Gobernar no significa necesariamente alcanzar el poder, tal como pueden constatar en el panorama latinoamericano los gobiernos progresistas, de tinte nacionalista y más aún aquellos que apuestan por la construcción de un orden social nuevo que no se limite a superar el modelo neoliberal vigente.
Juan Diego Garcia
Por supuesto que el gobierno ofrece ciertos márgenes para ejercer el poder, pero en la práctica resultan muy estrechos si quien gobierna se propone afectar los intereses del gran capital nacional, y mucho más si se trata del capital extranjero.
Por tanto, la izquierda y el progresismo deben considerar entonces que, además de la lucha por alcanzar el gobierno tienen que asegurar mecanismos efectivos para contrarrestar el poder efectivo del gran capital nacional y extranjero. Aunque la izquierda política y los movimientos sociales de la protesta alcancen en las urnas márgenes importantes (poderes ejecutivo y legislativo), es común que el poder judicial (casi siempre muy conservador) se convierta en un obstáculo importante. Ocurre igual con la burocracia, sobre todo en sus niveles superiores, pues ambos están diseñados para administrar los asuntos de la clase dominante.
Un gobierno de inspiración popular no puede proceder ignorando esta realidad. Interesa ante todo el rol de militares, policías y cuerpos de seguridad. Son ellos siempre quienes pueden salvar “el orden vigente” cuando las fuerzas populares logran imponerse y proceden a dar cumplimiento a sus objetivos reformadores.
Desde el gobierno progresista es indispensable proceder a la remodelación profunda de estas instituciones para que antes de ser un obstáculo, sirvan a los propósitos de la reforma.
Pero esto no es suficiente porque de nuevo se pone de manifiesto que tener el gobierno no es tener el poder real pues aún con un aparato gubernamental favorable, el gobierno progresista se enfrenta al poder enorme y decisivo de los grandes propietarios nacionales y extranjeros, que como los principales beneficiarios del actual estado de cosas serán por lo mismo el objetivo principal de las reformas.
El atraso, la pobreza y la enorme desigualdad que registran los países latinoamericanos y caribeños tienen su razón primera en las relaciones de propiedad de la tierra, de los recursos naturales, de la industria, del sistema financiero, del comercio y los servicios. Los resortes principales de la economía pertenecen a la gran burguesía nacional y extranjera, que cuenta además con un respaldo político y social de sectores de la mediana y pequeña propiedad y hasta de sectores populares pobres y marginados. Estos últimos poseen escasa o nula consciencia política y son presa fácil de los partidos burgueses tradicionales y de las nuevas formas de la extrema derecha (el fascismo criollo).
La clase dominante utiliza estos resortes económicos para obstaculizar las medidas del gobierno progresista, en algunos casos sirviéndose de la legislación vigente (que ha sido redactada precisamente para defender la propiedad) pero sin excluir formas abiertamente ilegales.
Así, por ejemplo, se reduce drásticamente la producción o se la suspende alegando dificultades existentes o no y se retira producción y servicios esenciales del mercado y otros métodos similares para provocar el desabastecimiento masivo.
Esto lo hace sin excluir la moderna guerra electrónica y otros métodos parecidos que impactan directamente en la vidas cotidiana de la población.
A las nuevas autoridades solo les queda como alternativa aplicar la ley de forma contundente y movilizar a sus bases sociales para neutralizar la acción de la derecha.
Pero, o la gran propiedad se somete al control público o el Estado debe poseer, en nombre de la comunidad, los principales resortes de la economía; ambas alternativas contrarias al neoliberalismo.
La reforma agraria, por ejemplo, debe contar con un respaldo normativo suficiente y generar formas de poder popular movilizando a los campesinos para que de manera organizada impidan el sabotaje de los grandes propietarios,los tradicionales y los modernos.
Pero es casi imposible adelantar las reformas si las autoridades no cuentan con el respaldo efectivo de la fuerza pública para neutralizar la acción armada privada de los grandes propietarios (tan común en esta región).
Sin el respaldo de unos cuarteles renovados en su base misma, la posibilidad de ver que no se de la reforma agraria es enorme. Tener el gobierno, la ley y el derecho de su parte no sirve para neutralizar el poder real que ejercen terratenientes, grandes empresas agroindustriales y madereras, la moderna minería y en general las empresas que deciden el destino de los recursos naturales y el destino de las masas campesinas.
Afectar el gran capital nacional y extranjero en la industria, el comercio y los servicios exige igualmente contar con las armas legales que permitan a las autoridades neutralizar las muy conocidas campañas de desabastecimiento, sabotaje, paralizaciones intencionadas y el acaparamiento que buscan paralizar la economía y culpar entonces al gobierno reformista del caos producido. También exige una movilización social contundente y avances significativos de las empresas públicas en todas las ramas de la economía.
En efecto, el enorme poder del capital puede neutralizarse o moderarse al menos de tres maneras: fortaleciendo al máximo la empresa pública para que el gobierno controle los principales resortes de la economía en nombre de toda la comunidad, elevando notoriamente el nivel de consciencia política y de organización de sus bases sociales y buscando alianzas con la mediana y pequeña propiedad del capital criollo.
El poder del gran capital internacional es enorme y tiene como característica no respetar en absoluto ni las leyes locales ni las leyes internacionales.
El gran capital puede manipular en su favor el sistema financiero, crediticio y bancario; puede controlar de mil formas el mercado internacional, y por supuesto, agredir militarmente de diversas maneras a gobiernos rebeldes que pretendan defender sus intereses nacionales.
Ante este desafío las fuerzas nacionalistas y de progreso tienen, por fortuna, la alternativa de construir alianzas mediante la integración regional y, sobre todo, aprovechar las contradicciones existentes entre las grandes potencias construyendo nuevas relaciones en el mercado mundial; la alianza con China, en particular.
El reto de gobernar para las fuerzas del progreso en Latinoamérica y el Caribe exige tener claro que gobierno y poder no son la misma cosa.
Deben comenzar por remodelar el Estado (las fuerzas armadas, en particular), avanzar en la organización y educación política de sus ciudadanos, convencer a parte del empresariado local de las ventajas de un nuevo proteccionismo y rehacer las alianzas en el escenario internacional. De esta forma, cada país puede alcanzar una mayor autonomía fruto de la integración regional y de la alianza con nuevos socios, aunque esto no sea del agrado de Washington.
.jpg)
