A excepción de los apologistas del gobierno, que se empeñan en afirmar que todo marcha perfectamente, lo cierto es que el país parece estar sumido en un caos del que no se ve la salida. Autoritarismo, violación de derechos humanos, masacres, asesinatos diarios… una realidad que muchos saben que no puede seguir.
La pandemia del coronavirus solo ha venido a incrementar los problemas y a mostrar toda la debilidad del sistema; pero los problemas son estructurales.
Los problemas vienen de lejos y no son muy diferentes en su naturaleza de los que afectan a los demás países del continente.
El modelo neoliberal que se impuso a todos los gobiernos de la región no cumplió sus principales promesas de generar abundante riqueza mediante una vinculación suicida con el nuevo mercado mundial (la llamada globalización), modernizar la administración pública y, sobre todo, reducirla a lo mínimo para dejar el campo libre a la iniciativa privada.
La destrucción del modelo desarrollista de entonces -al cual se pueden vincular los modestos avances de estas sociedades en la modernidad- no condujo al paraíso terrenal que prometían los neoliberales sino al estancamiento y a la crisis profunda en todos los órdenes.
Y aunque parezca exagerado, también convirtió estas sociedades nuevamente en neo-colonias, en simple complemento de las metrópolis, prescindibles y suministradoras de materias primas y mano de obra barata.
Una sociedades que son instrumentos políticos en favor de los intereses del Occidente capitalista y hasta en carne de cañón en sus aventuras bélicas, como sucede ahora con Colombia precisamente, convertida en base militar de los Estados Unidos para el control de todo el continente, sobre todo, como puntal principal en los actuales planes de Washington para invadir Venezuela. No es por azar que el país haya sido incluido como “socio” en la OTAN.
Vistas las propuestas de los reformistas en Colombia tal parece que no se enfatiza demasiado en el modelo neoliberal, que es mucho más que un conjunto de políticas económicas.
Y este es un asunto fundamental porque sin superar las limitaciones estructurales no será posible salir de la pobreza, del atraso y, sobre todo, del lugar enormemente desventajoso que el país ocupa en el tejido económico y político del mundo.
Ante la actual correlación de fuerzas no es realista proponer un objetivo tan ambicioso como el desmantelar el modelo neoliberal, y son las fuerzas reformistas las que deben formular un programa que consiga generar la fuerza necesaria para avanzar en su propósito. Debido al primitivo sistema electoral de Colombia, en el que se abstiene de manera regular y desde hace al menos medio siglo hasta la mitad de la población en posibilidad de votar, se podría concluir que existe poco interés político en la población.
Por ende, no habría esa fuerza social indispensable para el cambio. Sin embargo, dos factores sustentarían un punto de vista de relativo optimismo.
El primero, el enorme coraje de los sectores populares que, pese a todos los obstáculos, mantienen una resistencia heroica, sosteniendo una protesta que no consiguen eliminar ni las masacres sistemáticas, ni la represión abierta, ni las campañas de terror oficial y paramilitar.
Tales masacres se han intensificado en los dos años del actual gobierno de Duque pero funcionan desde hace muchos años en una suerte de guerra no declarada entre el sistema y los sectores sociales más perjudicados.
Dicho sectores están conformados por campesinos y asalariados sometidos a duras formas de explotación; grupos étnicos amenazados con la extinción; iniciativas ciudadanas en defensa de la condición de género o protectoras del medio ambiente; millones de jóvenes sin futuro social ni laboral y condenados a la exclusión o una emigración no deseada; y una masa inmensa de excluidos, de marginados en extrema pobreza, que rodean las grandes ciudades o colonizan en condiciones miserables las fronteras agrícolas del país.
Todos ellos constituyen el núcleo fundamental del descontento y la protesta ciudadana. El segundo factor a tener en cuenta es el avance de las propuestas de partidos y de organizaciones políticamente de centro y de izquierda.
Es decir, de la izquierda tradicional con todos sus matices y de sectores sociales de las clases medias que la crisis actual afecta bastante.
Todos ellos coinciden en el propósito de superar la enorme desigualdad existente, la violencia cotidiana (tan vinculada a esa desigualdad), los cuadros más dramáticos de la pobreza y la exclusión, hacer real la paz superando definitivamente el conflicto interno (cumplir el Acuerdo de Paz de La Habana sería un avance decisivo para lograrlo) y dar pasos importantes en el logro de la convivencia ciudadana.
El programa inmediato de cara a las elecciones de 2022 tiene objetivos claros.
Uno de ellos es la reforma profunda del ejército y de la policía aunque solo sea para que los cuarteles se atengan estrictamente al rol que les fija la Constitución de manera que la presencia de los uniformados no despierte miedo en la población sino la necesaria sensación de sentirse protegida.
Por otro lado está el revisar a fondo la manera como se constituyen los poderes del Estado mediante le reforma del sistema electoral y del nombramiento de los jueces para que la independencia de esos poderes corresponda también a lo que dicta la Carta Magna.
Igualmente, busca poner fin a la atmósfera de terror y garantizar plenas garantías democráticas y el goce efectivo de los derechos civiles (la protesta en las calles, la libertad efectiva de escribir contra los abusos del poder sin tener que terminar callando por temor).
Finalmente, está el hacer una limpieza general y profunda de las instituciones para garantizar el fin de la corrupción (la pública y la privada) y el reinado de la impunidad que, cada una a su modo, tanto contribuyen a la pérdida de legitimidad del sistema. Ya se sabe, cuando ésta falta solo queda el terror para asegurar la tranquilidad de quienes se benefician de la injusticia. Para impedir las reformas ya hay voces de la extrema derecha que están pidiendo el cierre de los pocos espacios que aún le quedan a la protesta.
Hay quienes proponen mano dura contra la protesta social y establecer, otra vez, las antiguas formas del “estado de sitio” que por tantas décadas hacía de Colombia una dictadura de facto.
Sin duda no es un camino despejado o fácil para los reformadores en Colombia.
Pero a su favor juega el cansancio evidente de amplias mayorías sociales y su claro rechazo a esta situación, y la decisión de importantes grupos políticos que piensan que necesario y posible el cambio, pese al oscuro panorama.
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