En un contexto en el que los derechos humanos en Irán se encuentran bajo una presión creciente —desde detenciones arbitrarias hasta violencia estructural contra minorías y mujeres—, el futuro del país pende de un hilo; estas cuestiones salen a la luz en la segunda parte de nuestra conversación con Mai Sato, Relatora Especial de la ONU.
Rola Zamzameh*
En los últimos años, Irán ha sido testigo de una intensificación de la represión contra las minorías religiosas y étnicas, de la reducción de las libertades cívicas y de violaciones de los derechos de las mujeres y de la infancia.
Desde las presiones sistemáticas contra la comunidad bahá’í hasta la aplicación desigual de las leyes del hiyab y la violencia contra niños, niñas y adolescentes, el panorama de los derechos humanos en el país es desolador.
Informes y observaciones de campo, analizados en una conversación con la Relatora Especial de la ONU, Mai Sato, muestran que la represión no solo continúa, sino que se ha vuelto más compleja mediante el uso de herramientas modernas de vigilancia y restricciones legales, lo que incrementa los riesgos para la sociedad y para las generaciones futuras.
A partir de los informes sobre la situación de los bahá’ís en Irán, ¿cómo ha evolucionado la naturaleza de la represión contra la comunidad bahá’í, especialmente en el contexto de las recientes escaladas militares?
Quizá se refiera a un evento paralelo que se organizó el año pasado en el marco de la Asamblea General de la ONU. No se trató de un informe mío. El informe fue publicado por una universidad australiana, y yo estuve allí entre los invitados para celebrar su lanzamiento.
Así que responderé en dos partes. En mi informe actual a la Asamblea General, presentado el mes pasado, hablo de la intensificación de la represión contra los bahá’ís, especialmente tras las escaladas militares. Los bahá’ís han sido utilizados como chivos expiatorios mediante acusaciones de colaboración con Israel, espionaje, entre otras. Tampoco es nuevo que durante muchos años haya existido una acusación generalizada contra los bahá’ís, pero esta se ha intensificado recientemente. En referencia a las conclusiones del informe publicado hace un año, lo que dicho informe señala es el cambio en la naturaleza de las persecuciones: por ejemplo, en los años ochenta hubo más ejecuciones, mientras que en los últimos años ya no se escuchan casos de bahá’ís condenados a muerte o ejecutados; sin embargo, existen otras formas en las que se vulnera la protección de los derechos humanos de la comunidad bahá’í.
A partir del informe publicado por la universidad australiana, ¿cuáles fueron las conclusiones claves?
El informe publicado el año pasado aborda el cambio en la naturaleza de la represión contra los bahá’ís. En el pasado, esta represión solía implicar la pérdida de vidas como resultado del uso letal de la violencia por parte del Estado, pero en la actualidad se ha desplazado hacia formas más estructurales y culturales de violencia, como el acceso limitado a la educación superior, al empleo, entre otros. El informe sostiene que esto supone un cambio en la forma que adopta la represión.
En cuanto al segundo punto, más relacionado con la represión reciente, sí, tiene usted razón: los bahá’ís siguen enfrentándose a detenciones arbitrarias, redadas violentas en viviendas, allanamientos de negocios, confiscación de propiedades y un aumento de la vigilancia. No señalaría a la comunidad bahá’í de manera aislada en comparación con otras minorías religiosas y étnicas, pero sin duda se ha producido una intensificación de la represión y de los mecanismos de vigilancia.
¿Cuáles son los principales factores que impulsan la intensificación de la persecución contra la población baluchi y la minoría suní tanto en Sistán-Baluchistán como en el Kurdistán?
La comunidad baluchi es casi en su totalidad suní. En la comunidad kurda, más de la mitad profesa el islam suní, mientras que otros son musulmanes chiíes y algunos practican religiones indígenas minoritarias, además de existir un pequeño número de cristianos y judíos.
Según los informes que he recibido, las detenciones y la intimidación de líderes religiosos y de fieles se intensificaron tras las protestas de 2022. Esto está vinculado al hecho de que las regiones del Kurdistán y de Sistán-Baluchistán fueron importantes centros de movilización. No obstante, debo subrayar que sería demasiado simplista atribuir esta situación únicamente a la identidad suní o a la condición de minoría religiosa. Tanto el Kurdistán como Sistán-Baluchistán no son regiones de mayoría suní “únicamente”, sino también regiones habitadas por minorías étnicas, y es precisamente esta intersección de identidades la que contribuye al aumento de la persecución contra estas comunidades.
Añadiría también que la pobreza generalizada —especialmente en Baluchistán— limita de forma significativa el acceso al conocimiento sobre derechos humanos y a la representación legal, lo que a su vez agrava las violaciones de derechos humanos que allí se producen.
En su informe, usted destacó serias preocupaciones sobre la discriminación contra las mujeres y la falta de protección legal frente a la violencia doméstica en Irán. ¿Podría profundizar en estos aspectos?
