La intensa, embriagadora y bien orquestada campaña de demonización a nivel mundial contra el gobierno del FSLN inevitablemente ha influido y tintado la visión de muchos individuos sobre su buena voluntad, quienes pueden tener una preocupación sana por el caudal de denuncias de los medios de comunicación sobre el comportamiento antidemocrático que se atribuye al gobierno nicaragüense.
Francisco Domínguez*
Junio de 2016 marcó una escandalosa “telenovela de mentiras sexuales y denuncias de paternidad” – que fue un factor indiscutible para que Morales perdiese por poco el referéndum en 2016. Sin embargo, el bebé nunca existió pero fue “materializado” por los medios de comunicación mundiales justo antes de que se celebrase el referéndum. No hubo ninguna indignación mediática ante tan grotesca fabulación. Por lo tanto, no se puede subestimar el poder e impacto de la guerra psicológica dirigida por USA a través de los medios de comunicación corporativos, especialmente cuando se trata de Nicaragua, Cuba, Venezuela o cualquier otro gobierno en el punto de mira de los planes de “cambio de régimen” de USA.
La guerra psicológica y su concomitante demonización mediática tienen la función de alejar el apoyo de la opinión pública progresista de los gobiernos o individuos objetivo de Estados Unidos. Lula y su partido, por ejemplo, fueron sometidos a este tipo de demonización mediática consiguiendo persuadir a muchos, principalmente en Europa y Estados Unidos, de su culpabilidad en el escándalo de corrupción Lava Jato que sacudió a Brasil. Por el que fue juzgado y condenado con cargos falsos que le llevaron a un encarcelamiento ilegal e injusto durante más de 580 días. La sentencia del Tribunal Supremo de Brasil, que lo declaró inocente de todos los cargos, no ha provocado ningún escándalo en los medios de comunicación. Sin embargo, el daño causado es bastante grande: la guerra contra Lula le impidió ser candidato presidencial, creando condiciones favorables para la elección del fascista Bolsonaro.
La demonización de Evo parece haber sido parte de un plan más amplio destinado a su destitución, que se logró en noviembre de 2019 gracias a la intervención corrupta del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien, con el apoyo de la “misión electoral” de la Unión Europea en Bolivia, denunció falsamente “irregularidades” que implicaban un fraude electoral. El golpe llevó al poder al gobierno racista y fascista de facto dirigido por Jeanine Añez, que desató una brutal represión y persecución policial contra los movimientos sociales, perpetró varias masacres y se dedicó a una enorme corrupción. La repugnante conducta de Almagro no se ha reflejado en los medios de comunicación, ni siquiera después de haber sido denunciado públicamente por el presidente de Bolivia, Luis Arce, y el ministro de Asuntos Exteriores de México.
En realidad, la trama se complica: el gobierno boliviano con la ayuda del gobierno de Argentina, han aportado pruebas irrefutables de que en noviembre de 2019 el expresidente derechista de Argentina, Mauricio Macri, envió a Bolivia un arsenal de guerra de miles de municiones, 70.000 cartuchos antidisturbios, miles de balas de goma, muchas armas largas y cortas, incluyendo ametralladoras, como una “contribución” al golpe que derrocó al presidente Morales. Tampoco ha habido indignación mediática al respecto, sino que la mayoría de los medios corporativos han optado por omitirlo.
En Venezuela, el presidente Maduro ha denunciado varios atentados contra su vida, uno de los cuales fue televisado en 2018; sin embargo, no dio lugar a ninguna condena de los medios de comunicación corporativos. En mayo de 2020 Venezuela fue objeto de un atentado mercenario cuyos autores lo admitieron públicamente, pero tampoco dio lugar a ninguna condena mediática. Al menos, el brutal asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, a manos de un escuadrón de mercenarios colombianos que parecen estar conectados con las autoridades colombianas, ha recibido un mínimo de condena por parte de los medios de comunicación y hay algunas investigaciones periodísticas sobre la participación de Colombia. El sangriento magnicidio de Haití (Moise fue primero torturado y luego asesinado con 12 balas) demuestra que Estados Unidos y sus aliados en la región están dispuestos a llegar a cualquier extremo para obtener resultados. No hay razón para pensar que Nicaragua, como muestra el intento de golpe de Estado de 2018, sea tratada de forma diferente.
