Un nuevo informe mundial que analiza la discriminación sexual en las leyes revela que, aunque en los últimos cinco años se han logrado algunos avances encomiables en el fortalecimiento de la protección jurídica de las mujeres y las niñas, los progresos siguen siendo lentos, desiguales y cada vez más amenazados por una creciente reacción violenta contra los derechos de las mujeres.
Tara Carey
Las investigaciones de Equality Now identifican cómo las mujeres y las niñas siguen sufriendo una discriminación sistémica e interrelacionada en las leyes, las políticas y las prácticas culturales, lo que las expone a múltiples formas de daño, a veces con escasa o nula protección jurídica.
Resulta alarmante que, en algunos lugares, los derechos jurídicos de las mujeres se hayan deteriorado significativamente, con protecciones que costó mucho conseguir debilitadas o anuladas por cambios legislativos regresivos, sentencias judiciales y retirada de financiación.
La Plataforma de Pekín
La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing («Plataforma de Beijing») es un marco mundial innovador para promover los derechos de la mujer. Adoptada en 1995 por 189 países en la Cuarta Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer, establece compromisos para lograr la igualdad de género en todos los aspectos de la vida. De manera crucial, los países se comprometieron a «revocar cualquier ley restante que discrimine por razón de sexo».
El informe de Equality Now’s, “Words & deeds: Hacer que los gobiernos rindan cuentas en el proceso de revisión de Beijing+30” (6ª edición), constata que, tres décadas después, las mujeres y las niñas siguen sufriendo discriminación ante la ley, sin que ningún país alcance la plena igualdad jurídica.
Las leyes y prácticas que limitan los derechos de las mujeres y las niñas están obstaculizando el progreso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 sobre igualdad de género, lo que aleja al mundo de la consecución de estos objetivos fundamentales.
Antonia Kirkland, coautora del informe, explica: «Las mujeres y las niñas merecen la plena protección de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en virtud de la Plataforma de Pekín y otros compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Esto exige derogar toda la legislación discriminatoria por razón de sexo, consagrar la igualdad de género en las constituciones e introducir y aplicar leyes que protejan plenamente los derechos de las mujeres y las niñas en toda su diversidad».
Retroceso en los derechos legales de las mujeres
Algunos gobiernos están permitiendo leyes y prácticas religiosas y consuetudinarias discriminatorias por motivos de sexo y género, mientras que las justificaciones religiosas, culturales y nacionalistas se aprovechan cada vez más para socavar y revocar los derechos de las mujeres.
Por ejemplo, en Afganistán, las restricciones draconianas han prohibido de forma generalizada que las mujeres y las niñas participen en la vida pública, la educación, el trabajo y el ocio. La situación también es grave en Irán, donde las mujeres han sufrido continuas medidas represivas, y quienes se oponen a las leyes discriminatorias por razón de sexo han sido objeto de arrestos, detenciones, torturas y muerte.
Los legisladores de Bolivia y Uruguay están estudiando proyectos de ley regresivos para debilitar la protección de las sobrevivientes de violencia sexual. En Gambia, un proyecto de ley para derogar la ley que prohíbe la mutilación genital femenina amenazaba con echar por tierra años de progreso. Afortunadamente, la fuerte oposición logró impedir su aprobación.
En Rusia, la «promoción» de las relaciones LGBTQ+ se prohibió en 2022, y a finales de 2024, bajo la rúbrica de «antipropaganda», se adoptó legislación para prohibir la promoción de un «estilo de vida sin niños». Kirguistán y Georgia han aprobado leyes similares que restringen los derechos de las personas LGBTQ+. En Argentina se han producido graves recortes presupuestarios en las políticas para abordar la violencia de género, y se ha suprimido el Ministerio de la Mujer, lo que dificulta considerablemente la capacidad del Estado para salvaguardar a las mujeres.
En los últimos 30 años, más de 60 países han liberalizado sus leyes sobre el aborto. Sin embargo, los derechos sexuales y reproductivos se enfrentan a continuos ataques. Algunos ejemplos son Polonia, donde en 2021 se eliminó uno de los pocos motivos permitidos para acceder al aborto: «defecto» del feto o enfermedad incurable.
En Estados Unidos, el Tribunal Supremo dictaminó en 2022 que la Constitución estadounidense no contempla el derecho al aborto. En enero de 2025, el aborto estaba penalizado en 14 estados, y se está intentando prohibir los viajes a otros estados para acceder a servicios de aborto.
La República Dominicana es uno de los cinco países de América Latina y el Caribe que han impuesto una prohibición total del aborto. Su Senado está a punto de aprobar un proyecto de ley que mantiene esta prohibición y rebaja las penas por violencia sexual conyugal, calificándola de «actividad sexual no consentida» en lugar de violación.
