Haber adelantado la fecha del censo nacional del Perú y haber modificado las opciones de autoidentificación, parece tener como fin último el que los indígenas no puedan ejercer sus derechos ni seguir en sus territorios.
La denuncia fue expuesta por la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas de Perú (Onamiap) y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Fenmucarinap).
Las agrupaciones rechazan que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) haya considerado en el censo, las opciones de autoidentificación racial “mestizo” y “blanco” y “otros”, lo cual tiende a invisibilizar a los nativos, crea confusión y distorsiona los resultados de la encuesta nacional. El censo de 2017 verificó que 25% de los peruanos se definen como “indígenas”, porcentaje que podría reducirse por los términos de la encuesta que impugnan los originarios.
El resultado puede también, según los dirigentes, afectar la intangibilidad de los territorios nativos, codiciados por intereses empresariales locales y extranjeros y la obligatoriedad de la consulta previa a los indígenas sobre proyectos económicos en esas tierras.
Según los denunciantes, los conceptos de autoidentificación racial no fueron recomendados por la Comisión Económica para America Latina (Cepal), pero el INEI no prestó atención a la recomendación debido a presiones empresariales y de sectores conservadores antiderechos.
En Perú, los censos se realizan cada 10 años. El último fue en 2017 y el próximo estaba previsto para 2027, pero el Gobierno lo adelantó con el argumento de que el país había cambiado mucho debido a la pandemia del Covid-19, iniciada en 2019. La presidenta de Onamiap, Ketty Marcelo, cuestionó la decisión y argumentó que no existen condiciones de transparencia para que el censo se realice en el segundo semestre de 2025. Una de las razones es que los pueblos indígenas fueron excluidos de su preparación.
Y añadió que están “siendo reprimidos, perseguidos y en camino a desaparecer como organizaciones de pueblos indígenas” por las leyes que dicta el Parlamento (mayoritariamente conservador) y que aprueba el Ejecutivo.
Dijo que desde hace unos meses, las organizaciones indígenas son acusadas de politizar el censo con sus reclamos, por la Confederación Nacional de Empresarios Privados (Confiep), la más interesada en la explotación de los territorios nativos.
Para la presidenta de la Fenmuc, Lourdes Huanca, detrás del adelanto del censo está el objetivo de negar el derecho a la consulta previa de las decisiones que afecten a los territorios indígenas. “Quieren seguir despojándonos de nuestras tierras para que, en caso de encontrarse oro o cobre en nuestro territorio, su explotación no pase por la consulta previa”, advirtió.
(Fotos: Pixabay)











