Un atentado reciente en Brasil, refleja el peligro latente de movimientos extremistas y su capacidad para amenazar la estabilidad democrática, lo cual obliga a imponer acciones firmes de combate contra la radicalización y proteger las instituciones de Brasil.
Osvaldo Cardosa
Identificado como Francisco Wanderley Luiz, un agresor relacionado con la extrema derecha, perpetró en la noche del 13 de noviembre un atentado frente al Supremo Tribunal Federal (STF). Wanderley Luiz quiso entrar al STF y, al no lograrlo, lanzó artefactos explosivos de fabricación casera frente a la sede de la corte superior.
Más tarde, el hombre de 59 años, murió tras activar un artilugio adherido a su cuerpo, cuando fue reprendido por un vigilante. Era excandidato a concejal del Partido Liberal, organización política que encabeza el expresidente Jair Bolsonaro.
Había nacido en el estado de Santa Catarina, estaba desde hace meses en Brasilia, donde alquiló una casa en Ceilândia, región administrativa del Distrito Federal.
Las dos detonaciones en la simbólica plaza de Brasilia activaron la alarma nacional y los cuestionamientos sobre la seguridad ante eventos internacionales claves. Según analistas, el atentado guarda una relación directa con los actos golpistas del 8 de enero de 2023 por su trasfondo ideológico y los objetivos de atacar instituciones democráticas claves de Brasil.
Ambos episodios ocurrieron en momentos críticos para el país.
Los disturbios de enero sucedieron poco después de la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mientras que el atentado de noviembre tuvo lugar días antes de la Cumbre de Líderes del G20 en Río de Janeiro (18 y 19 de noviembre), un evento de relevancia internacional.
En la revuelta del 8 de enero como en la reciente arremetida, los atacantes dirigieron sus acciones contra entidades fundamentales del Gobierno: el STF, el Congreso Nacional y el Palacio del Planalto en 2023, y ahora nuevamente contra el Supremo.
Ambos sucesos buscaron erosionar la confianza en las instituciones democráticas. Las investigaciones sobre los dos hechos destacan la influencia de sectores radicales vinculados a la extrema derecha y adeptos de Bolsonaro. El discurso antidemocrático promovido por estos grupos, que incluye desinformación y llamados a la intervención militar, fue señalado como un factor clave en la motivación de los atacantes. Alexandre de Moraes, ministro del STF, vinculó el atentado de noviembre con un proceso de radicalización que comenzó mucho antes, señalando que la falta de sanciones adecuadas tras los actos de enero de 2023 pudo incentivar nuevos embates.
Según De Moraes, la impunidad fomenta más agresividad contra las instituciones y estimó que un hombre bomba no es un hecho aislado.
Manifestó que el país necesita pacificación, pero que será posible solo con el castigo de los golpistas. Evaluó, además, que la reciente ofensiva con bombas puede ser el atentado más grave contra el Supremo.
Citó la llamada oficina del odio como iniciador de discursos contra las instituciones, el Supremo, la autonomía del Poder Judicial, los ministros y sus familias.
Alertó que este proceso se encumbró sobre el falso manto de una criminal utilización de la libertad de expresión. “En ningún lugar del mundo eso es libertad de expresión. Eso es un crimen”, apuntó.
Para De Moraes, el resultado del intento de descrédito de las instituciones fue el 8 de enero de 2023. Pesquisas iniciales indican que Wanderley Luiz habría actuado después de una “planificación a largo plazo”, según el director general de la PF, Andrei Rodrigues. La fuerza del orden público también encontró que las bombas utilizadas eran de fabricación artesanal, pero con “alto grado de lesión”, un indicativo de su peligrosidad. Entre los artefactos, había un extintor lleno de gasolina que simulaba un lanzallamas.
En el maletero del automóvil de Wanderley Luiz se encontraron fuegos artificiales montados sobre ladrillos, configurados para dirigir la explosión. PL
(Fotos: Pixabay)
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