Más de cien mil personas fueron asesinadas en México durante los últimos tres años, en su mayoría por grupos de crimen organizado. La situación, una de las peores del mundo ha llevado al surgimiento de grupos de autodefensa para frenar las acciones de bandas delincuenciales.
Luis Manuel Arce Isaac
Así lo denuncia el informe especial “Crimen organizado y violencia en México”, de la organización Justice in Mexico, que reconoce que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo con niveles de violencia superiores a los registrados durante administraciones anteriores, y el número de homicidios mensuales se mantuvo por encima de las dos mil 200 víctimas, con múltiples picos. El informe precisa que una parte sustancial de esas muertes son “atribuibles a los grupos de crimen organizado mexicanos”, situación que califica entre las peores del mundo.
El estudio insiste en que “al menos un tercio, y tal vez hasta dos tercios, de todos los homicidios intencionales en México en los últimos años tenían características de la violencia empleada por grupos del crimen organizado”.
Fronteras y drogas
México es un enorme país con costas en el golfo y el océano Pacífico, y una frontera terrestre con Estados Unidos de casi tres mil 200 kilómetros.
De allí que el país sea considerado para las mafias un enclave estratégico como puerto de entrada internacional de sustancias ilegales, enorme cantidad de recursos naturales, armas y personas.
El extenso litoral del país facilita las operaciones de tráfico marítimo y las cordilleras posibilitan el establecimiento de bases para el adiestramiento de reclutas, cultivar amapola y marihuana, elaborar cocaína, producir fentanilo y otras drogas sintéticas.
Por todo ello, México es un ampuloso mosaico de grupos mafiosos que algunos autores cuantifican en más de una treintena, otros calculan medio centenar, presencia que convierte al país en base de operaciones de las organizaciones criminales más grandes, sofisticadas y violentas del hemisferio.
Esos grupos delincuenciales tienen presencia desde Argentina hasta Canadá, y se expanden a Europa y Asia. De tal tamaño es su fuerza, considera la Secretaría de Seguridad en uno de sus últimos informes.
Aunque no figuran en las estadísticas oficiales de organismos internacionales o México, los estudiosos consideran al crimen organizado relacionado con el narcotráfico una de las mayores “economías” del mundo porque mueve billones de dólares, además de una amenaza por su influencia en el sistema monetario y financiero global.
También maneja cifras astronómicas en la denominada industria de armamento civil, armas que por sus características no sirven a los ejércitos, señala un estudio de la revista Kaplan, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Diez grupos del crimen organizado, dos con presencia nacional y ocho de carácter regional, lideran las operaciones de narcotráfico en estos momentos en México, y se les atribuye a ellos al menos el 60 por ciento de los homicidios que se cometen a nivel nacional, indica el estudio de la UNAM.
Se trata de grupos de alta peligrosidad y complejidad criminal cuyo común denominador es el tráfico de drogas como actividad principal.
De la lista de organizaciones del crimen organizado que operan en México, las autoridades identifican a dos con alcance nacional y posibles conexiones a nivel internacional: los cárteles del Pacífico y Jalisco Nueva Generación (JNG).
El Cártel del Pacífico, también denominado Cártel de Sinaloa o la Federación, es una organización criminal que ha contado con varios líderes, como lo prueba la continuación de sus operaciones pese a la captura de algunos de sus mandos, entre ellos Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, señala InSight Crime, fundación dedicada al estudio y a la investigación de amenazas para la seguridad nacional y la ciudadana en América Latina y el Caribe. Por su parte, el cártel JNG es el grupo criminal de mayor crecimiento en los últimos años; su fundador y actual líder es Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” (en prisión), pero la banda opera normalmente.
Otros grupos criminales prioritarios son los cárteles Santa Rosa de Lima, La Unión Tepito, Tláhuac y Guerreros Unidos, este último presuntamente vinculado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
Brigadas de autodefensa
Los grupos de civiles armados conocidos como “autodefensas” surgieron como forma de poner coto a las acciones de bandas delincuenciales, relacionadas o no con los cárteles.
Algunos autores los relacionan con el fracaso o la insuficiencia del Estado para hacer frente a esas organizaciones criminales, otros en cambio los ven como un proceso natural de sobrevivencia, y un freno real a la expansión de las actividades delictivas, explica la Secretaría de Defensa en un informe oficial.
La característica de la autodefensa en México es que no persigue derrumbar el sistema político, sino integrarse a él, defender sus tierras y la integridad de la familia.
En teoría las autodefensas son ilegales, pero resultan toleradas; su presencia en ciertas zonas del país logró impedir las operaciones de grupos delincuenciales, resultado esquivo a la Guardia Nacional y el ejército, agrega la fuente.
La colaboración entre civiles armados ilegales y agentes públicos revela la complejidad del poder y de las soberanías superpuestas en varias regiones de México.
Las Brigadas de Autodefensas de Michoacán, quizás el estado más violento del país, son un caso paradigmático. Fueron creadas en febrero del 2013 para luchar contra el dominio de los Caballeros Templarios, una organización criminal muy agresiva. Desde su auge hasta la fecha, se crearon cada vez más grupos similares a lo ancho del país, ilustrando los vínculos que unen el Estado mexicano con esos grupos civiles armados.
Muchas personas, en especial las expuestas a la violencia criminal, están de acuerdo con su existencia y abogan por legitimarlas, un tema controvertido y difícil para el gobierno.
Incluso algunos estudiosos las consideran parte de las interfaces violentas que existen en México entre la política local, regional y nacional, en un contexto en el cual el control de los canales de intermediación es cada vez más importante para la conservación u obtención del poder.
Estrategia anti-crimen
Cuando el presidente López Obrador asumió el cargo en diciembre de 2018, ya se contabilizaban más de 50 mil muertes por la guerra entre grupos criminales relacionados con el narcotráfico.
Su política difiere de presidentes anteriores, pues el mayor énfasis lo pone en los programas sociales para atacar las causas sociales que originan el fenómeno del crimen organizado, y los prioriza por encima del enfrentamiento armado a las bandas.
Es un principio polémico, controvertido, que no comparten quienes consideran que el fondo del problema no es la pobreza, sino la habilidad de las bandas para reclutar y mantener gruesas sus filas, y por lo tanto el elemento activo fundamental a fin de combatirlo es la fuerza militar. Como ambas posturas son razonables, López Obrador propuso y organizó la Guardia Nacional que, siendo un brazo del ejército y comandado por este, actúa como policía militar contra el crimen.
Desde su creación en marzo de 2019, ese cuerpo armado tiene el mérito de ser el que más combate y con mejores resultados al crimen organizado. En la práctica se trata de la desmilitarización de la lucha contra los cárteles, pero en la forma, no en la ejecución, y hasta ahora ha dado resultados positivos. (PL)
(Fotos: Pixabay)
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