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Fruto amargo: explotación laboral en Andalucía

Cada año, miles de mujeres marroquíes se trasladan a Huelva, en Andalucía (España), para la estación de cosecha de frutos rojos. A menudo seleccionadas por ser viudas o divorciadas, las mujeres llegan para encontrar condiciones de explotación que incluyen un salario y un alojamiento deficientes.

 

Ethical Consumer

 

La ciudad de Huelva es una de las más contaminadas de España, y posiblemente de Europa.

La tierra, el aire y el agua están contaminados por radiactividad, productos químicos y residuos biológicos.

Los campos de fresas, arándanos y moras se encuentran cerca de  un complejo químico construido en los años 60.

Bajo los túneles de plástico en forma de arco, las mujeres se agachan o arrodillan para recoger las bayas. En la temporada de recogida de 2019 hubo trabajo temporal en la zona para 100.000 personas

Traídas con los llamados «contratos en origen» para recoger el «oro rojo», las mujeres apuntalan una industria que genera 300 millones de euros al año, creció un 76% entre 2004 y 2016, y sigue creciendo.

Escasez de mano de obra en España

Las explotaciones agrícolas de la región suelen tener escasez de mano de obra: hace unos años, una convocatoria de 20.000 trabajadores adicionales sólo suscitó 970 solicitudes de residentes españoles.

El déficit se compensó con 19.000 mujeres contratadas en Marruecos. 11.500 regresaron tras temporadas anteriores en la zona, y 7.500 fueron contratadas por primera vez.

Estas mujeres llegan a España con lo que se llama «contrato en origen» para los dos o tres meses de la cosecha. Se les promete el salario legal, cobertura de la seguridad social, tratamiento médico y alojamiento gratuito a cambio de su trabajo, pero a menudo estas condiciones no se cumplen.

Supervisadas por las autoridades españolas

Hace varios años, surgieron imágenes de mujeres haciendo cola en las plazas públicas, para ser examinadas como esclavas por su tamaño, edad y manos durante las campañas de contratación. Ahora, la agencia pública de empleo marroquí ANAPEC se encarga del proceso de selección inicial.

El Ministerio del Interior establece el número total de contratos necesarios y a cada región de Marruecos se le asigna un cupo. La ANAPEC supervisa la selección inicial, preseleccionando a las mujeres de entre 21 y 45 años, con hijos.

Los sindicatos creen que a menudo se seleccionan mujeres solteras con hijos, ya que se considera que están más necesitadas de dinero y, por tanto, son más fáciles de explotar. También se da prioridad a las que han trabajado antes en España.

La cruda realidad

La realidad de muchas de estas mujeres en Huelva es terrible.

Muchas de ellas no cobran el salario mínimo, la seguridad social, y a menudo se les descuenta (ilegalmente) el alquiler y el agua y la electricidad de su escaso salario. Pueden ser penalizadas si la fruta está magullada, se les cae o si la recogen cuando está demasiado o poco madura.

Las mujeres suelen soportar esta situación  porque dicen que las condiciones son similares en Marruecos, donde ganan hasta un tercio menos por el mismo trabajo.

Sin embargo, algunas mujeres han luchado. En 2018, la historia de los abusos de los derechos de los trabajadores en las explotaciones frutícolas de Andalucía llegó a la prensa alemana. Cien trabajadoras marroquíes, apoyadas por el sindicato SOC SAT, habían denunciado sus condiciones a la policía.

Pero la respuesta del sector no se hizo esperar: sus jefes trajeron buses, y en mitad de la noche subieron en ellos a las mujeres para enviarlas de regreso a Marruecos.

Lo que siguió fue como el guión de una película: diez mujeres escaparon y fueron sacadas de la zona y escondidas. Se quedaron en Andalucía y denunciaron el trato recibido. A pesar de la polémica, poco ha cambiado.

La historia de Fátima

Fátima es una mujer alta y tranquila de Nador, Marruecos. Lleva 12 años viviendo en España, trabajando en los invernaderos de Almería y traduciendo para los trabajadores de Huelva.

Cuenta que los trabajadores «tienen que recoger un número determinado de cajas de fruta y si no llegan a esa cifra pueden ser despedidos». Dice que el trabajo a destajo es ilegal en España.

Habla de la discriminación rampante entre las trabajadoras marroquíes y las europeas. «Mandan a las marroquíes a trabajar en el campo, dejando a las españolas y rumanas en el trabajo de interior» que se percibe como un trabajo más fácil. «Hay mucha desigualdad entre las diferentes trabajadoras… y el hecho de que las mujeres marroquíes a menudo no sepan hablar el idioma hace que estén en el último lugar».

Menciona casos en los que no había suficiente trabajo para las mujeres. Dice que las dejaban recogiendo sólo tres horas al día; sin embargo, el alquiler, la electricidad y la «seguridad social» se deducían de sus escasos ingresos. Las dos primeras deducciones son ilegales según la legislación española y los pagos de la seguridad social parecían ser ficticios: las mujeres no recibían ningún documento oficial que demostrara que se había pagado.

*Este artículo se publicó por primera vez en el sitio web de Ethical Consumer. The Prisma colabora con Ethical Consumer en la traducción de una serie de artículos centrados en los derechos de los trabajadores del sector agrícola del sur de España.

(Tradicido pro The Prisma – The Multicultural Newspaper) – Fotos: Pixabay

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