Lo que significó el gobierno golpista de Jeanine Añez en la vida de los bolivianos fue desolador pues arrojó por la borda los logros de Evo Morales. El autor cuenta hora como después de aquel año de represión, violencia y corrupción, los cambios empiezan a sentirse con la llegada de Luis Arce a la presidencia.
El golpe de Estado que instaló un régimen racista liderado por Jeanine Añez, fue orquestado por el secretario general de la OEA,
Nada demasiado sorprendente aquí, un estribillo popular entre los activistas de América Latina dice así: “mientras que el ecuatoriano Lenin Moreno tardó 3 años en destrozar tanto los logros del gobierno de izquierda como la economía del país, Bolsonaro lo hizo en Brasil en 2; pero Añez lo hizo en solo 6 meses”.
Así, una de las primeras medidas de Añez fue una ola de despidos masivos de empleados públicos, agravada por una total falta de apoyo estatal a las empresas, negocios y trabajadores en problemas debido a la pandemia de Covid-19.
Con respecto a la pandemia, en lugar de tomar medidas extras de apoyo, justo cuando los contagios y las muertes arreciaban, el gobierno de facto no sólo expulsó a cientos de médicos cubanos que se encontraban en Bolivia como parte de la colaboración de Cuba con el gobierno de Evo -literalmente días después del golpe de Estado-, sino que se negó de plano a asignar recursos extras a la salud para fortalecer el combate al Coronavirus y, para colmo, redujo el gasto en salud.
Pero, cuando, obligado por la presión de la movilización masiva, dispuso de recursos extras para la compra de insumos de salud, el ministro a cargo incurrió en una grosera corrupción que llevó a su renuncia pero no a una investigación o juicio serio.
Las nuevas autoridades del gobierno de Arce ya han iniciado investigaciones en casos “emblemáticos” de corrupción como el sobreprecio en la compra de ventiladores; la contratación de compinches para trabajar en empresas estatales con enormes sueldos o estipendios injustificados; millonarios contratos “de emergencia” en YPFB (empresa estatal/de gas) sin el debido proceso ni concurso público legal defraudando así masivamente a la empresa; millonarios pagos en contratos “fantasmas” para viviendas públicas; etc.
Peor aún, a finales de 2020, el gobierno de facto todavía no tenía una lista de las empresas que habían cerrado sus negocios a causa de la pandemia, ni una idea clara de cuántos puestos de trabajo se habían perdido en la economía del país, aunque la información estaba disponible. Según el Centro de Desarrollo Laboral y Agrario, no sólo la pobreza había aumentado masivamente, sino que el desempleo había saltado del 4,3% al 9,6% en un país donde el sector informal del empleo ha alcanzado el 80%.2
La respuesta neoliberal del gobierno de facto a la pobreza, al desempleo y a la crisis económica que mordía no fueron políticas sino represión, por lo que miles literalmente pasaron hambre.
Un informe de la época (mayo de 2020) informaba que alrededor de 1,7 millones de bolivianos no podían cubrir los gastos ni siquiera de una canasta básica de alimentos.
Mientras que el total abandono y la falta de medidas por parte de Añez y compañía permitieron que la pandemia hiciera estragos entre los más pobres con cientos de miles de infectados y miles de muertos.
Así, mientras el “gobierno interino” de Añez añadía ilegitimidad a la ilegalidad, brutalidad a la incompetencia y neoliberalismo a la corrupción, las consecuencias de tan terrorífico cóctel “bolsonaresco” la situación había creado casi 2 millones de nuevos pobres.
E invariablemente su explicación a cualquier crítica a tan desordenada gobernanza era culpar de todo a Evo Morales y al gobierno del MAS-IPSP. Y, como la noche sigue al día, las “urgencias” neoliberales de Añez la llevaron a terminar solicitando una innecesaria ayuda financiera de emergencia al FMI, que inmediatamente le llevó a emitir un préstamo de 327 millones de dólares con las habituales y onerosas condicionalidades que socaban la tan duramente conquistada soberanía económica de Bolivia.