Leyes explícitamente discriminatorias
Países como Sudán y Yemen conceden a los miembros masculinos de la familia una amplia autoridad sobre las parientes femeninas y exigen legalmente que las esposas sean obedientes. En Arabia Saudí, las mujeres deben obedecer a sus maridos de «manera razonable», y los maridos tienen «derecho marital a mantener relaciones sexuales». Si una esposa se niega a mantener relaciones sexuales o a viajar con su marido sin una «excusa legítima», esta «desobediencia» puede hacer que pierda su derecho a la manutención económica conyugal.
Los maridos pueden divorciarse unilateralmente de las esposas sin condiciones, pero las esposas deben solicitar al tribunal un divorcio basado en la culpa y demostrar ésta con arreglo a unos criterios estrictos. Según el Banco Mundial, Arabia Saudí es sólo uno de los 45 países con normas de divorcio diferentes para hombres y mujeres.
La violación conyugal también está permitida en Bahamas e India, mientras que en Kuwait y Libia un violador puede eludir el castigo casándose con su víctima.
Varios países tienen leyes que restringen el acceso de las esposas a cuentas bancarias, préstamos e incluso la posibilidad de beneficiarse de su propio trabajo en empresas familiares.
En Camerún, por ejemplo, el marido controla la administración de todos los bienes personales de su mujer y puede vender, enajenar e hipotecar los bienes comunes sin la cooperación de la esposa. En Chile, las esposas sufren una discriminación similar.
El Banco Mundial informa de que 139 países carecen aún de una legislación adecuada que prohíba el matrimonio infantil. Un caso es Estados Unidos, que no tiene ninguna ley federal contra el matrimonio infantil, y 37 estados aún lo permiten. California permite excepciones para casar a menores sin edad mínima, mientras que estados como Mississippi son el reflejo de países como Bangladesh, Mali, Pakistán y Tanzania al autorizar que las niñas se casen más jóvenes que los niños. La pobreza exacerbada por la crisis climática y la migración forzosa expone a las niñas a un mayor riesgo de matrimonio infantil, que los padres consideran un mecanismo de supervivencia para aliviar la presión económica y «proteger a las hijas de la violencia sexual», a pesar de que el matrimonio infantil facilita las relaciones sexuales no consentidas con un menor. Por ejemplo, Etiopía sufrió una grave sequía en 2022 y, en un año, vio duplicarse las tasas de matrimonio infantil.
Como dato positivo, Colombia, Cuba, República Dominicana, Sierra Leona y Zambia han introducido recientemente leyes que prohíben el matrimonio infantil de menores de 18 años, sin excepción.
En todo el mundo, las leyes y políticas discriminatorias por razón de sexo limitan la plena participación económica y social de las mujeres, atrapan a millones en la pobreza y la dependencia y aumentan su vulnerabilidad a los malos tratos.
En muchos países se niega a las mujeres la igualdad de acceso al empleo, a salarios justos, a la propiedad, a los ingresos del hogar y a la herencia. Esto contribuye a que las mujeres estén sobrerrepresentadas en empleos precarios y mal remunerados, y a que asuman la mayor parte del trabajo de cuidados remunerado y no remunerado.
En países como Kirguistán, Madagascar y Rusia, las mujeres tienen prohibido trabajar en determinados empleos. Entre los avances logrados desde 2020 cabe citar la eliminación de restricciones laborales similares en Azerbaiyán, Jordania y Omán. También es necesario reformar las leyes sexistas sobre nacionalidad, como en Bahréin, Brunéi, Malasia, Mónaco, Togo y Estados Unidos, entre otros. Cuando a las madres y los padres no se les conceden los mismos derechos para transmitir su nacionalidad a sus hijos, se crean graves problemas jurídicos y sociales, incluida la apatridia. Aumenta el riesgo de matrimonio infantil y forzado, crea problemas de custodia de los hijos, y las esposas pueden permanecer en matrimonios abusivos por miedo a perder su estatus legal.
Kirkland concluye: «Eliminar la discriminación por razón de sexo y género en la ley es una responsabilidad fundamental de los gobiernos. Igualdad Ya hace un llamamiento a todos los países para que revisen y modifiquen o deroguen urgentemente sus leyes discriminatorias por razón de sexo, eviten la supresión de derechos legales y establezcan garantías constitucionales o legales específicas de igualdad para todas las mujeres y niñas.»
Para más información, pulse aquí (Equality Now).
(Fotos: Pixabay)
.jpg)
