En El Salvador las mujeres están impedidas para decidir sobre su cuerpo, e incluso si se interrumpe el embarazo, aún de forma natural y no provocada, se ven sometidas a persecución, y en muchas ocasiones son condenadas a prisión.
Luis Beatón
Según los datos del Censo 2024, las mujeres representan el 52,8% del total de 6’029.976 habitantes. Sin embargo, su voz para decidir no ha sido escuchada. Esto es porque El Código Penal salvadoreño establece, en el artículo 133, que el aborto es penalizado con cárcel de dos a 8 años, y hasta 12 años si es agravado.
La ley dedica todo un capítulo a su penalización. Cabe recordar un ejemplo sobre cómo se aborda el problema. En septiembre una joven de 19 años que fue detenida y encarcelada tras enfrentar una emergencia obstétrica dentro del hospital al que acudió en busca de atención médica. En lugar de recibir ayuda fue denunciada, esposada a la camilla y trasladada directamente del hospital a la cárcel.
La Asamblea Feminista, la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto y la Colectiva Feminista denunciaron el caso que, según ellas, pone de manifiesto la situación de “criminalización” que enfrentan las mujeres en el país.
El caso de la joven recuerda a otros similares, como el de Evelyn en 2019 o el de Lilian, la última de las 73 mujeres liberadas tras ser encarceladas por emergencias obstétricas.
Las activistas acentúan que estos ejemplos evidencian un patrón de criminalización que afecta a mujeres de escasos recursos. Recuerdan el caso de Manuela, una joven de la zona rural de Morazán, quien sufrió una emergencia obstétrica y un parto extrahospitalario en 2008, por lo que fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado.
Mientras estaba en prisión fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular, le recetaron quimioterapia y sus representantes dijeron que hubo un tiempo en que le fue negada. Murió el 30 de abril de 2010, en el pabellón de reos del hospital Rosales, de San Salvador, según las fuentes. En opinión de las defensoras de las mujeres afectadas por esos procesos, las que enfrentan emergencias relacionadas con el embarazo no deberían ser criminalizadas.
Una activista ha dicho que reiteran su denuncia de que “el Estado salvadoreño incumple y vulnera tratados internacionales, no está ofreciendo alternativas a las mujeres que enfrentan complicaciones obstétricas, que presentan partos extrahospitalarios”.
La única alternativa que están presentando estas mujeres es encontrarse con la muerte o la cárcel, sostuvo Alejandra Burgos, de la Red de Defensoras de Derechos Humanos. Mientras, Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, enfatizó que no se debe aplicar el régimen de excepción a las emergencias obstétricas.
“Una emergencia obstétrica es un problema de salud de las mujeres y de las personas gestantes, debe abordarse con servicios de atención y cuidados de salud y no como un problema de seguridad”, subrayó.
“Cuando el Estado salvadoreño trata las emergencias obstétricas con las herramientas del Régimen de Excepción comete una doble discriminación y violación de derechos: porque criminaliza a mujeres pobres y porque las trata como delincuentes que amenazan la seguridad de la sociedad y esto no es así”, puntualizó.
En el país está prohibido el aborto sin excepciones desde 1998 y la ley lo castiga con entre dos y ocho años de cárcel, aunque a menudo es tipificado como “homicidio agravado”, lo que conlleva a penas de 30 a 50 años de prisión. Al respecto de estas legislaciones y políticas, en un país marcadamente religioso, activistas como Ivonne Polanco, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, manifiestan su preocupación por “los graves impactos que continúa teniendo esta legislación contra la interrupción del embarazo en la vida y salud de las mujeres”.
Es una realidad que hay criminalización de las mujeres que enfrentan emergencias obstétricas y son denunciadas por aborto, en especial las pobres y de escasos recursos.PL
(Fotos: Pixabay)
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