Mientras las autoridades niegan irregularidades, organizaciones y especialistas alertan sobre embarazos infantiles vinculados a violencia sexual dentro de centros destinados a proteger a menores vulnerables.
Mario Hubert Garrido
Aunque el Gobierno lo niegue, los casos de niñas y adolescentes embarazadas en los albergues destinados a atender a menores sin amparo filial, administrados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), cobran vida en Panamá.
Lilibeth Cárdenas, la recién nombrada titular del Senniaf -organismo en crisis estructural y que ya lleva al menos cuatro designaciones- dijo desde el Hogar María Guadalupe, en esta capital, que allí no encontraron tales anomalías en niñas entre ocho y nueve años de edad, a pesar de denuncias.
De acuerdo con la base de datos de la Dirección de Articulación para la Protección Infantil (DAPI), unidad encargada de supervisar estos centros, no existe registro alguno de esos casos en ninguno de los seis albergues destinados a madres adolescentes y adolescentes embarazadas. El diario La Estrella de Panamá relató una reciente visita al Hogar María Guadalupe, donde actualmente viven unas 15 niñas y adolescentes entre los 13 y 17 años -aunque en el pasado han recibido casos de niñas de ocho y nueve años.
Según el rotativo, allí hay menores de edad criando niños, una escena que no es excepcional pues forma parte de una tendencia persistente.
Estadísticas del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa, siglas en inglés), el país centroamericano mantiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente en la región, con 57 por cada mil jóvenes.
Cada día, al menos 21 niñas y adolescentes quedan embarazadas. Entre 2021 y 2024, se registraron casi 28 mil casos en menores de 19 años.
En América Latina, el embarazo adolescente sigue siendo uno de los más altos del mundo, con un promedio de 52 nacimientos por cada mil adolescentes.
Países como Nicaragua, Honduras y Guatemala registran las cifras más elevadas, superando los 70 y hasta 90 casos por cada mil. Panamá se ubica por encima del promedio regional, mientras que países como Chile, Uruguay y Argentina presentan las tasas más bajas, entre 50 y 30, en alguno de los casos por debajo de ese último número. El problema se agrava en las comarcas originarias panameñas como la Ngäbe Buglé, agrega el informativo, pues hay zonas como el distrito de Kankintú, donde más del 45 por ciento de las madres adolescentes nunca asistió a la escuela.
A nivel nacional, provincias como Herrera, Los Santos y Panamá también registran alta incidencia, junto con los territorios originarios.
En el orden de la salud, otros profesionales han alertado sobre los riesgos que entrañan esos embarazos tempranos en adolescentes.
Para la ginecobstetra Saskya Linares, los embarazos en niñas desde los ocho años se clasifican como infantiles y, en la práctica, están vinculados en su totalidad a situaciones de abuso sexual.
El impacto no es solo físico, asegura, pues tampoco existe una preparación emocional ni psicológica para enfrentar una maternidad a esa edad.
También alertó que, en muchos casos, las víctimas llegan tarde al sistema de salud. El abuso suele ocurrir en entornos cercanos, bajo amenazas o manipulación, lo que retrasa la denuncia y limita las opciones médicas disponibles, subrayó. Aunque la legislación panameña contempla la interrupción del embarazo en casos de violación bajo condiciones específicas, en la práctica muchas niñas superan ese periodo sin haber podido acceder a esa alternativa.
Violencia sexual
Estadísticas oficiales de la Senniaf reflejan que en 2025 se registraron 387 casos de adolescentes embarazadas vinculados a situaciones de abuso y violencia, y en lo que va de 2026 ya suman 146.
En menores de 14 años, los registros son menos numerosos, pero no por ello menos graves: cada caso implica una historia de violencia sexual.
En Panamá, el aborto está regulado por el Código Penal (artículo 144), que lo permite únicamente en dos circunstancias: cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo y cuando el embarazo es producto de una violación, bajo condiciones médicas y legales específicas. Sin embargo, en la práctica el acceso es limitado. La denuncia tardía, la burocracia, la falta de información y la presión social hacen que muchas niñas continúen embarazos que no eligieron. PL
(Fotos: Pixabay)
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