Por abuso de poder político, uso indebido de los medios de comunicación y violación del principio de isonomía, el ultraderechista Jair Bolsonaro podría ser alejado de la vida política e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante ocho años.
Osvaldo Cardosa
El Partido Democrático Trabalhista (PDT) acusa al expresidente Jair Bolsonaro de abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación en una reunión con embajadores en el Palacio de Alvorada (residencia oficial), el 18 de julio de 2022.
En la llamada Acción de Investigación Judicial Electoral (AIJE), el PDT pide que el Tribunal Superior Electoral (TSE declare no elegibles a Bolsonaro y al general Walter Braga Netto, quien fue candidato a vice en su fórmula para el sufragio de octubre. Según la organización política, el encuentro del entonces mandatario con los diplomáticos fue transmitido en vivo por TV Brasil y las redes sociales de YouTube, Instagram y Facebook, que mantuvieron el contenido en internet para su posterior visualización.
Denuncia que, durante la tertulia, Bolsonaro afirmó, sin presentar ninguna prueba y valiéndose de argumentos falsos, distorsionados y rechazados por el TSE, que el sistema electrónico de votación, utilizado con éxito en el gigante sudamericano desde 1996, podría ser amañado y no sería auditable.
Para el partido, el excapitán del Ejército atacó en el evento a ministros del TSE y del Supremo Tribunal Federal (STF) y afirmó, nuevamente sin presentar ninguna prueba, que los resultados de las elecciones generales de 2022, proclamados por la Justicia Electoral, no serían confiables.
Además, el PDT considera que hubo violación del principio de isonomía entre las posibles candidaturas presidenciales.
Lo anterior, argumenta, configuró abuso de poder político el hecho de que la reunión ocurriera en la residencia oficial de la Presidencia de la República y fuera organizada por medio del aparato oficial del Palacio del Planalto (sede del Poder Ejecutivo) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El 30 de agosto el TSE refrendó, de manera unánime, la medida cautelar concedida por el entonces corregidor general electoral, Mauro Campbell Marques, quien determinó, a pedido del PDT, la exclusión de las redes sociales y de las plataformas digitales del contenido que afloró de la reunión del otrora jefe de Estado con los embajadores.
Ante tales sucesos, Braga Netto también responde a la AIJE y el abogado del partido, Waber Braga, consideró en la primera sesión del 22 de junio que cada hecho «por sí solo representa un gravamen ineludible para la democracia».
De acuerdo con Braga, la cita de Bolsonaro con embajadores tenía «clara desviación de propósito para desmoralizar instituciones y de forma internacional».
Remarcó que hubo «intento nítido de golpe militar, de golpe de Estado», al invocar la gravedad de la conducta del político ultraderechista.
En esa misma arista, el Ministerio Público Electoral defendió nuevamente la condena de Bolsonaro y citó los ataques golpistas (antidemocráticos) del 8 de enero en Brasilia, como resultado de la desconfianza del sistema electoral creada en parte de la sociedad por las embestidas del exparacaidista.
Entendidos aseguran que, antes de acudir al Supremo, el staff jurídico del exmilitar debería agotar todas las posibilidades de recurso en la Justicia Electoral y, en caso de condena, esta podría ser impugnada por los llamados embargos, herramientas que no pueden modificar el fallo pero podrían esclarecer elementos de la sentencia. Por ahora se sabe que un 47% de brasileños apoya la condena contra el expresidente, según la investigación del instituto Quaest y la plataforma Genial, la cual indica además que un 43% de los interrogados son contrarios a la sanción y el otro 10% no pudo responder. PL
(Fotos: Pixabay)
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