Para 2020, la economía se había contraído en un 10%, lo que provocó más desempleo, penurias y hambre, y dio lugar a protestas masivas y, por supuesto, a más represión.
El ahora tristemente célebre ministro del Interior de Añez, Arturo Murillo, en respuesta a esta oposición política masiva, dijo que “disparar balas [a los manifestantes] sería lo que se requiere políticamente”.
No se trataba de una retórica ociosa; las fuerzas represivas ya habían perpetrado dos masacres en noviembre de 2019, en Senkata (La Paz) y Sacaba (Cochabamba), sobre las que una organización de derechos humanos informó de 36 personas muertas y más de 500 heridas, describiendo la situación con el elocuente título “Nos dispararon como animales”. Como el gobierno de Añez era sólo temporal y sin autoridad constitucional o legal para cambiar nada, ya que su única tarea era organizar las elecciones nacionales, la coalición de extrema derecha que llevaba las riendas del poder utilizó la pandemia como excusa -sobre la que se estaba haciendo muy poco- para posponer las elecciones, lo que hizo en cuatro ocasiones.
Afortunadamente, mediante la presión de las masas, la disciplina política, la inteligente unidad de acción del movimiento de masas liderado por el MAS, y la utilización de unos pocos puestos en el edificio político existente, el pueblo logró persuadir (en realidad, forzar) al gobierno de facto de Añez a aceptar la decisión legal del Parlamento de celebrar elecciones el 18 de octubre de 2020, con los extraordinarios resultados antes mencionados.
Cuando el recién elegido presidente, Luis Arce, que había sido ministro de política económica de Evo y artífice de los impresionantes resultados económicos de Bolivia en el periodo 2006-2019, anunció que como primera decisión política restablecía las relaciones diplomáticas plenas con Cuba, Venezuela e Irán, provocó escalofríos en los derechistas desde la Patagonia hasta el Klondike.
Las primeras medidas económicas de Arce fueron igualmente interesantes. En primer lugar, el Bono contra el Hambre de 1.000 bolivianos (150 dólares / 100 libras) destinado a los más desfavorecidos (discapacitados, mujeres embarazadas, ancianos, los más pobres, etc.) que beneficiará a unos 4 millones de personas.
En segundo lugar, la reducción del impuesto sobre los pagos con tarjeta de crédito del 13% al 8% y la devolución de la diferencia (5%) al cliente, la devolución del IVA a las personas de bajos ingresos, y un impuesto a las grandes fortunas sobre su patrimonio en bienes inmuebles y no inmuebles, y sobre la renta. En tercer lugar, entablar negociaciones con organismos multilaterales (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo) para obtener créditos sin condicionamientos económicos ni políticos, e incluyendo una moratoria y la condonación de la deuda del país y de los intereses de la misma.
En cuarto lugar, evitar, en la medida de lo posible, la devaluación de la moneda nacional para favorecer el crecimiento económico, y fomentar la sustitución de importaciones entre otras políticas reactivadoras.
En quinto lugar, fortalecer la demanda económica interna para contribuir a la reactivación de la actividad económica mediante subsidios a los más pobres y otros segmentos de la sociedad.
Sexto, profesionalización del poder judicial a través del mérito y la cualificación y no por cuotas políticas determinadas por la fuerza relativa de las fuerzas políticas existentes, método que Arce calificó de “inservible”.
Y séptimo, en el mediano y largo plazo continuar con la industrialización del litio y el hierro, junto con un programa hacia la soberanía alimentaria, la promoción del turismo interno, la exportación de electricidad y la industrialización del gas, todo ello en el contexto de mantener todas estas actividades ampliamente bajo control y propiedad del Estado.
*Fuente original: Public Reading Rooms – (Próxima semana: Bolivia 3)
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