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El exilio como práctica social genocida

El derecho a reconocer un grupo de la población que fue apartada de Colombia y a la cual le fueron negados sus derechos políticos es un elemento fundamental para superar la violencia. Del 25 al 27 de marzo tendrá lugar la tercera audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos que sesionará en Colombia.

 

Gauthier Alexandre Herrera*

 Fotos: Nathan Raia

 

¿Cuál es el lugar que ocupa el exilio en la historia de violencia colombiana? El concepto de exilio hace referencia a la obligación de vivir fuera del suelo en el cual toma raíz la trayectoria de un ciudadano.

Esto implica el castigo por el alejamiento de su suelo natal y se ubica en el campo lexical de los sentimientos de angustia, desgracia y sufrimiento.

En el caso colombiano miles de personas han abandonado el territorio nacional con el objetivo de lograr condiciones de vida digna que no son posibles en el lugar de origen.

Es igualmente el caso de otros tantos de miles de exiliados políticos que se vieron obligados a abandonar el país por motivos o razones  políticas.

Es decir, por su oposición a un sistema considerado ilegitimo y violador de los derechos humanos. En las dos modalidades se trata de una búsqueda de dignidad humana.

Según la organización World Top Incomes Database Colombia es uno de los países con mayor inequidad en el mundo.

La situación de pobreza de miles de hombres y mujeres (casi el 20% de los colombianos se encuentran en situación de extrema pobreza), se halla en el origen de las motivaciones de diversos movimientos sociales que luchan por equilibrar la distancia de riqueza entre la clase alta y amplios sectores de la población que no tienen acceso a derechos básicos como la educación, la salud, el trabajo y la vivienda digna.

Sin embargo, las movilizaciones sociales en el país han sufrido una cruenta represión estatal, por acción o por omisión, configurada con el accionar de organizaciones territoriales que se estructuran en diversos actores de la guerra: narcotráfico, insurgencia armada, paramilitares y agentes del Estado.

Las cifras sobre masacres y asesinatos selectivos son públicas y hablan por sí solas. Independientemente del tipo de actor que materializa los hechos de violencia, la responsabilidad  de Estado no se pone en duda.

Se trata de una clara incapacidad para lograr que los principios y fundamentos de la Constitución política de 1991 impregnen la cotidianidad de los ciudadanos.

Del 25 al 27 de marzo tendrá lugar la tercera audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos que sesionará en Colombia.

Uno de los hechos de violencia juzgado será el exilio, concebido como práctica social genocida.

Es decir que se evaluará al Estado colombiano en su responsabilidad del exilio como método que busca apartar los líderes y lideresas sociales para así controlar a las poblaciones que se organizan en los territorios; quienes reclamaban vida digna y respeto a los derechos humanos.

El derecho a reconocer un grupo de la población que fue apartada del país y a la cual le fueron negados sus derechos políticos es un elemento fundamental para superar la violencia.

Se trata de que las voces de miles de exiliados políticos tengan al fin un relato en la memoria colectiva. Los exiliados tienen el deber y el derecho de recuperarla y de hacer uso de la palabra, como dice Primo Levi. Dado el sufrimiento vivido, los exiliados reclaman un lugar en la historia no contada del país.

*Gauthier Alexandre Herrera Doctor en ciencias de la información y de la comunicación.

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