Las nuevas reglas migratorias del Reino Unido endurecen visados, reducen derechos y refuerzan el control estatal en nombre de la seguridad. Impulsadas por presiones políticas, estas medidas aumentan la inseguridad jurídica y afectan especialmente a trabajadores extranjeros y sectores clave dependientes de la inmigración.
Pablo Munoz
En su ensayo sobre la democracia en América, Alexis de Tocqueville dijo que la opinión de la mayoría puede suprimir los derechos de las minorías.
Dado que las elecciones obligan a los políticos a hacer campaña constantemente, terminan centrándose en la visibilidad, no en la competencia; se centran en la ganancia a corto plazo, no en el pensamiento a largo plazo.
Ciertos sectores del mundo occidental han sido recientemente hechizados por la idea de que la seguridad es más importante que la libertad y se han subido al carro de la siembra de miedo y el racismo sutil traído por los vientos que cruzan el Atlántico Norte.
El resultado es un desplazamiento notable de la ventana de Overton en todo el mundo, incluido el Reino Unido.
En 2023, el Partido Conservador —un partido nacional de centro-derecha convencional— utilizó «Stop the Boats» como eslogan central, refiriéndose a la necesidad de poner fin a los cruces del Canal de la Mancha. El año pasado mismo, Chris Philp, el Secretario de Interior en la sombra, se dirigió a la Conferencia del Partido Conservador sobre la seguridad de las fronteras del país. Ahora, el gobierno avanza hacia políticas migratorias más duras. El pasado 5 de marzo, la Declaración de Cambios HC 1691 —un conjunto de normas que pretende obstaculizar la inmigración legal que llega y permanece en el Reino Unido— fue presentada ante el parlamento por la Secretaria de Interior, Shabana Mahmood, con el apoyo de Mike Tapp, ministro de Migración y Ciudadanía.
The Prisma entrevistó a Amanda Ortega, una abogada ecuatoriana que ofrece asesoramiento legal a inmigrantes en el Reino Unido, para entender estos cambios. Ella se refiere a las modificaciones como «profundas» y «preocupantes».
Según el Gobierno del Reino Unido, el HC 1691 actualiza la declaración de prácticas utilizada para administrar la entrada y la estancia en el país.
Incluye cambios procesales en los procesos de solicitud, mediante enmiendas a los requisitos de validez; una reducción de la duración del permiso de refugiado, de cinco años a 30 meses; un aumento de las tasas de visado, que varían entre el seis y el nueve por ciento; o nuevas normas de cumplimiento salarial, por las cuales los patrocinadores están obligados a garantizar que los Trabajadores Cualificados reciban el salario requerido en cada período de pago, en lugar de basarse en cálculos anuales.
Este último punto significa que el trabajador patrocinado debe recibir el salario al nivel requerido, según lo estipulado en el contrato, y estará sujeto a un seguimiento recurrente conjunto por parte de la Home Office y HMRC. Esto significa que si su salario cae por debajo del umbral mínimo, un salario bruto de £38,700 al año, la Home Office lo sabrá al instante, y es posible que se considere que su visado no cumple con los requisitos y sea revocado.
Ortega cree que el gobierno quiere «fortalecer el control migratorio» y «reducir el uso excesivo de ciertas vías, especialmente el asilo y la migración laboral». Estos cambios «introducen mayores inseguridades jurídicas» y «un mayor control de la inmigración por parte de la Home Office, lo que puede significar un aumento de las entradas denegadas». Como resultado, ella prevé «niveles más altos de litigios en los tribunales».
Dice que la motivación detrás de estos cambios “es principalmente política y estratégica”. «El gobierno quiere una reducción general de la inmigración, para responder a las presiones electorales y reforzar la percepción sobre la seguridad fronteriza».
Ortega dice que estos cambios afectarán especialmente a mercados laborales que dependen más de mano de obra inmigrante, como los sectores de cuidados y atención sanitaria, hostelería, educación y construcción.
En cuanto al género, Ortega sostiene que tanto hombres como mujeres serán vulnerables a estos cambios, aunque de manera diferente. «Desde la perspectiva legal y social, las mujeres son más vulnerables debido a la dependencia migratoria en relaciones abusivas, al trabajo en sectores precarios y a que sus solicitudes se basan en vínculos familiares», dice. «Al mismo tiempo, los hombres tienen más probabilidades de verse afectados en términos de control migratorio y detención», explains.
Sobre posibles herramientas jurisdiccionales a disposición de quienes estén sujetos a estos cambios, Amanda Ortega menciona la Ley de Derechos Humanos de 1998 y el Convenio Europeo de Derechos Humanos para defender su estatus basándose en el derecho a la vida familiar, y la Ley de Igualdad de 2010, en casos en los que pueda haber discriminación.
Ortega concluye que el HC 1691 “marca un cambio significativo en el sistema de inmigración británico. Un sistema centrado en la integración se está moviendo ahora hacia un sistema centrado en el control».
(Traducido por Camila Marquez) – Fotos: Pixabay
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