El sufrimiento de Floyd hasta morir quedó grabado en video. Su grito de auxilio “No puedo respirar” mientras el policía Derek Chauvin lo asfixiaba se transformó en consigna de masivas protestas en Estados Unidos. El asesinato ocurrió hace 5 años en de Minneapolis, ciudad de Minnesota, pero muchos no sienten que se haya hecho verdadera justicia.
Chauvin fue juzgado y condenado por el asesinato de Floyd a 22 años y medio de cárcel. Fue la primera condena de un policía blanco en Minnesota por el asesinato de un afroamericano.
El asesinato de Floyd el 25 de mayo de 2020 y, dos meses antes, el 13 de marzo, el de Breonna Taylor -baleada en su apartamento en Louisville (Kentucky), desató la ola de indignación nacional.
La administración de Joe Biden impulsó medidas en un intento por reformar los departamentos de policías involucrados en muertes que generaron grandes protestas a nivel nacional solo comparables aquí con las manifestaciones por los derechos civiles en la década de 1960. El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, quien asumió el cargo en noviembre de 2022, dos años después de la muerte de Floyd, continúa implementando cambios internos que conduzcan a calles más seguras e interacciones más positivas con la policía de la urbe.
Sin embargo, O’Hara ha dicho que la muerte de Floyd se mantiene como una «herida abierta» en la ciudad y aunque los datos policiales muestran una tendencia a la baja en los tiroteos, Minneapolis es una de las pocas ciudades importantes donde la delincuencia violenta no ha mejorado mucho desde 2020.
La delincuencia en la ciudad se disparó tras la muerte de Floyd y las protestas posteriores, afirmó O’Hara, mientras que «la fuerza policial simplemente disminuyó».
El Gobierno de Biden buscó acuerdos reformas en las agencias del orden sobre el abuso de la fuerza letal, prácticas policiales inconstitucionales y violaciones de los derechos civiles.
Pero ahora el Departamento de Justicia (DOJ) terminó con lo que denominó el “fallido experimento de la División de Derechos Civiles de Biden de maniatar a líderes locales y departamentos de policía con decretos de consentimiento fácticamente injustificados”. Un comunicado de Harmeet K. Dhillon, fiscal de la División de Derechos Civiles del DOJ consideró que esos decretos son excesivamente amplios y despojan del control policial local a las comunidades donde corresponde.
Este paso del Departamento de Justicia desestimará las demandas de Louisville y Minneapolis, y cerrará las investigaciones subyacentes sobre sus departamentos de policía y, además, se retractará de las conclusiones a las que llegó la Administración Biden sobre violaciones constitucionales, comentaron medios locales.
Los reportes indicaron que el DOJ también cerrará sus pesquisas y dará marcha atrás las conclusiones sobre violaciones constitucionales de las policías locales de Phoenix, Arizona; Trenton, Nueva Jersey; Memphis, Tennessee; Mount Vernon, Nueva York; Oklahoma City, Oklahoma, y la Policía Estatal de Luisiana.
O’Hara advirtió que los esfuerzos de reforma policial continuarán, incluso sin la supervisión federal. PL
(Fotos: Pixabay)
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