Según datos de Naciones Unidas, más de 476 millones de pueblos indígenas viven en 90 países de todo el orbe, lo cual representa el 6,2% de la población mundial. En medio del mundo Occidental, luchan para preservar culturas, tradiciones, idiomas y sistemas de conocimiento único.
Ibis Frade
La pandemia del Covid-19 los golpeó con especial fuerza y exacerbó muchas desigualdades ya existentes.
Ante tal escenario, el secretario general del organismo multilateral, António Guterres, abogó por garantizar el derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones, lo cual resulta un componente clave para lograr la reconciliación entre esos grupos y los Estados. Pero, ¿qué garantías o legislaciones a nivel internacional existen para hacer valer el ejercicio de esos derechos fundamentales?
El Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales es actualmente el marco internacional que emplean algunos países para impulsar recursos de protección de esas comunidades.
Así lo explicó a Escaner Irma Pineda, acticista mexicana y experta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas.
Pero, lamentablemente, ese Convenio es usado en ocasiones a conveniencia de los Estados. En el caso de México, por ejemplo, cuando se trata de megaproyectos como los de minería o la apropiación del agua, resulta que no hay un derecho de consulta para las comunidades originarias.
Entonces, cuando se debate sobre educación para los pueblos indígenas, las autoridades alegan que se viola el derecho a la consulta, como está indicado en el convenio 169, es decir, se emplea a conveniencia, recalcó Pineda, quien pertenece a la comunidad Binnizá (zapoteca del istmo de Tehuantepec) de Juchitán, Oaxaca.
Pineda dejo claro que se ha avanzado poco en materia de legislación internacional referida a las comunidades originarias.
Adoptado en Ginebra el 27 de junio de 1989, el Convenio número 169 de la OIT solo fue ratificado por 22 de los 193 países miembros de la ONU.
Este tratado tiene dos postulados básicos: uno es el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias; y el otro se refiere al derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan.
Hasta la fecha, resulta el más importante instrumento internacional para garantizar los derechos indígenas y obliga a consultar con esas poblaciones las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectarlos directamente, con el fin de llegar a un consenso.
Muchos países latinoamericanos ratificaron ese Convenio (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela) y también Dinamarca, España, Fiji, Nepal, Noruega, Países Bajos y República Centroafricana.
En septiembre de 2007, el Convenio número 169 resultó reforzado mediante la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por una amplia mayoría en la Asamblea General.
Con esta adopción, culminó un proceso de más de dos décadas encabezado y promovido por las organizaciones representativas de los pueblos indígenas.
Pero aún queda mucho por hacer en el mundo para hacer velar los derechos de las comunidades originarias, históricamente marginadas y excluidas de las políticas a nivel nacional e internacional.
Protección y participación
¿A qué recursos legales podemos recurrir, bajo qué leyes nos podemos amparar para defender los derechos de los pueblos indígenas y proteger los recursos naturales de sus territorios? La respuesta de Pineda es que los miembros de las comunidades originarias, en especial, deben estar pendientes y en continua vigilancia de todo lo referido a legislación y protección para nuestros pueblos y corroborar que se estén aplicando.
Pero dice que eso no va a ocurrir si no conocemos los recursos legales con los cuales contamos.
Tambien considera que “El papel de los medios es fundamental para visibilizar esas violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y también para ampliar su voz”.
Para Tarcila Rivera, representante del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, uno de los mayores retos en estos momentos es que los Estados tomen en cuenta a los miembros de las comunidades originarias como seres humanos con conocimientos y mucho que aportar. Piensa que es urgente que se respete el territorio indígena y los recursos naturales que hay en estas tierras, pues la política económica de un país y sus legislaciones no pueden construirse dañando los derechos de una población, aunque sea minoritaria. (PL)
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