La controversial Ley gubernamental de Urgente Consideración (LUC) trazó en Uruguay una ruta 2021 de enfrentamientos parlamentarios, y reivindicaciones sindicales y de otras organizaciones sociales.
Adoptada en julio de 2020 con los únicos votos de la mayoritaria coalición gobernante de derecha, plasmó en sus casi 500 artículos un proyecto de país de restauración conservadora y orientación neoliberal a la vista del opositor Frente Amplio.
Pronto decenas de organizaciones sociales unieron fuerzas en una Comisión Pro referendo revocatorio que consumió meses en definir si se buscaba una derogación total o parcial, y se decidió por acabar los 135 artículos más negativos y retrógrados.
La Corte Electoral recibió casi 800 mil adhesiones. Una inesperada victoria popular que incomodó al oficialismo.
A esa altura se proyectó una inminente una cita a las urnas, indeseada por la coalición derechista, que la compulsó a un debate sobre el contenido de la LUC rehuido, pero reclamado por el Frente amplio y la central sindical Pit-Cnt.
Ejes críticos
Entre los ejes críticos resaltaron la introducción de medidas represivas y saturación de cárceles en el capítulo de seguridad, la supresión de la participación de docentes en la política educacional, desalojos expresos por retrasos en pagos de alquiler y limitación al derecho al paro sindical reivindicativo.
Ante un eventual resultado adverso en la consulta, el gobierno congeló la aplicación de contenidos de reconocida impopularidad: el aumento mensual de precios de combustibles o enviar al parlamento la propuesta de reforma de la seguridad social, de extensión de años para jubilarse y reducciones de montos.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria hasta el presente año, el Frente Amplio y Pit-Cnt reclamaron en vano un apoyo temporal a más de 300 mil uruguayos que perdieron sus fuentes de trabajo y criticaron una política financiera para “privilegiar ante todo el resultado fiscal”.
Esto último se reflejó durante el debate parlamentario en torno a la Rendición de Cuentas presupuestal, caracterizado por drásticos recortes salariales y en gastos sociales, impugnados por la bancada opositora.
Distintas organizaciones gremiales protestaron mediante paros de 24 horas y marchas hasta el Parlamento Legislativo y ante la casa de gobierno en la Plaza de la Independencia, y en sus reclamaciones defendieron las empresas públicas de amenazas de privatización.
Al entrar en su segundo año el gobierno encabezado por Luis Lacalle, el movimiento sindical priorizó la generación de empleo ante la presencia de 60 mil desocupados nuevos y 100 mil personas por debajo de la línea de la pobreza.
En junio la central obrera realizó un paro nacional de 24 horas contra el hambre, desigualdad, por la vida, salario y trabajo con un contundente acatamiento
Ello lo que repitió en septiembre por trabajo, salario, desarrollo nacional y en defensa de las empresas públicas.
Escándalos
Mientras, la firma por el Ejecutivo del país de un acuerdo de concesión por 50 años del monopolio de la Terminal de contenedores a la multinacional Kaoten Natie, a espaldas del parlamento, adquirió categoría de escándalo económico y político.
Para la bancada senatorial del frente amplio se trató de “la mayor entrega de la soberanía nacional de la historia reciente”, por lo que sus integrantes presentaron una acusación formal ante la Fiscalía.
También ocurrió la destitución del ministro de Turismo, Germán Cardoso, quien estuvo envuelto en violaciones de normas financieras en el ejercicio del cargo, que desembocaron en una comisión investigadora parlamentaria y denuncia de legisladores de la fuerza de izquierda ante la justicia.
En septiembre el Frente Amplio (FA) celebró su VII Congreso Nacional donde debatió sobre causas y factores de su derrota electoral en 2019, y una proyección rectificadora hacia los comicios de 2024.
Alli se dio la decisión de revocar en referendo 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. (PL)
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