La violación y embarazo forzado de una niña de ocho años, se suma a los miles de casos de menores abusados que no cuentan con atención del Estado, principal responsable de garantizar los derechos fundamentales de los infantes.
Mario Hubert Garrido
En declaraciones al diario La Estrella de Panamá, la directora de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia (Senniaf), Graciela Mauad, dijo que se trataba de una menor que no había podido estar bajo el cuidado de su madre biológica porque ésta presenta situaciones de salud mental y su cuidado lo asumió la tía.
“El esposo de ésta fue quien abusó de la niña”, añadió Mauad.
El agresor fue detenido preventivamente el 29 de diciembre de 2021 e imputado por el presunto delito de violación agravada a la espera de juicio.
Si bien es un caso inédito por la edad de la niña, no es el único. Informes de la Contraloría General de la República dan cuenta que en 2020 se registraron 392 nacimientos de niños vivos en mujeres menores de 15 años.
La presidenta de la Asociación de Ginecología y Obstetricia del país istmeño, Isabel Lloyd, estimó que llegar a esas cifras representa que todo el sistema está fallando.
En este caso en particular, indicó, los facultativos decidieron no interrumpir el embarazo, debido a estar avanzado y recomendaron prescindir de un aborto terapéutico, puntualizó Mauad.
Por su parte, la coordinadora del Comité Interinstitucional de Aborto Terapéutico, Geneva González, explicó que según el Código Penal, solo se interviene en madres con riesgo de vida o de niños con riesgo de muerte hasta las 22 semanas o 700 gramos de peso.
En el caso en cuestión, la niña llegó con casi 24 semanas de embarazo: “Se sale del rango en donde la comisión de aborto terapéutico hubiera podido hacer algo”, abundó.
La menor era desarrollada, es decir con una pubertad precoz, y quizás por eso ni siquiera se dieron cuenta de que estaba embarazada, añadió. Después del alumbramiento, según la Senniaf, la niña y su bebé permanecerán en la casa de un familiar que cumple con los requisitos psicoafectivos y los recursos para asumir el cuidado adecuado fuera del lugar donde fue agredida sexualmente.
El delito
La activista Lucy Córdoba consideró que en este caso hubo falta de sensibilidad humana, sin olvidar la responsabilidad que tienen los padres de la niña.
Córdoba reconoció que la ciudadanía desconfía de la certeza de castigo que reciben los pedófilos y violadores.
Al respecto, la exdiputada Teresita Yanis de Arias recordó que todo el que tiene relaciones sexuales con un o una menor de 14 años incurre en el delito de violación porque no existe el consentimiento.
Tras la divulgación de esta noticia, el infectólogo Xavier Sáez dijo que es imperdonable que violen a una niña y permitan que su embarazo progrese, incluso arriesgando su propia vida.
Galenos han mostrado su preocupación por la salud de la niña debido a que las complicaciones a su edad son grandísimas, además de las secuelas psicológicas que sufrirá. El diputado independiente Gabriel Silva destacó que es lamentable que a una menor de ocho años se le robe su infancia y necesite asumir roles de madre.
Esterilizaciones inconsultas
El pasado 21 de febrero, la Fiscalía instruyó otras investigaciones asociadas a presuntas esterilizaciones sin el consentimiento de mujeres originarias en la occidental provincia de Bocas del Toro.
De acuerdo con un informe del Ministerio Público, al que Prensa Latina tuvo acceso, un equipo especial se trasladó a esa región para ahondar en lo que algunos legisladores estimaron se trata de un delito de lesa humanidad.
El más reciente escándalo que puso en vilo a Panamá se inició cuando la diputada independiente Walkiria Chandler preguntó en una interpelación a la ministra de Salud encargada, Ivette Berrío, sobre las supuestas esterilizaciones forzadas de indígenas después de dar a luz.
Narró que una comisión parlamentaria viajó a Bocas del Toro en octubre de 2021 para conocer unos casos de leishmaniasis en menores de edad y, en la ocasión varias mujeres indígenas denunciaron las intervenciones quirúrgicas sin su permiso.
Una investigación paralela sobre estos hechos lleva adelante la oficina del Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc.
A juicio del Ombudsman, si las esterilizaciones forzadas son ciertas se trata de un retroceso como país. Leblanc adelantó visitas a Bocas del Toro junto a un equipo interdisciplinario para conocer el testimonio de las indígenas de las comunidades de Nance Risco, Changuinola Arriba, Charco La Pava y Valle del Rey. (PL)
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