Eso ha sido la guerra económica de Estados Unidos contra Venezuela, implementada a través del bloqueo de activos y medidas coercitivas unilaterales. Y la han mantenido incluso durante la pandemia.
William Urquijo Pascual
Dicha guerra ha sido articulada en complicidad con un sector radical de la oposición, y busca provocar la asfixia de la economía venezolana para generar una explosión social que conduzca a un cambio de régimen en la nación bolivariana. En opinión de la economista Pasqualina Curcio, resulta imposible cuantificar todas y cada una de las afectaciones de la guerra.
Curcio dice que de acuerdo con datos actualizados, la política de sanciones y despojo de activos en el extranjero ocasionó a la economía venezolana una pérdida estimada en 194 mil millones de dólares, solo entre 2016 y 2019.
Dicho monto equivale a aproximadamente 16 meses de producción nacional, y resultaría suficiente para efectuar el pago de la deuda externa del país (110 mil millones de dólares, según el Banco Central de Venezuela), o para importar alimentos y medicamentos durante 45 años.
Las pérdidas económicas se derivan de los activos y cuentas del Estado venezolano bloqueados o saqueados en el exterior, así como todos los ingresos que el país dejó de percibir debido a las restricciones a las exportaciones, en especial por el ataque al sector de los hidrocarburos.
Petróleos, blanco de agresiones
Sobre las sanciones a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la experta dice que constituye una acción premeditada y certera; “cualquier afectación a la industria petrolera tiene repercusiones no solo en la propia empresa, sino principalmente en la economía nacional y con ella en el pueblo venezolano”.
El sector de los hidrocarburos genera el 95% de las divisas de la nación sudamericana por concepto de las exportaciones y, por ende, “su disminución afecta por ende las importaciones de insumos, repuestos, maquinarias para la producción interna.” El bloqueo comercial y financiero contra Pdvsa, la dificultad e imposibilidad de comprar repuestos e insumos, unido a las trabas financieras, influyeron en una caída del 64% de la producción de petróleo en Venezuela, de 2,8 millones de barriles diarios en 2013 a alrededor de un millón en 2019.
En igual período las exportaciones petroleras cayeron en 78%, al pasar de 85 mil millones a 19 mil millones de dólares anuales.
Ya en medio de la pandemia de Covid-19, el bloqueo se hizo palpable con un marcado déficit en el suministro de gasolina, situación que se tradujo en interminables colas en las estaciones de servicio, y obligó al Ejecutivo a adoptar medidas de emergencia para mantener en funcionamiento sectores esenciales.
La crisis se solventó gracias al apoyo del gobierno de Irán, con el envío de varios buques cargados con gasolina y aditivos para reactivar la capacidad de refinación del país sudamericano.
A comienzos de 2020 Venezuela presentó una demanda ante la Corte Penal Internacional contra Estados Unidos, por los crímenes de lesa humanidad derivados de la implementación de medidas coercitivas unilaterales.
Robo de activos
Tras el apoyo brindado por la administración Trump desde el 23 de enero de 2019 a un pretendido gobierno paralelo liderado por el hasta entonces desconocido diputado Juan Guaidó, el bloqueo de cuentas y despojos de activos derivó en elevados perjuicios para el Estado y pueblo venezolanos.
Así ocurrió con la apropiación ilegal de la corporación Citgo, filial de Petróleos de Venezuela en territorio estadounidense, acción que le costaría al país 11 mil millones de dólares en pérdidas por dividendos congelados. El supuesto gobierno interino de Guaidó asumió la directiva de Citgo, acto calificado en Caracas como terrorismo económico.
También está el caso del Novo Banco de Portugal, donde en 2019 fueron secuestrados más de mil 700 millones de dólares destinados a la compra de medicinas, alimentos, vacunas, insumos industriales, semillas y fertilizantes.
Y recientemente una corte británica de primera instancia decidió, de desconocer el derecho y propiedad de Venezuela sobre 31 toneladas de oro (equivalente a mil millones de dólares) de sus reservas internacionales depositadas en el Banco de Inglaterra.
Desconoció la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro y se rehusó a entregarle el oro.
Las autoridades del Banco Central de Venezuela explicaron que los fondos serían entregados al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual se encargaría de gestionar la compra de suministros médicos, alimentos y medicinas para combatir la pandemia de Covid-19 en la nación sudamericana. (PL)
(Fotos: Pixabay)
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