Atravesamos días de incertidumbre. Como si la disyuntiva fuera plegarse a las promesas de Dios, patria, seguridad y orden, o replegarse en la defensa de la libertad, de la diferencia y de la esperanza de que el diálogo pueda imponerse al ruido de los enemigos de la patria.
F. Sanri*
El problema es que esos enemigos son cada vez más difusos. Basta oponerse para recibir un título que funciona como sentencia: guerrillero, comunista, enemigo de la patria, enemigo de Dios.
Estanislao Zuleta advirtió sobre esa forma de construir al adversario: cuando atribuimos al otro un mal absoluto, dejamos de verlo como alguien con quien podemos discutir y comenzamos a considerarlo una amenaza. Allí se abre una peligrosa bisagra moral: quien cree poseer la verdad se siente autorizado a usar la fuerza para preservar el bien y extirpar el mal.
Por eso, lo que empieza a plantearse en términos de laicidad del Estado —la separación entre la religión y el poder público— debería preocuparnos profundamente. Conviene recordar de dónde venimos. La Constitución de 1886 comenzaba diciendo: «En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad», y su artículo 38 establecía que la religión católica era la de la Nación. La Constitución de 1991, en cambio, dispone que «la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público» y reconoce la libertad de cultos: todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.
La diferencia no es menor.
El poder político, en un Estado democrático, no proviene de una voluntad divina, sino de la voluntad popular. Y como quienes eligen y quienes gobiernan son seres humanos, ambos pueden equivocarse. El poder es falible. Para eso existen la Constitución, la separación de poderes, los organismos de control y los frenos y contrapesos.
Todo cambia cuando quien ejerce el poder comienza a presentarse como intérprete de la voluntad de Dios. ¿Cómo controvertir mediante argumentos humanos a quien cree conocer los designios divinos?
¿Cómo ejercer oposición frente a decisiones que dejan de presentarse como opciones discutibles y pasan a revestirse de legitimidad trascendente?
Cuando la verdad deja de ser un territorio en disputa y se convierte en una premisa sagrada, desaparece la necesidad de deliberar. Y cuando la verdad religiosa se combina con el poder político, el contradictor puede convertirse en pecador y el adversario político, en enemigo moral (y mortal).
La historia ofrece demasiados ejemplos. La conquista y colonización del continente americano estuvieron acompañadas por discursos de evangelización que sirvieron para legitimar la dominación, el despojo y la destrucción de poblaciones indígenas. Y no es solo un problema del pasado. Gaza está allí para recordarnos que las referencias religiosas todavía pueden incorporarse a conflictos políticos y territoriales mientras la población civil soporta sus consecuencias más atroces.
Colombia tampoco es ajena a esa mezcla. Durante la denominada “Violencia política”, la confrontación entre liberales y conservadores se revistió de un lenguaje religioso que transformó al adversario político en enemigo de Cristo. A monseñor Miguel Ángel Builes se le atribuye una frase que permite comprender la dimensión del problema: «Quien mata a un liberal no comete pecado».
Cuando una guerra política se convierte también en una guerra religiosa, matar al adversario puede terminar presentándose no solo como permitido, sino como necesario. Ese antecedente debería bastarnos para comprender por qué no es inocuo escuchar «¡Viva Cristo Rey!» en la posesión del actual presidente de Colombia.
No porque haya algo reprochable en Cristo. Todo lo contrario. Ni porque alguien deba esconder su fe para gobernar. La libertad religiosa protege también al presidente. El problema comienza cuando la fe se confunde con el fundamento de la autoridad pública y Dios es invocado para dividir entre buenos y malos, patriotas y enemigos.
Defender la laicidad no significa combatir a Dios, a Cristo ni a ninguna religión. Significa garantizar que todos puedan creer. O no creer. Si los ateos no tienen cura, en un Estado laico sí tienen protección. La Constitución no exige creer para ser ciudadano ni condiciona la dignidad humana a aceptar una determinada explicación sobre Dios. Nuestro pacto político se construyó alrededor de la dignidad, el pluralismo y la autodeterminación. La igualdad, la libertad de conciencia y la libertad de cultos no son concesiones del gobierno de turno: son límites al poder de las mayorías.
La democracia constitucional no consiste solamente en contar votos. Consiste en garantizar que quien perdió pueda seguir existiendo, hablando, pensando y discrepando después de que se cuentan.
Por eso tampoco es menor escuchar como política de Estado la idea de «sacar a Marx de las aulas e introducir a Cristo». La preocupación aumenta cuando esa concepción se proyecta sobre la educación pública, que no es propiedad privada del gobierno de turno y no puede convertirse en un mecanismo para reproducir su visión religiosa, política o moral.
Cristo nunca tuvo que salir de las aulas para que Marx pudiera entrar, ni estudiar a Marx exige expulsar a Cristo.
En la educación deben poder encontrarse Tomás de Aquino y Nietzsche; Marx y Adam Smith; el liberalismo y el socialismo; las cosmovisiones indígenas y las tradiciones occidentales; las religiones y el ateísmo.
El problema comienza cuando lo que puede enseñarse deja de depender de criterios académicos, pedagógicos y científicos y empieza a responder a la protección de una determinada visión del mundo.
Entonces aparece la acusación de «adoctrinamiento», que siempre parece referirse a lo que enseñan los otros. Y aparece también la llamada «batalla cultural» que ha anunciado el gobierno para recuperar la patria. La expresión debería inquietarnos: ¿en qué momento la cultura se convirtió en un campo de batalla?
La cultura debería ser el territorio del encuentro, la contradicción, la conversación y la construcción de consensos provisionales. Convertirla en batalla supone trincheras, territorios por conquistar y enemigos que derrotar. Si la cultura es una guerra, la educación se convierte en uno de sus principales campos de combate.
Entonces ya no se trata de enseñar a pensar, sino de decidir qué deben pensar quienes aprenden.
Una educación democrática no debería temerles a las ideas. Debe enseñar a confrontarlas y a comprobarlas. Una educación en la que solo puede entrar una verdad deja de educar para pensar y comienza a educar para obedecer. Y un Estado en el que solo puede habitar una verdad comienza a dejar de ser democrático.
Los contradictores pueden ser una ventaja para cualquier gobernante, porque obligan a revisar certezas y a reconocer límites. Petro los graduó de enemigos. Esperemos que De la Espriella encuentre en la crítica una oportunidad para gobernar con ideas capaces de ser discutidas. Tener la verdad absoluta vuelve imposible cualquier diálogo.
La laicidad no exige dejar de creer. Exige que nadie pueda imponer su creencia desde el poder.
«¡Viva Cristo Rey!», terminó diciendo el presidente en su posesión. ¡Claro que sí! Que cada quien proclame y viva su fe con absoluta libertad. Pero que ese grito nunca vuelva a convertirse en una frontera para decidir quién merece derechos y quién puede perderlos; quién es ciudadano y quién enemigo.
Mucho menos quién puede morir en nombre de una verdad que se pretende divina. Para impedirlo, entre muchas otras cosas, existe un Estado laico.
*F. Sanri: Escritor, docente, investigador y abogado.
(Fotos: Pixabay y otras generadas por Geimni AI)
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