Calificar a los inmigrantes venezolanos como delincuentes, terroristas y asesinos es “el acto de mayor enemistad e injusticia que jamás se haya cometido desde Estados Unidos contra un pueblo de América Latina y el Caribe, y quizás del mundo”.
Estas palabras del presidente de Venezuela, pronunciadas tras conocerse la deportación por parte de EE.UU a El Salvador, donde fueron encarcelados, han tenido eco y solidaridad en diferentes partes del mundo.
De hecho, en más de 120 países, partidos políticos, movimientos sociales, organizaciones de los derechos humanos y juristas han alzado su voz para indicar que migrar no es un delito.
El reclamo de autoridades, familiares y habitantes de Venezuela por el retorno de los 240 compatriotas secuestrados por Estados Unidos y deportados a El Salvador, es tema central en el país latinoamericano.
Miles de venezolanos se han movilizado por las calles de Caracas para acompañar a los familiares de los deportados, reclamar su regreso sanos y salvos, y rechazar a la ultraderecha nacional a la que culpan y responsabilizan de estas acciones violatorias de los derechos humanos.
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Pedro Infante, ha dicho que el Gobierno nacional realizó, a través de un bufete de abogados en el país centroamericano, una solicitud de habeas corpus. Infante aseveró que el ejecutivo salvadoreño tiene que demostrar, en base a la legislación y las leyes, qué crimen cometieron esos jóvenes allí, pues, según él, nunca ninguno de ellos había pisado en su vida ese país.
Tras la divulgación de las imágenes por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, con la llegada del avión y los migrantes y el tratamiento recibido antes de su ingreso al Centro de Confinamiento del Terrorismo, el gobierno venezolano inició una campaña nacional e internacional de denuncia.
Esta barbaridad solo puede ser comparada con “las páginas más oscuras que ha vivido la humanidad”, ha dicho el designado por el ejecutivo venezolano para los Diálogos de Paz, Jorge Rodríguez.
Rodríguez ha calificado de “muestra de infamia, arbitrariedad y barbarie”, el secuestro de los conciudadanos y lo valoró como un “crimen de lesa humanidad”.
El día que pronunció estas palabras también anunció que denunciarán este secuestro en la ONU, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y en todas las instancias multilaterales donde Venezuela participa.
Se trata de traer a los migrantes venezolanos secuestrados en la nación centroamericana y quieran retornar desde Estados Unidos, posibilidad que quedó ratificada este sábado con el anunció de Rodríguez de la reanudación de los vuelos procedentes del país norteño.
Al referirse a la Ley del Enemigo Extranjero de 1798, invocada en la orden ejecutiva de Donald Trump, remarcó que solo puede ser comparada con las leyes de Núremberg de la Alemania nazi y se constituye en una “acción absolutamente ilegal” que violenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nicolás Maduro ha sido categórico al anunciar que su Gobierno moverá todos los mecanismos con países amigos y las Naciones Unidas para proteger a los migrantes nacionales.
Como parte de las acciones emprendidas para traer de vuelta a los compatriotas, está la elaboración de documentos para distribuir en las instancias de los Derechos Humanos para que se activen en función de la protección de los venezolanos. A ello se suma la contratación de bufetes de abogados en Estados Unidos y El Salvador para la defensa de los venezolanos secuestrados.
El Gobierno emitió una alerta a sus ciudadanos sobre los riesgos y condiciones que podrían enfrentar si viajan a EE.UU. La Cancillería señaló que en los últimos meses se observó “un aumento en las medidas arbitrarias de control migratorio y en las políticas de hostigamiento contra venezolanos” como detenciones arbitrarias, deportaciones sin causa, confiscación de bienes y deportaciones a terceros países. PL
(Fotos: Pixabay)
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