Cuando una donación política sin precedentes desencadena una investigación parlamentaria, rara vez ocurre de forma aislada. Detrás de los titulares yacen interrogantes sobre la transparencia, la confianza pública y la eterna relación —aún sin resolver— entre el dinero y el poder en la política británica; un problema que lleva casi un siglo sin resolverse.
Kennedy Ogenna
Cuando Christopher Harborne, inversor británico en criptomonedas y empresario de la aviación afincado en Tailandia, donó 9 millones de libras a Reform UK en agosto de 2025 —cifra confirmada por la Comisión Electoral como la mayor donación individual jamás realizada por una persona viva a un partido político británico—, la noticia ocupó de inmediato las portadas de las principales cadenas y cabeceras.
Fue una revelación independiente difundida por ITV News en mayo de 2026, la que intensificó el escrutinio: Harborne también había hecho un regalo personal de 5 millones de libras al líder de Reform UK, Nigel Farage, en abril de 2024. El 13 de mayo de 2026, el Comisionado para los Estándares Parlamentarios, Daniel Greenberg, abrió una investigación formal ante la posible omisión de Farage de declarar dicha donación, contraviniendo las normas de la Cámara de los Comunes.
Una investigación de The Mirror, basada en el análisis de los registros de la Comisión Electoral, reveló que, de las 18,6 millones de libras donadas a Reform UK a lo largo de 2025, casi15 millones —cerca del 80%—, procedían de 18 donantes con vínculos offshore, centrados principalmente en Jersey y Tailandia.
Otra investigación de Babelfish, el grupo de presión fundado por Dale Vince, identificó que el tesorero del partido, Nick Candy —cuyo imperio inmobiliario incluye empresas con sede en Guernsey y Luxemburgo—, donó 990 000 libras a Reform UK en 2025. Cinco donantes de Reform responsables de 12,55 millones de libras, —lo que representa el 67% de las donaciones anuales del partido—, facilitaron direcciones en el extranjero al Companies House (registro mercantil británico).
Un estudio de la Comisión Electoral realizado por YouGov en diciembre de 2025, concluyó que solo el 9% de los encuestados considera que los políticos son dignos de confianza, y apenas el 14% cree que la financiación de los partidos políticos y de las campañas es transparente.
Esta polémica se hace eco del clima político de 2010, cuando un agotado Partido Laborista liderado por Gordon Brown se enfrentó a un Partido Conservador bajo el mando de David Cameron que aún no lograba despertar el entusiasmo público. Dos crisis definitorias se vislumbraban: el colapso financiero de 2008 y el escándalo de los gastos de los parlamentarios de 2009. La ira y la apatía de los votantes estaba muy extendida. Era habitual escuchar a los parlamentarios descritos como estafadores y mentirosos.
Fue en ese clima en el que Cameron pronunció su discurso «Reconstruir la confianza en la política» el 8 de febrero de 2010, advirtiendo de que el lobbying era «el próximo gran escándalo a punto de estallar«. Argumentó: «Creo que el lobbying secreto de las empresas, al igual que el escándalo de los gastos, es la razón fundamental por la que la gente está tan harta de la política. Despierta los peores temores y sospechas de los ciudadanos sobre cómo funciona nuestro sistema político». Fue más allá: «Si de verdad tienen la intención de escuchar a la gente corriente, el Partido Conservador debe comprometerse a introducir un registro obligatorio de grupos de presión lo antes posible, para que el público pueda ver quién está presionando a quién y hasta qué punto las políticas nacionales se ven influidas por las fuerzas comerciales».
La ironía quedó clara en marzo de 2021, cuando Cameron presionó al ministro de Hacienda, Rishi Sunak, a través de WhatsApp en nombre de Greensill Capital, con el fin de acceder a un programa gubernamental de préstamos durante la pandemia.
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El caso Greensill demostró que la preocupación por la «puerta giratoria» entre los cargos políticos y la influencia privada no se limita a un solo partido ni a una sola época —un patrón que el actual escrutinio de las finanzas de Reform UK ha vuelto a situar en primer plano—.
En una declaración de abril de 2021, reconoció que «las comunicaciones con el Gobierno deben realizarse únicamente a través de los canales más formales».
Una investigación posterior de la Oficina del Gabinete concluyó que había mostrado una «falta de criterio significativa», aunque no había infringido las normas vigentes en aquel momento. En su libro Lobbying: The Art of Political Persuasion (Harriman House, 2008), p. 6, Lionel Zetter sostiene que «si los barones no hubieran presionado al rey Juan, este no habría firmado la Carta Magna en Runnymede y la democracia en Gran Bretaña podría haber evolucionado de forma muy diferente». La tensión entre la influencia y la rendición de cuentas es tan antigua como el propio poder político.
El 6 de julio de 2026, el Gobierno anunció, como parte de su respuesta al informe independiente Rycroft Review, que las personas que regresen al Reino Unido desde el extranjero deberán esperar un año natural completo antes de realizar donaciones políticas superiores a 100.000 libras.
El secretario de Vivienda, Steve Reed, afirmó que el Gobierno estaba actuando para garantizar que «la democracia británica no esté en venta».
A raíz del escándalo, Farage dimitió como diputado por Clacton-on-Sea el 7 de julio, lo que desencadenó una elección parcial a la que tiene intención de presentarse. En su cuenta oficial de Facebook, planteó la medida en términos populistas: «Esta es una elección de la gente contra el establishment«, alegando que «utilizarán todos los trucos posibles para hundirme, pero no tienen el valor de someterlo al juicio de la gente que realmente importa». Además, alegó que «mientras que a los donantes laboristas se les adjudican contratos gubernamentales, Reform es objeto de filtraciones por parte de las agencias del Estado».
La dimisión suscitó críticas inmediatas. La líder conservadora Kemi Badenoch calificó la medida como «una maniobra desesperada de distracción» y añadió: «Nigel Farage puede montar la pataleta que quiera, pero todos los parlamentarios deben cumplir las normas y nuestro país tiene una prensa libre». Refiriéndose al escándalo de George Cottrell, afirmó: «Tiene que explicar por qué un criminal convicto está sufragando sus gastos».
El primer ministro saliente, Keir Starmer, dijo: «Es obvio por qué lo está haciendo», insinuando que «está metido hasta el cuello en el cieno político». Añadió que «la política debería consistir en mejorar la vida de millones de personas, no en el beneficio personal».
El líder de los Liberal Demócratas, Ed Davey, instó al ministro de Hacienda a bloquear la dimisión, afirmando que la decisión de no hacerlo era «decepcionante, pero no sorprendente viniendo de un Gobierno que sigue igual».
Añadió: «El ministro de Hacienda tuvo la oportunidad de aplazar estas elecciones extraordinarias unas semanas para que los ciudadanos de Clacton pudieran conocer todos los detalles sobre el escándalo de la financiación de Farage».
La investigación sobre las finanzas de Farage sigue abierta. La polémica ha situado en el centro del debate público británico los interrogantes sobre la transparencia en la financiación política —cuestiones que los sucesivos gobiernos han prometido resolver en repetidas ocasiones y a las que, sistemáticamente, no han dado respuesta.
(Traducción de Lidia Pintos Medina) – Fotos: Pixabay
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