En Colombia se cumplieron cinco años de la firma del Acuerdo de Paz entre la insurgencia armada y el gobierno colombiano y el balance no puede ser más negativo y las esperanzas de alcanzar la paz parecen más lejanas que nunca.
Todo parece indicar que corresponderá al nuevo gobierno que surja de las elecciones de 2022 (por supuesto si no las gana la extrema derecha), retomar el Acuerdo y llevarlo a buen término.
En este propósito deberá comprometer a una parte decisiva de la clase dominante y a importantes sectores de la opinión pública que hoy ven con desdén e indiferencia cómo el Acuerdo se incumple totalmente y cómo cada día que pasa se confirma la estrategia del actual gobierno de “hacer trizas” lo pactado en La Habana. En un proceso electoral en marcha resulta entonces conveniente conocer las propuestas de la izquierda (Gustavo Petro) y del denominado centro (Alejandro Gaviria) para retomar el Acuerdo y hacerlo realidad. Desde esta perspectiva el centro y la izquierda tendrían que formular las estrategias que permitan superar los actuales obstáculos pues no basta con la voluntad política de hacerlo.
El primer obstáculo serio es precisamente que en la práctica ese Acuerdo no es un compromiso de Estado y cada gobierno lo asume a conveniencia, tal como hace la actual administración del derechista Duque.
Por tanto, es indispensable que la clase dominante, el poder efectivo detrás del gobierno, acuerde llevar a cabo las reformas acordadas en la utilización de la tierra y los recursos naturales (agua, minerales, bosques, etc.) con cambios importantes al actual modelo económico neoliberal.
Igualmente, significa aceptar la reforma del sistema político y de participación ciudadana para democratizar y modernizar el actual, caracterizado por su primitivismo e imposición violenta de la voluntad de minorías sobre la inmensa mayoría de la población.
Cumplir con lo pactado en La Habana implica también resolver el problema del narcotráfico mediante alguna fórmula de legalización del consumo (como se ha hecho en otros países) y encontrar formas alternativas de utilización de los psicotrópicos.
También hay que dar un nuevo impulso a la Comisión de la Verdad, uno de los pocos puntos que ha avanzado, pese a todas las limitaciones impuestas.
Si estos puntos (los más destacados del Acuerdo) no son apoyados es porque afectan de lleno a sectores claves del poder económico del país.
Y esos sectores son los grandes terratenientes y ganaderos, empresas transnacionales de la minería y la agroindustria, banqueros y empresarios de diversos sectores que facilitan el fluido del dinero ilegal (un muy alto porcentaje de las divisas del país proviene del narcotráfico y es posible que al menos medio millón de personas tenga un vínculo directo o indirecto con estas actividades). Un nuevo gobierno de progreso y paz que se proponga hacer real el Acuerdo tiene que conseguir que se produzca en el seno de la clase dominante un pacto básico para impulsar los cambios.
Si esto no es factible solo queda que un gobierno nuevo, con fuerte respaldo social, esté en condiciones de imponer las reformas, entre otros motivos porque ninguno de los puntos del Acuerdo de Paz afecta la naturaleza burguesa del orden social.
En realidad, se trata tan solo de modernizar y, sobre todo, de democratizar las condiciones básicas del orden social del país.
Se requiere alcanzar una legitimidad suficiente que nace del apoyo social mayoritario y convertirlo de hecho en un compromiso de Estado (formalmente ya lo sería, aunque en el papel). Pero nada de esto puede ocurrir si no cuenta con el respaldo decisivo de los cuarteles, con los cuales el nuevo gobierno debería negociar unos cambios radicales en su conformación y funcionamiento, pues sin ellos militares y policías seguirían siendo uno de los factores claves para que las medidas gubernamentales no puedan hacerse realidad.
Pactar las reformas posibles con el conjunto de la gran burguesía criolla sería el camino menos dramático aunque suponga por supuesto recortes importantes en el alcance que tengan las reformas (en la reforma agraria, por ejemplo).
Imponer los cambios en lugar de negociarlos supone escenarios más complejos pues aunque esa clase dominante pierda el gobierno, mantendrá intacto el control de los principales resortes de la economía, la propiedad de los medios masivos de comunicación (y manipulación) y otros factores que conforman el poder real., sin olvidar que esa burguesía criolla tendrá siempre el respaldo de las potencias metropolitanas del capitalismo de forma directa o a través de las llamadas “instituciones internacionales” que son en el fondo instrumentos claves de las políticas imperialistas (OMC, BM, FMI, y similares).
Por otro lado, conseguir la paz con los grupos de izquierda que aún están alzados en armas será bastante fácil si se inicia el proceso de cumplir con lo pactado en La Habana. Todos han manifestado su disposición a abandonar la lucha armada si se consiguen reformas como las pactadas con las FARC-EP.
Y una parte decisiva del devenir de una política de reformas en el país debe empezar por la derrota política de la extrema derecha y, sobre todo, por su desarme, ya que solo el Estado tiene el monopolio de las armas.
El paramilitarismo, como el brazo armado de la extrema derecha, tiene que ser desmantelado por lo que es indispensable el compromiso con la ley por parte de militares y policías. No es tarea fácil pero tampoco es imposible.
Desarmada la extrema derecha será mucho más fácil avanzar en la superación social y política de estas corrientes violentas, aunque para ello sea necesario un esfuerzo educativo y pedagógico que probablemente requiera de una o dos generaciones.
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