En 2019 Kailasa, de origen indio según sus promotores, se autoproclamó como un país con bandera, constitución, banco central y pasaporte. Está en busca de tierras en países sudamericanos, pese a carecer de reconocimiento oficial.
Representantes de ese Estado ficticio buscan establecer acuerdos de arrendamiento perpetuo de tierras con los pueblos indígenas de Bolivia, además de Ecuador y Paraguay.
El periódico digital boliviano Visión 360 reportó e incluso mostró fotografías de los portavoces de Kailasa con vestimenta vistosa y colorida mientras firmaban documentos que reflejaban la intención de adquirir tierras en esta región.
Tal propósito causó problemas en varios países, como Ecuador, Paraguay, Estados Unidos y ahora en Bolivia.
En Paraguay, el exjefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Arnaldo Chamorro, fue destituido de su cargo en 2023 tras rubricar un acuerdo con Kailasa sobre ayuda al país sudamericano.
Por ello en Bolivia la Cancillería descartó cualquier nexo diplomático del Gobierno con ‘Estados Unidos de Kailasa’: “El Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de las atribuciones reconocidas por la Ley 465, como Rector de la Política Exterior boliviana, comunica que el Estado Plurinacional de Bolivia no mantiene relaciones diplomáticas con la presunta nación ‘Estados Unidos de Kailasa’ (…)”
Según el texto, este supuesto país no se encuentra reconocido como Estado por ningún otro actor de la Comunidad Internacional en el contexto de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.
Los hechos fueron revelados por la prensa boliviana. Fue así como la investigación “Estado ficticio tienta a indígenas para que alquilen sus territorios por mil años”, publicada en El Deber y realizada por Silvana Vincenti, reveló la existencia de un acta para firmar un contrato de “arrendamiento perpetuo”, por 108 mil dólares anuales, de 60 mil hectáreas del territorio indígena originario Baure, en favor de Estados Unidos de Kailasa.
Igualmente, se informó, sostuvieron conversaciones con representantes de Esse ejja y Cayubaba, y dirigentes de la Coordinadora Andina y del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq). El denominador común en todas estas acciones es la búsqueda de la entrega de tierras a través de convenios de cooperación, entendimientos o contratos de arrendamiento.
Según distintos medios, detrás de la trama está el autoproclamado gurú Swami Nithyananda, quien se reconoce como “fundador” del país en 2019, el cual incluso se percibe como un dios en la Tierra. No existen imágenes del territorio donde, según afirman sus promotores, está asentado el país.
Tras la publicación, según la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Vincenti recibió llamadas y mensajes. Desde el extranjero y personas que no se identificaron, le exigieron la retirada de ese texto de las redes sociales del medio informativo.
El Deber informó que Vincenti “ha sido objeto de amenazas por destapar una trama de negociados de tierra que involucra a dirigentes indígenas de Beni y Pando (…)”.
Precisó el diario que un mensaje de voz fue remitido desde el teléfono del dirigente de la subcentral indígena de Baure, Pedro Guasico, uno de los firmantes del acta.
El Deber también señala que los representantes del supuesto Estado habrían tenido reuniones y avances con otras naciones indígenas bajo la denominación de “cooperación mutua”. Figurarían en tal situación los Esse ejja y Cayubaba, en cuyos documentos se ofrece el pago de 55.800 y 28.107 dólares anuales. En los documentos de noviembre de 2024, están las rúbricas de varios dirigentes indígenas. Por parte del supuesto Estado firmó su ‘embajadora’ Brenda Jung, así como los delegados.
Según el diario, posteriormente esos contratos fueron revocados. PL
(Photos: Pixabay)
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