Más de 1.200 ejecuciones este año. Aumento de los cargos de espionaje a periodistas, activistas y ciudadanos. Muertes en custodia. Protestas en las prisiones. La Relatora Especial de la ONU, Mai Sato, expone la creciente crisis de derechos humanos en Irán, donde la vigilancia se intensifica, las protecciones legales colapsan y el miedo se convierte en una herramienta de control social.
Rola Zamzameh*
Las ejecuciones en Irán han ascendido al menos a 1.200 entre enero y octubre de 2025, según el último informe del HRC-SR, junto con un aumento de las desapariciones, la expansión de los cargos de espionaje y un incremento de las muertes en custodia.
La magnitud y velocidad de estas violaciones señalan un panorama de derechos humanos entrando en una de sus fases más volátiles en años.
Mai Sato es profesora y directora del Institute for Crime and Justice Policy Research de la Universidad Birkbeck de Londres.
El reciente informe de Mai Sato presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas ofrece un relato sin concesiones sobre la crisis de derechos humanos en Irán, subrayando por qué hablar con ella es esencial para comprender las tendencias actuales y sus consecuencias de largo alcance.
Tras la guerra entre Irán e Israel, las ejecuciones aumentaron bruscamente. ¿Qué indicadores concretos muestran que ello es resultado de una política estatal y no de acciones judiciales aisladas?
Quizá deba empezar aclarando que las 1.200 ejecuciones son, obviamente, cifras recopiladas por la sociedad civil; no son cifras estatales, y corresponden al periodo entre enero y octubre de este año. No se puede afirmar que, tras la escalada militar entre Israel e Irán, las ejecuciones hayan aumentado dramáticamente. Las ejecuciones ya venían incrementándose desde el año pasado. El año pasado, las cifras superaban las 1.000, y este año, para octubre, ya habían alcanzado al menos 1.200. Por lo tanto, es inexacto decir que tras la guerra de doce días hubo un aumento masivo de ejecuciones.
En enero —estas cifras también son recopiladas por la sociedad civil— hubo alrededor de 80 ejecuciones. En marzo, fue un poco menor, unas 60. Luego, en abril, subió a más de 120. En mayo, cerca de 160. Durante julio y agosto, bajó un poco, a alrededor de 100. Y ahora volvemos a ver cerca de 160 en los últimos meses. Entonces, sí, las ejecuciones han aumentado, pero no señalaría la causalidad únicamente a la escalada militar. Sin embargo, algo con lo que sí observaría una correlación es el número de ejecuciones por cargos de espionaje. Entre enero y octubre de este año hubo 12 ejecuciones por espionaje; 10 de ellas se llevaron a cabo después del 13 de junio.
Si se quieren comparar esas cifras con años anteriores: en 2023, se registraron seis ejecuciones por espionaje; en 2024, cinco. Por lo tanto, ha habido un aumento en el número de ejecuciones relacionadas con espionaje, y un incremento rápido tras el 13 de junio.
¿Qué, en su opinión, explica la intensificación posguerra de las acusaciones de espionaje por parte del gobierno iraní, ahora aplicadas tan fácilmente a periodistas, activistas e incluso ciudadanos comunes?
Debo aclarar que el espionaje ya era un delito capital y, a partir del primero de octubre, existe una nueva ley sobre espionaje que amplía las medidas de contraespionaje. Y —como usted señala acertadamente— ahora incluye, por ejemplo, proporcionar información a medios extranjeros, entre otros aspectos. Por lo tanto, sí, la preocupación es que más personas podrían ser ejecutadas bajo delitos de seguridad nacional definidos de manera amplia, con la definición de espionaje expandiéndose. Esto es, sin duda, un tipo de efecto secundario de la escalada militar, porque la nueva ley se introdujo y aprobó inmediatamente después de que comenzara dicha escalada.
¿Qué evidencia apunta al uso de las ejecuciones como herramienta de control social e intimidación, en lugar de resultados judiciales legítimos?
Esa es una pregunta muy interesante. No solo en Irán, sino en cualquier país que tenga pena de muerte, yo diría que una condena a muerte o ejecución probablemente nunca es un resultado judicial completamente legítimo. Como sabe, bajo el derecho internacional de los derechos humanos, se podría argumentar que todavía se permite el uso de la pena de muerte en circunstancias limitadas, pero la posición de la ONU actualmente es que debe aplicarse solo de manera que no viole los estándares internacionales.
