La decisión del Congreso de derribar el veto presidencial a la Ley de Dosimetría desató una nueva confrontación política y jurídica sobre los límites de la impunidad tras el intento de golpe de Estado de 2023. Su aprobación definitiva reduciría penas a condenados por la trama golpista, incluido Jair Bolsonaro.
Martha Andrés Román
La polémica normativa, destinada a reducir las penas de los condenados por el golpe de Estado de 2023, había sido aprobada en ese órgano en diciembre pasado, pero no entró en vigor porque fue vetada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el 8 de enero, en el tercer aniversario del ataque contra los tres poderes del Estado.
El 30 de abril, el Congreso Nacional sometió a consideración el veto del mandatario, el cual recibió 318 votos en contra y solo 144 a favor en la Cámara de Diputados, y 49 rechazos y 24 apoyos en el Senado.
Mediante el proyecto de Ley de Dosimetría se establece que, cuando una persona sea condenada por delitos como tentativa de golpe de Estado y abolición violenta del orden democrático en un mismo contexto, no se sumarán las penas, sino que se aplicará únicamente la más grave con incrementos limitados.
Asimismo, la normativa flexibiliza las reglas para la progresión de régimen, reduciendo el tiempo mínimo de cumplimiento en prisión. Según estimaciones difundidas por medios brasileños, a raíz de la derrota del veto, que permitirá la entrada en vigor de la medida, la condena del expresidente Jair Bolsonaro podría reducirse considerablemente.
Aunque el exmandatario lleva poco más de un mes bajo “arresto domiciliario humanitario” por motivos de salud, teóricamente permanece en régimen de confinamiento total tras ser condenado a 27 años y tres meses por intento de golpe de Estado.
Su paso a un régimen de confinamiento semiabierto solo es posible en 2033, pero, con la eventual entrada en vigor del nuevo texto, los expertos indican que el cambio de régimen podría producirse en un plazo de dos a cuatro años.
No obstante, especialistas advierten que estos cambios no son automáticos y dependerán de revisiones por parte del Supremo Tribunal Federal (STF) y del cumplimiento de requisitos legales.
Pero el impacto de la decisión del Legislativo no se limita solo a la reducción de condenas para Bolsonaro y decenas de sentenciados por la trama golpista.
De acuerdo con un análisis del diario Folha de S. Paulo, la nueva legislación podría beneficiar a más de 200 mil condenados en Brasil, al ampliar mecanismos de reducción de penas, como la remisión por estudio o trabajo. La decisión generó una ola de reacciones críticas desde sectores del Partido de los Trabajadores (PT) y organizaciones de la sociedad civil que calificaron la medida como un “grave retroceso institucional” y advirtieron sobre el riesgo de impunidad.
Una coalición de más de 20 agrupaciones señaló que la nueva ley representa un grave e histórico revés institucional, que normaliza la violencia y supone un riesgo de impunidad en caso de futuros intentos de golpe de Estado.
El comunicado de la coalición Pacto por la Democracia señala que la anulación del veto puede interpretarse como una forma de minimizar los ataques frontales contra el régimen democrático y sustituir la soberanía popular por proyectos autoritarios.
Desde el oficialismo, dirigentes del PT como el diputado Lindbergh Farias denunciaron la existencia de un “acuerdo político” en el Congreso para beneficiar a actores implicados en la trama golpista y advirtieron que la decisión trasciende el ámbito técnico penal y responde a intereses políticos concretos.
Ante este escenario, la bancada del PT ya prepara una acción de inconstitucionalidad ante el Supremo Tribunal Federal, con el objetivo de suspender los efectos de la ley bajo el argumento de que viola principios constitucionales como la proporcionalidad, la separación de poderes y la protección del Estado democrático de Derecho. Parlamentarios oficialistas consideraron que la norma constituye una “amnistía encubierta” y recordaron precedentes del propio tribunal que impiden medidas que reduzcan penas en casos de ataques a la democracia.
También alegan que el Congreso habría invadido competencias del Poder Judicial al alterar criterios aplicados en sentencias ya firmes.
La judicialización del tema se perfila como inevitable, y el STF podría volver a desempeñar un papel central en la resolución de tensiones entre Legislativo y Ejecutivo, con impacto directo sobre casos emblemáticos vinculados al 8 de enero.
Debate jurídico y político
Juristas y analistas coinciden en que la controversia tiene una doble dimensión: por un lado, existe un debate técnico sobre la constitucionalidad de la norma; y, por otro, se evidencia una disputa política más amplia sobre la interpretación y las consecuencias de los hechos golpistas.
Algunos especialistas como Pedro Serrano, profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, consideran que la ley puede ser inconstitucional al buscar beneficiar a personas específicas, lo que contravendría el principio de impersonalidad. Al mismo tiempo, algunos especialistas consultados por medios brasileños interpretan el derribo del veto como una señal política clara del Congreso, al reflejar la persistencia de una correlación de fuerzas que favorece a sectores conservadores y que podría debilitar la capacidad del gobierno para impulsar su agenda. PL
(Fotos: Pixabay)
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