La desesperación del imperio
En este momento, el problema para la maquinaria intervencionista de Estados Unidos en Nicaragua son las próximas elecciones que se celebrarán el 7 de noviembre de 2021 con la probable victoria del FSLN. El pueblo nicaragüense elegirá presidente, vicepresidente y 90 diputados de la asamblea nacional. Estados Unidos está desesperado por desacreditar estas elecciones orquestando una serie de provocaciones mediáticas que le permitan no reconocer los resultados (aunque, después de la vergonzosa experiencia con el corrupto primus inter pares, Juan Guaidó, es poco probable que proclame un “presidente interino” nicaragüense; aunque yo no me haría ilusiones). La desesperación del sistema intervencionista estadounidense, especialmente su extrema derecha (Marco Rubio, Ted Cruz, la NED, la USAID, etc.), se manifiesta en un esfuerzo mediático por desacreditar las próximas elecciones, tratando de influir en la opinión pública progresista internacional con una narrativa de desilusión con el FSLN (etiquetada como orteguismo), dirigida a crear la impresión de que el FSLN está aislado, recurriendo así a medidas dictatoriales, y que ha traicionado al sandinismo. Aparte de ser malicioso, esto es totalmente falso.
Bajo el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, Nicaragua ha defendido con éxito la soberanía de la nación restaurando las conquistas sociales de la revolución de 1979-1990, derrotando el violento intento de golpe de Estado orquestado por Estados Unidos en 2018 y profundizando las medidas socioeconómicas progresistas implementadas desde 2006. Un buen indicador de lo que hubiera sucedido de haber triunfado la intentona golpista de 2018 son las acciones del gobierno de Añez en Bolivia, la brutalidad y temeridad fascista de Bolsonaro, la criminal “presidencia interina” de Guaidó y el abyecto servilismo de Almagro a los objetivos imperiales, cuyo factor común es Estados Unidos. De haber triunfado el golpe, la conexión estructural entre los desarrollos socioeconómicos de Nicaragua y la soberanía nacional, sobre la que ésta descansa, habría sido brutalmente demolida, incluyendo la represión y el asesinato de muchos sandinistas y líderes sociales. Las atrocidades perpetradas durante la intentona golpista de 2018 (torturas, quema de personas, incendio de casas, centros de salud, emisoras de radio, y violencia generalizada), son prueba irrefutable de ello.
El gobierno del FSLN no está aislado; no sólo goza de un apoyo mayoritario en Nicaragua, sino que cuenta con la firme solidaridad del Foro de Sao Paulo, el organismo latinoamericano que reúne a 48 organizaciones sociales y políticas. Entre ellas están el Partido Comunista de Cuba, el PSUV de Venezuela, el MAS de Bolivia, el Partido de los Trabajadores de Brasil, el Frente Grande de Argentina y el MORENA de México, por mencionar las más importantes, partidos que superan literalmente los 120 millones de votos y que están o han estado en el gobierno. El Foro (16 de junio de 2021) ha emitido una declaración contundente en apoyo a la soberanía de Nicaragua en la que califica de falsas las acusaciones de “detención arbitraria de opositores”.8
El Grupo de Puebla, organismo que reúne a un gran número de líderes políticos de la región, creado conjuntamente por López Obrador y Alberto Fernández, presidentes de México y Argentina, respectivamente, emitió en febrero de 2021 un manifiesto en el que expresa su apoyo a Nicaragua (así como a Cuba y Venezuela) y condena la agresión, la injerencia externa y la desestabilización a la que han sido sometidas estas naciones por parte de EE.UU. 9 Entre los miembros del Grupo se encuentran Lula, Dilma Rousseff, Evo, Rafael Correa, Fernando Lugo, Ernesto Samper, Leonel Fernández, Luis Guillermo Solís y José Luis Zapatero, ex presidentes de Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Colombia, República Dominicana, Costa Rica y España, y muchos otros políticos destacados.
