La eliminación de las medidas arancelarias que protegían al arroz dominicano pone en juego una actividad que genera unos 300.000 empleos directos e indirectos y sostiene a miles de familias rurales. El debate se ha encendido.
Mariela Pérez
La controversia se intensificó después de que el presidente Luis Abinader emitiera el Decreto 635-26, mediante el cual dejó sin efecto el Decreto 693-24, que establecía mecanismos arancelarios para regular las adquisiciones del cereal en el contexto del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).
Esta decisión gubernamental abrió un debate que trasciende los intereses de los agricultores y alcanza cuestiones como el potencial del país para garantizar el abastecimiento de un alimento básico, las condiciones de competencia entre economías desiguales y el margen de actuación de las autoridades frente a los compromisos internacionales.
Los reclamos del sector arrocero se combinan con pronunciamientos de partidos opositores y organizaciones de izquierda. El Gobierno defiende los avances de la producción nacional y anuncia iniciativas para mejorar la sostenibilidad del cultivo. El decreto suprimido había establecido aranceles del 20% para determinadas entradas de arroz dentro del volumen correspondiente y de hasta el 99% para las que excedieran ese contingente. También contemplaba una cuota de 23.300 toneladas métricas del grano blanco estadounidense con gravamen cero.
La disposición se había adoptado en medio de las preocupaciones por la liberalización prevista en el DR-Cafta, vigente desde 2005, y el vencimiento del período de protección acordado para determinados productos agrícolas.
Su retirada reavivó las inquietudes sobre la capacidad de los arroceros locales para competir con sus homólogos estadounidenses, quienes, aseguran representantes del sector local, cuentan con ventajas derivadas de los subsidios, la escala de las explotaciones, el acceso al financiamiento y las condiciones de producción.
El conflicto también plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la apertura y el amparo de una actividad considerada estratégica para el abastecimiento nacional.
Las organizaciones piden que el país disponga de medidas concretas que permitan preservar la producción local y los ingresos de las familias vinculadas con ella.
Una de las principales demandas de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz) es el acceso a préstamos de largo plazo, con bajas tasas de interés, períodos de gracia y garantías adaptadas a las características de la actividad agrícola.
Su presidente, Marcos Rodríguez, explicó que los agricultores necesitan recursos para preparar los terrenos, adquirir fertilizantes, atender el progreso de los cultivos y el control de plagas y malezas. Los fertilizantes representan entre el 35% y el 40% de los costos de producción.
Los cultivadores también mencionan el encarecimiento de los combustibles, los agroquímicos, la energía y la mano de obra, así como las dificultades que enfrentan los pequeños agricultores para acceder al crédito en condiciones favorables. Reclaman la reapertura de las exportaciones del grano hacia Haití, mercado que considera una oportunidad para colocar parte de la producción dominicana. La actividad reúne a unos 32 mil trabajadores y genera alrededor de 300 mil empleos directos e indirectos para agricultores, trabajadores rurales, transportistas, factorías y comerciantes.
La dimensión social del conflicto es clara: las consecuencias de una eventual contracción de la producción no quedarían circunscritas a las fincas, sino que podrían extenderse a otras actividades económicas vinculadas con el cultivo. PL
(Fotos: Pixabay)
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