En medio de un escenario de Guerra No Convencional, la intensificación de las medidas coercitivas unilaterales de Washington, condenar a Venezuela por fortalecer sus fronteras y consolidar su estrategia de defensa nacional, es cuando menos un acto hipócrita.
En 1989 el país suramericano estaba hundido en una grave crisis económica, que el entonces presidente Carlos Andrés Pérez ‘acabar’ aplicando un paquete neoliberal del Fondo Monetario Internacional.
Pero sus anuncios derivaron en fuertes protestas, disturbios, saqueos, manifestaciones de rechazo, revuelta que terminó en una de las mayores masacres sociales del siglo XX en América Latina, conocida como el Caracazo. Tres años después, poco o nada había cambiado y el recuerdo de aquel baño de sangre perduraba en la memoria de un pueblo que se ahogaba en la miseria y la desolación.
Así, el 4 de febrero de 1992, un grupo de militares al mando del entonces teniente coronel Hugo Chávez, organizó una rebelión que, pese a fracasar, marcó el inicio del fin de una época de democracias representativas corruptas y decadentes.
Se abrió entonces el camino para la consolidación del proyecto socialista y su mayor fortaleza: la unión cívico-militar, de acuerdo con los historiadores.
Al llegar a la presidencia en 1999, Hugo Chávez, además de convocar un proceso constituyente, implementó un plan de atención social denominado Bolívar 2000, el cual incluía a las instituciones del Estado y las Fuerzas Armadas.
Uno de los objetivos de ese plan era darles una participación activa a estas últimas en la construcción del nuevo modelo social y pretendía superar su distanciamiento con el pueblo, surgido después de que los militares participaran en el Caracazo.
Y, según dijo a la prensa el máster en Historia Militar Edgar Alejandro Lugo, sobre esa base surgió el nuevo pensamiento militar venezolano. Esa concepción nació como respuesta alternativa para construir la Seguridad y Defensa de la Nación, una planificación estratégica más acertada y contundente.
A esta estrategia el analista político Juan Ramón Guzmán Guzmán, la define como una fusión política horizontal, que nada tiene que ver con el civilismo burgués y la supeditación militar porque tienen orígenes e intereses de clase distintos.
El concepto de pueblo en armas o guerra de todo el pueblo ha sido esencial en la resistencia popular de Venezuela contra las agresiones de Estados Unidos, Colombia y la derecha nacional.
Militarización o defensa de la soberanía
A lo largo de más de 20 años del proceso bolivariano, Colombia se convirtió en escenario para promover acciones desestabilizadoras contra Venezuela, apoyadas y financiadas por los consecutivos gobiernos de Bogotá.
La exportación de sus conflictos armados hacia la frontera, la instalación de campamentos de paramilitares entrenados por agentes norteamericanos e israelíes, el tráfico de drogas y, más recientemente, las incursiones de Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos, son algunos de esos ejemplos. Paradójicamente, medios de prensa, ONGs de dudosa imparcialidad y algunos gobiernos, desconocen esa realidad y condenan la supuesta militarización de las fronteras nacionales.
Fernando Rivero, máster en Filosofía de la Guerra Fernando, considera esta estrategia como parte de la batalla semiótica y transversal desarrollada por Washington, la cual pretende arrebatar símbolos, destruir la filiación político-emocional del pueblo con sus dirigentes y demoler la identidad nacional.
«La militarización de las fronteras venezolanas está más relacionada con la Seguridad y Defensa de la Nación, que con un comportamiento netamente militarista», afirma el máster en Historia Militar Edgar Alejandro Lugo en su charla con la prensa.
En el último año uno de los ejemplos más conocidos de esa guerra tercerizada se ha vivido en el estado de Apure, limítrofe por el sur con el país vecino y escenario de los más encarnizados enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los irregulares.
De acuerdo con el investigador, las bases militares estadounidenses instaladas en territorio neogranadino, la asociación de Colombia con la Organización del Tratado del Atlántico Norte en 2018 y el arribo de la Brigada de Asistencia de la Fuerza de Seguridad del Ejército norteamericano esbozan la planeación estratégica diseñada para el control de Venezuela.
El paramilitarismo, dice, intenta fortalecerse en el eje Zulia-Táchira-Apure porque esa área, en los planes del Pentágono, es una dirección táctica de aproximación para lograr objetivos operacionales definidos, tanto en el escenario de una guerra convencional como en una guerra irregular.
Mientras en la frontera se mantienen los enfrentamientos armados, al interior del país bandas criminales protagonizan ataques contra las fuerzas de seguridad.
El estado de Aragua ha sido el más reciente escenario de esas acciones violentas, de las cuales el vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz de Venezuela, Remigio Ceballos, responsabilizó a Estados Unidos, a Colombia y a países europeos.
Según el alto mando en declaraciones recientes, son estos gobiernos los responsables de armar a esos grupos delincuenciales para validar la teoría del Estado frágil. En tales circunstancias, en medio de un escenario de Guerra No Convencional, la intensificación de las medidas coercitivas unilaterales de Washington, condenar a Venezuela por fortalecer sus fronteras y consolidar su estrategia de defensa nacional, es cuando menos un acto hipócrita. (PL)
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