Además, el Secretario Ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Sacha Llorenti, también condenó la agresión y las sanciones ilegales contra Nicaragua (y Cuba y Venezuela). Llorenti alabó las “lecciones de dignidad dadas por el pueblo nicaragüense al mundo” y le rindió homenaje por los “logros [de] la Revolución Sandinista”.10 Asistió al 42º aniversario de la Revolución Sandinista celebrado en Caracas. El ALBA-TCP es una coordinación radical fundada en 2004 que incluye a Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Granada y la Federación de San Cristóbal y Nieves.
Aunque en Europa la oposición a la agresión estadounidense es fuerte, lo es menos que en América Latina. Los asuntos exteriores están dominados por la abyecta y sistemática capitulación de la Unión Europea ante la política exterior de Estados Unidos (en América Latina, y en el mundo). Así, hemos asistido al vergonzoso espectáculo del reconocimiento por parte de Europa de Guaidó como “presidente interino” de Venezuela, y del Parlamento Europeo, llevado de las orejas por el partido español de extrema derecha Vox, para emitir condenas a Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Este último por la temeridad de llevar ante la justicia a Jeanine Añez, pieza clave en el golpe de Estado de 2019 contra Evo y responsable directa de la persecución, represión y masacres perpetradas contra los bolivianos durante sus 11 meses de gobierno ilegal.
Dado que la UE apoya todos los asaltos violentos contra la democracia en las Américas, sería coherente haber apoyado el asalto inspirado por Trump al Capitolio de Washington. El 6 de enero de 2021, la extrema derecha estadounidense aplicó técnicas de “cambio de régimen” en su país, como demostró el violento asalto televisado al Capitolio. El asalto fue llevado a cabo por matones armados de extrema derecha (supremacistas blancos), casi idénticos a los esfuerzos liderados por Estados Unidos en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba, que implicaron el no reconocimiento de los resultados electorales, la difusión incesante de noticias falsas, el cuestionamiento de la credibilidad de las instituciones del Estado, la fanatización de los partidarios, todo ello dirigido a provocar una crisis que busca impedir la proclamación como presidente del verdadero ganador.
Conclusión
Apoyar cualquier forma de injerencia estadounidense en los asuntos internos de una nación soberana atacada por Estados Unidos, pidiendo que “la comunidad internacional actúe”, o repitiendo (sin querer) la narrativa del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre esa nación equivale a legitimar la política estadounidense de “cambio de régimen”.
Si no fuera por la agresión e injerencia de Estados Unidos, países como Nicaragua habrían despegado y desarrollado la democracia y el progreso social, como han demostrado los breves intervalos de soberanía nacional (1979-1990 y 2006-2018). Cuba, por ejemplo, es una potencia educativa, deportiva, médica y biotecnológica, aunque haya perdido 144.000 millones de dólares (es decir, el equivalente a 10 economías nicaragüenses a precios actuales) en las últimas seis décadas debido al bloqueo estadounidense. Imagínense cómo podría haberse desarrollado Cuba y multiplicado su generoso aporte solidario al mundo si no hubiera tenido que soportar el criminal bloqueo yanqui.
Partiendo de su intervención en 1909, Estados Unidos mantuvo a Nicaragua invadida militarmente desde 1912 hasta 1933, ejerció el control directo durante la dictadura de Somoza hasta 1979, y luego, si se suma la Guerra de la Contra (1980-1990) y los gobiernos neoliberales (1990-2016), ¡los Estados Unidos cercenaron o anularon sistemáticamente la soberanía nacional de Nicaragua durante 97 años en el siglo XX! Si añadimos el agresivo expansionismo estadounidense del siglo XIX en el Caribe, incluyendo la incursión mercenaria de William Walker en 1856 –cuando tomó el poder por la fuerza militar y restauró la esclavitud–, ¡la pobre Nicaragua ha estado bajo el pulgar imperial de Estados Unidos durante más de 140 años!
Nicaragua tiene derecho a emprender su propio camino alternativo de desarrollo que, como cuestión de sacrosanto principio moral, debe ser determinado únicamente por los nicaragüenses sin ninguna interferencia externa y, sobre todo, en paz.
¡Estados Unidos fuera de América Latina, Estados Unidos fuera de Nicaragua!
(Traducido por Claudia Lillo – Email: lillo@usal.es) – Fotos: Pixabay
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