Bajo el argumento de que Cuba no es prioridad persiste en la práctica el enfoque trumpista de perjudicar al máximo a la isla y sus habitantes, e interponer todos los obstáculos posibles e impedir el mejoramiento de los nexos bilaterales.
Orlando Oramas Leon
La vigencia hoy de las más de 240 medidas coercitivas impuestas por el gobierno de Donald Trump contra Cuba hacen parecer que la administración de Joe Biden carece de política propia hacia la nación caribeña.
En ello está el recrudecimiento inédito del bloqueo aplicado hace más de 60 años, cuyos efectos causan pérdidas récord a Cuba.
Baste decir que del total de decisiones anticubanas de la era Trump, 55 de tales acciones fueron impuestas en tiempos del Covid-19, lo cual ejemplifica la intención criminal de la política estadounidense vigente hoy. Son parte del entramado del cerco que impacta en la vida de los cubanos y se confirma como el principal obstáculo para el desarrollo y la meta de alcanzar la prosperidad y bienestar.
El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos es la más larga afrenta sostenida en el tiempo contra los derechos humanos de un pueblo y constituye, por sus efectos, un crimen de lesa humanidad.
Así lo calificó el presidente de la República y secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Canel dijo que junto a las medidas de Trump se suman los castigos resultantes de la reinclusión de su país en la “espuria y arbitraria lista del Departamento de Estado sobre países que supuestamente patrocinan el terrorismo”.
Ningún funcionario estadounidense y ningún político de ese u otro país puede afirmar sin faltar a la verdad que Cuba patrocina el terrorismo, afirmó vez Díaz-Canel, quien agregó: “Somos un país víctima del terrorismo, organizado, financiado y ejecutado en la mayoría de los casos desde los Estados Unidos”.
Por su parte, el exembajador de Cuba en Washington, José Ramón Cabañas, ha dicho que “Se ha demorado mucho la decisión de retirar a Cuba de dicha lista, a pesar de que la administración precedente tomó tal decisión desconociendo todos los procedimientos internos para ello.”
Cabañas expreso que Cuba sigue en el punto de mira de Estados Unidos y “ante el costo humano de la invariable hostilidad hacia la isla antillana cabría preguntarse si el actual gobierno comparte la visión y el accionar de la administración trumpista contra La Habana”.
En 100 días que lleva en la presidencia Joe Biden ninguna de las acciones de Trump contra Cuba ha sido rectificada, lo cual hace que Cabañasse pregunte si la actual administración comparte la filosofía de dichas medidas.
Y ello pone en el tapete otras preguntas sobre asuntos a reparar en la intención de recomponer las relaciones entre Washington y La Habana.
¿Por qué existen legislaciones como la Ley Torricelli o la Helms-Burton que pretenden controlar los destinos de Cuba e impedir sus vínculos comerciales con el mundo?
En tal sentido el máximo dirigente cubano inquiría en el congreso del PCC por qué Washington dedica “cientos de millones de dólares a tratar de subvertir el orden constitucional de Cuba”, si este país no resulta prioridad para Biden.
¿Qué justifica una guerra económica cruel e incesante durante más de 60 años? ¿Por qué pagan el precio del aislamiento internacional, evidenciado en las Naciones Unidas y en otros foros internacionales, al mantener una política moral y legalmente insostenible?
Por el contrario, desde La Habana ha sido clara la intención de retomar el camino de las relaciones sobre bases de igualdad, respeto mutuos y sin injerencias.
Díaz-Canel ha mencionado la abierta disposición que tiene el gobierno cubano de cooperar con Estados Unidos en áreas temas como cambio climático, enfrentamiento a las amenazas a la salud (como el Covid-19), promoción de los derechos humanos y temas migratorios. (PL)
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