El asesinato de Juan López no es el primero que se produce en el caso Guapinol, pues Honduras es el país más peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente. Desde 2010, más de 160 miembros de la comunidad de Tocoa han sido asesinados por proteger sus tierras y recursos naturales. Cafod pide justicia.
Claudia Navarro / Cafod*
Las comunidades de Guapinol, San Pedro y otras zonas próximas a Tocoa llevan más de una década denunciando la concesión ilegal de minas en el «Parque Nacional Carlos Escaleras» de Honduras.
Sus esfuerzos de incidencia dieron fruto en febrero, cuando el gobierno hondureño aprobó el Decreto 18-2024 para proteger la zona núcleo del parque nacional, un logro clave para salvaguardar el medio ambiente frente a proyectos mineros y energéticos en la zona. Pero estas luchas tienen su precio pues más de 160 miembros de la comunidad de Tocoa han sido asesinados por proteger sus tierras y recursos naturales desde 2010 (Amnistía, 2024). En 2023, tres líderes comunitarios fueron asesinados en lo que la comunidad consideró una represalia, tras la liberación de defensores que habían sido criminalizados.
Posteriormente, en octubre de 2023, 30 miembros del Comité Municipal para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y del Bufete Justicia para los Pueblos, recibieron medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Uno de los últimos asesinatos fue el de Juan López, ambientalista, líder comunitario y Concejal Municipal de Tocoa, al norte de Honduras: el 14 de septiembre fue asesinado a tiros por varios hombres cuando se dirigía a su casa en su coche desde la iglesia.
Juan López había denunciado la corrupción existente en los gobiernos locales y central de Honduras durante una conferencia de prensa pública justo antes de ser asesinado.
Tras conocerse la noticia del asesinato, Paz Redondo, representante de Cafod para Centroamérica, declaró: «El asesinato de Juan López muestra claramente una vez más la complicidad entre las autoridades, las empresas internacionales y el crimen organizado en Tocoa, y la incapacidad del gobierno para proteger a los defensores del medio ambiente y los derechos humanos en el caso emblemático del río Guapinol – a pesar de que las medidas cautelares habían sido ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH.»
«La justicia – señaló Redondo – tiene que ser algo más que palabras para el Estado de Honduras, un Estado que demuestra una vez más su fragilidad e incapacidad para combatir la corrupción dentro de sus filas, ya que sigue sirviendo a los intereses de las empresas extractivas y del crimen organizado.»
La Iglesia católica y las organizaciones de la sociedad civil de Honduras han condenado el asesinato de Juan López y piden justicia y verdad en este caso, así como la protección de los defensores del medio ambiente en Tocoa.
El padre Melo, que trabaja con la Fundación Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación y Radio Progreso – ERIC, ha declarado: «Aquí no hay héroes ni heroínas. Somos un grupo de personas humildes que no queremos dejarnos vencer por los delincuentes. No vamos a dejar que el miedo nos venza. Porque el objetivo de los criminales [que cometieron este crimen] es paralizarnos».
Cafod, junto con ERIC, ha acompañado a la comunidad de Guapinol en su lucha por proteger la tierra y los recursos naturales esenciales para su supervivencia, y seguiremos apoyándoles en la defensa de sus derechos medioambientales.
Juan López fue asesinado a pesar de las medidas cautelares que ordenó la CIDH el pasado mes de octubre. La comunidad de Tocoa cree que su muerte podría haberse evitado si las autoridades hondureñas hubieran aplicado las medidas cautelares que le habían concedido.
El embajador del Reino Unido, Nick Whittingham, hizo un llamamiento a las autoridades para que lleven a cabo con urgencia las investigaciones necesarias y se haga justicia, reforzando el importante papel de las autoridades hondureñas en la protección de los defensores del medio ambiente en el desempeño de su labor.
Por su parte, Cafod ha instado a las autoridades hondureñas a tomar las medidas necesarias para avanzar en una investigación rápida e independiente que permita responsabilizar a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Juan López; así como a los responsables de todos los ataques, hostigamientos, seguimientos y amenazas contra defensores de derechos humanos en el caso Guapinol. Cafod ha pedido, igualmente, implementar las medidas cautelares ordenadas por la CIDH para los otros 30 defensores de derechos humanos en Tocoa cuyas vidas siguen en riesgo.
*Claudia Navarro: Oficial de Comunicaciones, equipo de América Latina y el Caribe – Cafod.
(Traducido por Monica del Pilar Uribe Marin) – Fotos: Pixabay
.jpg)
