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Covid y acusaciones contra Bolsonaro

Busca inmunizar a la población a través de la «inmunidad de rebaño», actuar en contra de medidas como distanciamiento social y el uso de mascarillas, y retrasar la compra de vacunas, son algunas de las muchas inculpaciones hechas al presidente de Brasil en tiempos la pandemia.

 

Brasil acumula hasta la fecha 603.855 vidas perdidas y 21 millones 664.879 contagios por Covid-19.

Por ello y muchas razones, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que supervisó la gestión gubernamental ante el Covid-19 acusó al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

La inculpación se extiende a sus tres hijos, ministros, exministros y diputados por delitos cometidos durante la pandemia.

Según el informe final, de más de 1.180 páginas y leído por el relator de la junta, el senador Renan Calheiros, se prevén 68 acusaciones. Para el ponente, el Gobierno federal fue omiso y optó por actuar de forma poco técnica y negligente, descuidada, para enfrentar la pandemia, exponiendo deliberadamente a la población a un riesgo concreto de infección masiva.

De acuerdo con el contenido, la administración mantuvo un gabinete paralelo para apoyar medidas en el área de la salud en contra de la evidencia científica.

Asimismo, trabajó con la intención de inmunizar a la población a través de la llamada «inmunidad de rebaño», priorizó el denominado tratamiento temprano sin apoyo científico de la eficacia, actuó en contra de la adopción de medidas no farmacológicas, como el distanciamiento social y el uso de mascarillas.

Señala el escrito que el gobierno de Bolsonaro «actuó deliberadamente para retrasar la compra de vacunas, en evidente desprecio por la vida de los brasileños».

Calheiros llegó a la versión final tras debatir desde principios de semana con otros miembros de la CPI. Antes del documento final, se presentaron dos borradores.

Inicialmente, el informe pediría la inculpación de Bolsonaro por 11 delitos y entre ellos los de asesinato y genocidio indígena.

La dirección de la comisión decidió excluir estos cargos, que eran uno de los puntos de desacuerdo entre Calheiros y sus colegas.

Sumadas, las penas previstas en el Código Penal para los delitos comunes pueden llegar a casi 40 años, en caso de sentencia máxima. En el de una condena mínima, el mismo cálculo llevaría a algo más de 20 años de detención.

El reporte concluyente será votado la próxima semana por la CPI, que no tiene poder para acusar a nadie.

Las solicitudes de imputación se remitirán a los órganos competentes, entre ellos la Fiscalía General, los fiscales estatales y el Departamento de Policía Federal.

Calheiros quiere asimismo que se procese a empresarios, médicos y blogueros. La lista incluye a los ministros Marcelo Queiroga, de Salud, Waltar Braga Netto, de Defensa, Onyx Lorenzoni, de la Secretaría General, y Wagner Rosário, de la Controladoría General de la Unión. (PL)

(Fotos: Pixabay)

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