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Votarán ley histórica para acabar matrimonio infantil

Los legisladores colombianos están a punto de emitir su voto final sobre una ley histórica que pretende acabar con el matrimonio infantil. Conocido como “Son niñas, No esposas”, el proyecto de ley PL 155/2023C pretende elevar la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años sin excepciones.

 

Sandra Ramirez*

 

Aunque la edad mínima para contraer matrimonio en Colombia es de 18 años, las niñas de 14 años o más pueden casarse con el consentimiento de sus padres, un vacío legal que las expone al matrimonio precoz.

También es habitual que las menores de 18 años contraigan uniones informales, a menudo cohabitando con hombres mayores. La Ley 54 de 1990 establece que después de que dos personas cohabiten durante dos años continuos, se presume que forman una comunidad de vida permanente y singular (unión marital de hecho), y esto incluye a los menores que entraron en una unión antes de la mayoría de edad.

Colombia ocupa el puesto 20 a nivel mundial en cuanto a niñas que se casan o forman parte de una unión informal antes de cumplir los 15 años, y las investigaciones demuestran sistemáticamente que estas prácticas nocivas se asocian a mayores tasas de embarazo precoz, mortalidad materna, deserción escolar y mayor vulnerabilidad a la violencia de pareja. El análisis realizado por Equality Now sobre las normas legales colombianas ha identificado una falta de salvaguardias adecuadas para evitar que los padres obliguen o coaccionen a los niños a contraer matrimonio. El informe político, Acabar con los matrimonios y uniones infantiles, precoces y forzados en Colombia, reclama reformas legislativas esenciales y acoge con satisfacción las propuestas de nuevas normas jurídicas.

Además de la prohibición total del matrimonio infantil, el proyecto de ley pretende introducir políticas que aborden las causas profundas del matrimonio y las uniones infantiles, precoces y forzadas. Las disposiciones incluyen un programa de educación para difundir información sobre las causas y consecuencias, el establecimiento de un Programa Nacional de Proyectos de Atención Integral para la Vida para niños y adolescentes, e informes anuales del Ministerio de Igualdad y Equidad al Congreso que evalúen la aplicación y los logros de la ley.

Impacto desproporcionado en las niñas

El matrimonio infantil en Colombia afecta de manera desproporcionada a las niñas, muchas de las cuales se casan frecuentemente con hombres dos o tres veces mayores que ellas.

Según UNICEF Colombia, el 73% de las niñas de 10 a 14 años unidas declararon estarlo con hombres mayores de 20 años, mientras que el 42,4% de las niñas de 15 a 19 años lo están con hombres de 25 años o más. Estas cifras ponen de manifiesto una grave disparidad de edad y un desequilibrio de poder que expone a las niñas a mayores riesgos de explotación, violencia y oportunidades limitadas en la vida. Las niñas más jóvenes y las adolescentes en matrimonios y uniones precoces tienen más probabilidades de abandonar la escuela debido al embarazo y para realizar trabajos domésticos y de cuidados no remunerados.

Esto, a su vez, reduce su capacidad de alcanzar la independencia económica y mantiene a muchas atrapadas en un ciclo de pobreza, opresión y abuso.

El acceso limitado a la educación y a las oportunidades de empleo restringe las opciones de las niñas, mientras que las normas tradicionales y los valores patriarcales refuerzan los roles de género discriminatorios que ven a las niñas principalmente como futuras esposas y madres.

Las niñas de familias rurales, indígenas y pobres experimentan tasas aún más altas de matrimonio infantil y uniones informales debido a una compleja interacción de factores sociales, económicos y culturales. La pobreza es un factor clave, ya que las familias empobrecidas pueden ver en el matrimonio una forma de aliviar las presiones económicas o de mantener a sus hijas, mientras que en las regiones afectadas por conflictos, el matrimonio precoz se considera a veces una estrategia para proteger a las niñas de la violencia o la inestabilidad.

La ley debe reformarse

Sólo 11 de los 32 países de América Latina y el Caribe han prohibido el matrimonio de menores de 18 años sin excepciones. Sin embargo, en los últimos años, naciones como Honduras, Puerto Rico, México y República Dominicana han puesto en marcha reformas para establecer una edad mínima para contraer matrimonio de 18 años, prohibiendo toda excepción.

Colombia ha ratificado tratados internacionales y regionales de derechos humanos como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Éstas, entre otras, exigen que la edad mínima para contraer matrimonio se fije en 18 años sin excepciones. Al no hacerlo, Colombia incumple sus obligaciones jurídicas internacionales.

Si el proyecto de ley se convierte en ley, Colombia será el último país de la región en tomar medidas decisivas contra el matrimonio infantil. Este hito legislativo supondría un importante paso adelante en la lucha contra la desigualdad de género, pero para lograr un cambio significativo es crucial una aplicación sólida en diferentes sectores, respaldada por una voluntad política y una inversión sostenidas.

Equality Now recomienda que el Estado establezca registros administrativos y mecanismos de recopilación de datos exhaustivos y sistemáticos para facilitar el seguimiento, la aplicación y la respuesta eficaces a los casos de matrimonio y uniones infantiles y forzados.

Una mejor recopilación de datos apoyará las intervenciones específicas, la asignación de recursos y el desarrollo de políticas informadas para proporcionar una mejor protección y apoyo.

La votación final del proyecto de ley PL 155/2023C, cuya fecha aún no se ha anunciado, es una oportunidad histórica para que Colombia afirme su compromiso con la protección de los derechos de sus niños y el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Los legisladores deben aprovechar esta oportunidad para hacer lo correcto aprobando el proyecto de ley y demostrando el liderazgo regional para acabar con el matrimonio y las uniones infantiles.

*Sandra Ramirez, Asesora Legal y de Incidencia Política para América Latina y el Caribe de Equality Now.

(Traducido por Camila Márquez) – Fotos: Pixabay

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