cambiarla.