Opino que la mayoría de las ejecuciones probablemente no son legítimas desde el punto de vista judicial. Si aplicamos esto a Irán, por ejemplo, de las 1.200 ejecuciones que hemos visto hasta ahora, casi la mitad estuvo relacionada con delitos ordinarios como homicidio, y la otra mitad con cargos relacionados con la seguridad, delitos sexuales, y otros similares, que claramente violan los estándares internacionales de derechos humanos.
Esto se ve agravado además por la falta de transparencia, debido proceso y juicios justos. Esto cubre el aspecto del derecho internacional de los derechos humanos, pero también, desde un punto de vista académico, no existe un consenso real de que la pena de muerte sea más efectiva que otras formas de castigo. Por lo tanto, cualquier país que actualmente lleve a cabo ejecuciones, incluyendo Irán, lo hace principalmente por razones retributivas o como una herramienta de control social.
Dado su relato sobre la transferencia de presos políticos y las terribles condiciones de las mujeres en la prisión de Qarchak, ¿qué más puede contarnos sobre la situación en otras prisiones que reciben menos atención mediática?
Ha mencionado algunos puntos sobre el trato a los presos. Creo que la primera parte de su pregunta se refería a la transferencia de presos desde Evin a Qarchak y a las prisiones del Gran Teherán, particularmente los presos políticos. Durante ese tiempo, muchos de ellos han sido devueltos posteriormente. Lo que realmente me llamó la atención es que, una vez que las mujeres presas políticas fueron trasladadas a la prisión de Qarchak, tuvimos noticias de la muerte de varias presas en custodia.
Rara vez escucho sobre casos de muertes en custodia en otras prisiones, aunque hay muchas historias de negligencia médica en la prisión de Evin. Esto realmente resalta lo poco que sabemos sobre lo que ocurre más allá de la prisión de Evin.
Ellas también tienen formas de comunicarse con personas fuera de la prisión y con la comunidad en general, y tienen acceso a medios internacionales, lo que me pareció muy significativo. Esto también genera preocupación sobre el trato en otras prisiones sobre las que no tenemos información.
¿Qué revelan las protestas coordinadas en las prisiones —como ‘No Execution Tuesdays’ y la reciente huelga de hambre de Reza Khandan y otros— sobre el trato, la vulnerabilidad y los límites de comunicación de los presos políticos, y sobre su resiliencia bajo condiciones estrictamente controladas?
Es notable que, a pesar de las condiciones de detención fuertemente controladas, se estén produciendo protestas dentro de esas prisiones. Usted mencionó un par de casos recientes, pero ha habido una resistencia coordinada continua dentro de las prisiones, con los presos resistiéndose a los traslados a celdas de aislamiento.
Desde, creo, comienzos de 2024, los presos que participan en la campaña “No Execution Tuesdays” han realizado huelgas de hambre para protestar contra las ejecuciones.
También mencionó protestas coordinadas: desde octubre, en la prisión de Qarchak, tras la muerte de presas, así como otra protesta coordinada que involucró a 1.500 presos en la prisión de Qezel Hesar para manifestarse contra el aumento de ejecuciones. Estas protestas revelan no solo las realidades diarias dentro de las prisiones, sino también la notable fuerza y resiliencia de esos presos en un entorno extremadamente controlado.
Algunos informes sugieren que se han introducido nuevas medidas restrictivas para los presos que protestan o se manifiestan en Irán. ¿Considera usted que estas restricciones son nuevas, y cómo se han aplicado históricamente tales medidas?
No las llamaría nuevas restricciones. Estas medidas se han utilizado desde hace algún tiempo. También existe un reglamento, de 2021, que establece las consecuencias que los presos pueden enfrentar si organizan una huelga, lo que puede incluir prohibiciones temporales de visitas o permisos de salida, traslados a otras prisiones y, en algunos casos, la pérdida de elegibilidad para el indulto. Pero incluso antes de este reglamento, quienes protestaban o decían la verdad contra las autoridades enfrentaban consecuencias similares. Por lo tanto, no describiría necesariamente estas medidas como nuevas; estas repercusiones y tácticas siempre han existido.
*Rola Zamzameh: Periodista senior en la Comisión y el Parlamento Europeo.
(Traducido por Camila Márquez) – Fotos: Pixabay y generadas por la IA Chat GPT
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