Las autoridades bolivianas denuncian que en la actualidad existe una intensa ofensiva mediática y digital en redes sociales, campañas de desinformación; acoso sistemático y agresiones políticas dirigidas a desacreditar al Gobierno nacional de Luis Arce.
Jorge Petinaud Martínez
A casi un año del fallido golpe de Estado del 26 de junio de 2024 y cuando faltan poco menos de cuatro meses para las elecciones generales del 17 de agosto, resurgieron campañas con discursos cargados de odio que transparentan la intención de poner en entredicho el orden constitucional en el Estado Plurinacional.
El 26 de junio del pasado año, cientos de militares al mando del exjefe del Ejército Juan José Zúñiga, reforzados con tanquetas y artillados con calibre de guerra ocuparon la plaza Murillo, epicentro político del país, con el objetivo de hacerse del poder. La decisión de Arce de enfrentar esa asonada, la movilización ciudadana transmitida en directo por los medios de comunicación y el respaldo internacional de otros gobiernos frustraron la acción castrense planificada con anterioridad.
Diversos países del área y organizaciones integracionistas regionales condenaron enfáticamente cualquier forma de asonada golpista y la calificaron de amenaza directa a la democracia, la paz social y la vida del pueblo boliviano.
Desde entonces, en el país altiplánico se multiplicaron y diversificaron las estrategias de desestabilización bajo formas calificadas en diversos discursos por el presidente Arce como guerra híbrida.
Por ello las autoridades bolivianas advierten que sectores de la oposición e intereses extranjeros que no identifican, generan condiciones que justifiquen una interrupción anticipada del mandato constitucional de la administración del dignatario Arce.
A juicio de las autoridades gubernamentales al parecer se pretende provocar el descontento en las tropas del Ejército e incentivar un alzamiento armado.
También en las últimas semanas, varios legisladores de oposición y operadores políticos enmascarados en la fachada de miembros de comités cívicos -especialmente en el departamento de Santa Cruz-, denunciaron un supuesto golpe judicial que sería protagonizado por los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional Gonzalo Miguel Hurtado y René Iván Espada. Los denunciantes sostienen la hipótesis de que por órdenes del mandatario, Hurtado y Espada accionarán de forma tal que permita aplazar las elecciones generales de agosto, con lo cual Arce podría prorrogar su mandato. Espada y Hurtado han desmentido esta versión y públicamente se comprometieron a garantizar la celebración de los comicios.
Por su parte, el Supremo de Justicia emitió un instructivo en el que advirtió que iniciará procesos disciplinarios y judiciales contra cualquier juez que atente contra la celebración de las elecciones.
Ultraderecha desestabilizadora
En el contexto de la guerra híbrida denunciada por el Gobierno de Bolivia, el expresidente Jorge (Tuto) Quiroga, representante de la ultraderecha internacional en este país y candidato presidencial por la alianza Libre, anunció acciones desestabilizadoras.
“Las protestas callejeras van a ir en ascenso”, aseguró el impulsor de las políticas neoliberales promovidas por Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI), entrevistado en el programa nocturno Detrás de la Verdad, del canal privado DTV. El anuncio de Quiroga está en consonancia con la advertencia del Gobierno acerca de la amenaza de un golpe civil. Al respecto, las autoridades indican que la escasez de dólares originada por los grandes exportadores que dejan sus divisas en el extranjero, afecta la capacidad de importación, lo cual ha derivado en el desabastecimiento de insumos, combustibles, productos de consumo y en su correspondiente encarecimiento.
Este fenómeno es amplificado minuto a minuto con mensajes alarmistas en redes sociales, lo cual incrementa el pánico financiero y la especulación.
Adicionalmente, las declaraciones de Zúñiga sobre supuestas intenciones del Gobierno de manipular el padrón electoral junto a denuncias de portavoces de la oposición de un supuesto fraude, desgastan al Gobierno y profundizan la incertidumbre social.
A la par, desde diversos medios de prensa afines a la oposición neoliberal, se pretende instalar la idea de un Estado fallido, sin capacidad de gobernar. Todas estas características son propias de los denominados “golpes blandos”, que erosionan la legitimidad de los gobiernos promotores de la justicia social y socavan la estabilidad institucional. A todo este ambiente hostil se suma el bloqueo en la Asamblea Legislativa Plurinacional de créditos internacionales, que ha impedido inyectar a la economía nacional más de mil 600 millones de dólares. Esto frena el desarrollo de obras públicas, programas sociales, alimenta el desgaste institucional y genera una parálisis funcional del Estado. PL
(Fotos: Pixabay)
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