Me centré específicamente, en marzo, ante el Consejo de Derechos Humanos, en la dimensión de género de la protección de los derechos humanos en la República Islámica de Irán. Hablé de los problemas relacionados con los feminicidios, que en muchos casos se tratan como homicidios comunes, así como de los casos en los que las mujeres se convierten en autoras de homicidios, y de la distinción entre otros tipos de homicidio y los llamados crímenes de “honor”, entre otros aspectos. También abordé la falta de tipificación penal de la violencia doméstica en Irán, incluida la violación conyugal. En junio de este año, el Gobierno retiró formalmente el proyecto de ley contra la violencia doméstica —el proyecto para proteger la dignidad y la seguridad de las mujeres— que llevaba pendiente desde 2017. El motivo de su retirada fue que había sufrido extensas modificaciones legislativas que, en la práctica, vaciaron su contenido esencial.
Podríamos darle un enfoque positivo y decir que acogeríamos con satisfacción un nuevo proyecto de ley que sea progresista, incluida la penalización de la violación conyugal, pero habrá que esperar para ver cuál es el contenido del nuevo texto, si finalmente se presenta.
¿Cómo evalúa la aplicación actual de las leyes del hiyab en Irán y la creciente dependencia de la vigilancia y de mecanismos de control a través de los negocios?
Hay un desarrollo ligeramente más positivo en relación con la ley del hiyab: creo que la Ley para la protección de la familia mediante la promoción de la cultura de la castidad y el hiyab no se ha aplicado, aunque el uso del hiyab sigue siendo obligatorio. La nota al artículo 638 del Código Penal castiga a las mujeres que aparecen en público sin el hiyab prescrito con penas de prisión o multas.
Ahora bien, existe incertidumbre sobre el grado real de aplicación de esta norma. Estoy recibiendo informes contradictorios.
No creo que haya una aplicación intensa, por ejemplo, en Teherán, pero sí recibo informes de una mayor aplicación en regiones periféricas y zonas remotas. También considero que la naturaleza de la aplicación está cambiando, con un mayor uso de la vigilancia y un mayor control de los negocios en relación con el cumplimiento de la ley del hiyab.
¿Cuáles son los riesgos más urgentes en materia de derechos humanos para los niños y los menores infractores en Irán, en particular para aquellos que se enfrentan a la pena de muerte?
Para comprender los riesgos que afrontan los niños y los menores infractores en Irán, es importante entender los factores que a menudo conducen a la comisión de delitos en primer lugar. El matrimonio infantil, la pobreza, entre otros, representan una vía significativa de entrada al sistema de justicia penal, como se pone de relieve en casos como el de Goli Kouhkan.
El matrimonio precoz puede atrapar a los niños —en particular a las niñas— en ciclos de abuso, pobreza y oportunidades limitadas que posteriormente pueden derivar en conflictos con la ley, ya sea como víctimas que acaban siendo criminalizadas o a través de circunstancias surgidas de su situación de vulnerabilidad. Para quienes tienen la fortuna de obtener la libertad, se enfrentan a la ardua tarea de recomenzar sus vidas cargando con el estigma de haber sido infractores, una carga especialmente pesada para jóvenes que deberían estar iniciando su vida adulta con oportunidades de educación, empleo e integración social.
El derecho internacional ofrece orientaciones inequívocas al respecto, estableciendo que los niños nunca deben enfrentarse a la ejecución y que deben contar con protecciones especiales que reconozcan su etapa de desarrollo y su capacidad de rehabilitación.
¿Qué trayectoria prevé para los derechos humanos en Irán durante el próximo año y qué acciones concretas deberían adoptar los Estados desde ahora?
Es probable que la pena de muerte continúe utilizándose de manera extensiva, mientras que el espacio cívico seguirá reduciéndose, dejando a los actores de la sociedad civil con aún menos oportunidades para operar de forma segura y eficaz.
Los Estados podrían establecer programas de visados humanitarios para proteger a los iraníes que se encuentren en riesgo inmediato. Asimismo, es esencial aumentar la financiación destinada a organizaciones de la sociedad civil que operan fuera de Irán, con el fin de mantener los esfuerzos de documentación y las redes de apoyo. En relación con la represión transnacional, los Estados también pueden adoptar medidas proactivas para proteger a las personas en riesgo dentro de sus propias fronteras. Las fuerzas policiales de los países de acogida se enfrentan a importantes desafíos, ya que primero deben generar confianza con las víctimas, que a menudo desconfían de las fuerzas del orden debido a sus experiencias en sus países de origen. Las autoridades policiales también necesitan formación especializada para gestionar de manera eficaz las denuncias de represión transnacional, reconociendo las dinámicas y los temores específicos que caracterizan estos casos.
*Rola Zamzameh: periodista sénior en la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.
(Traducido por Camila Márquez) – Fotos: Pixabay
Parte 1: Ejecuciones como “crimen organizado”: la herramienta de control de Irán
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