Pese a los testimonios de militares involucrados, del relato de los familiares de desaparecidos y asesinados y de las investigaciones de la justicia sobre las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, hay quienes todavía cuestiona la veracidad de tales hechos.
German Ayala Osorio*
También hay quienes va más allá de negar los sucesos e incluso profanan los homenajes dedicados a los fallecidos conocidos aquí como “falsos positivos”, y que con su actitud ofenden a los dolientes, sobre todo a las madres.
Uno de estos comportamientos fue asumido por el representante a la Cámara Miguel Polo, quien realizó un video donde aseguraba que pondría en una bolsa de basura las botas colocadas en la plaza Rafael Núñez del Congreso.
Las madres de las victimas las habían sido colocadas como un símbolo, a modo de recordación por parientes de algunos de los falsamente dados como guerrilleros abatidos en combate.
En la nación sudamericana se ha documentado que los responsables de estas muertes les ponían a sus víctimas botas pantaneras (wore bog boots), como las que usaba la insurgencia, para simular que eran asesinatos en combate legítimos, de ahí el simbolismo de exponer el calzado como un acto que busca la reparación y la no repetición. Tras la actuación y las palabras de Polo, el órgano de justicia transicional en el país, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pidió respeto por los familiares de las víctimas: “La JEP rechaza los actos de odio contra las expresiones simbólicas y artísticas de las Madres de Soacha instaladas en la plaza Rafael Núñez del Capitolio Nacional. La JEP resalta la dignidad de estas madres que luchan por la verdad y la justicia para sus hijos desaparecidos, asesinados y presentados falsamente como bajas en combate”.
Pero negar esta atrocidad no es algo exclusivo del congresista Polo Polo. Un suceso posterior dejó en claro que la actitud negacionista prevalece en más de uno en Colombia.
Ante determinadas manifestaciones de miembros del partido Centro Democrático (CD), fundado por el expresidente Álvaro Uribe, la JEP divulgó una misiva en la que pide al director de esa agrupación política, Gabriel Vallejo, impartir directrices en su colectividad para evitar señalamientos que impliquen una revictimización de los dolientes.
En su carta, el tribunal señaló que sus afirmaciones sobre los mentados sucesos no son opiniones, como han querido hacer ver algunos miembros del CD, sino aseveraciones.
La misiva de ese órgano documentó también parte de los testimonios dados por integrantes de las filas castrenses en los que revelan cómo se les presionaba para que hubiera muertos.
Se sabe que algunos comandantes del Ejército, regulaban los requisitos para otorgar la medalla de servicios distinguidos. Para ellos establecían que tenía que darse un número de especifico ´’bajas’ (asesinato) o de capturas. La “baja en combate” valía tres veces más que una captura. Entonces lo que se hacía era capturar campesinos inocentes y los mataban diciendo que eran guerrilleros.
Hasta la fecha, la JEP estima en 6.402 las víctimas de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el país entre 2002 y 2008, de las cuales se revelaron 1,934 identidades la pasada semana.
*German Ayala Osorio: Escritor, periodista, con Ph D en Regiones Sostenibles, Politólogo y ccatedrático colombiano, autor del blog La Otra Tribuna.
(Fotos: Pixabay)
.jpg)
