Si el candidato Gustavo Petro gana las elecciones presidenciales en Colombia habrá obtenido el gobierno, pero estará lejos de haber alcanzado el poder, sobre todo en los aspectos más decisivos del término.
Juan Diego García
Esta diferencia entre gobernar desde la presidencia y ejercer realmente el poder de forma plena expresa una correlación de fuerzas concreta que obliga a Petro y a su frente de fuerzas políticas y sociales a impulsar medidas con una enorme dosis de realismo. De esta forma, los objetivos inmediatos pueden permitir avanzar hacia objetivos de mayor alcance.
Son tantas y tan variadas las exigencias mayoritarias de la poblacióncolombiana que no será fácil establecer prioridades.
Al candidato del Pacto Histórico le apoyan ahora fuerzas políticas locales del socialismo y la social democracia, no menos que liberales y conservadores progresistas y, sobre todo amplios sectores de las gentes más humildes.
A todos en su conjunto les une el deseo legítimo de poder vivir sin la violencia cotidiana que ensombrece la vida diaria, sin el cuadro de creciente pobreza y desigualdad que contrasta con el grosero enriquecimiento de las capas privilegiadas, sin el desamparo ciudadano que provoca la ausencia de instituciones públicas mínimamente confiables, sin la corrupción oficial galopante y sin la impunidad generalizada; en pocas palabras, sin futuro.
En buena parte este panorama social y político refleja la moderación del programa de Petro.
Él sabe que en el mejor de los casos, de inmediato tan solo se puede comenzar a generar soluciones en áreas tan críticas como la paz, el empleo, la salud o la educación, para citar las más urgentes.
Sin embargo, propone medidas de más largo alcance para superar no solo la forma neoliberal del actual modelo económico (que ha hecho crisis, como en el resto del planeta) sino la forma misma del capitalismo nacional y su manera desventajosa de insertarse en el tejido mundial.
Por eso su programa propone impulsar el trabajo nacional y dar la mayor prioridad posible a las demandas del mercado nacional, sin descuidar unas exportaciones que deben superar el cuadro actual del petróleo, las materias primas sin procesar o los psicotrópicos que son en la actualidad las principales fuentes de divisas del país. Su ambicioso programa contrasta con los programas de los candidatos de la derecha que se limitan a mantener el vigente modelo neoliberal, con ayudas menores a los sectores más pobres, algo que resulta compatible con el modelo neoliberal porque le resulta útil para disminuir el descontento social. Es demagogia pero en ciertas circunstancias, funciona.
De forma inmediata Petro buscaría controlar los procesos de violencia que padece el país. Empezar por cumplir el acuerdo de paz con las FARC y hacerlo extensivo a otros grupos armados supone de forma inmediata enfrentarse con terratenientes y grandes ganaderos, un desafío nada fácil pero no imposible de gestionar si Petro consigue un apoyo suficiente de las fuerzas armadas y logra acuerdos al menos con el sector menos extremista de los ricos del campo.
Es igualmente decisivo el apoyo de la Policía para poner orden en las ciudades, una exigencia ciudadana impostergable.
Petro tiene que poner límites las grandes empresas (sobre todo multinacionales) que tienen responsabilidades obvias en el drama de la violencia rural, el despojo de tierras y el desplazamiento de millones de campesinos.
Sin la financiación de estos gremios a los grupos de la extrema derecha armada (paramilitares) será muy difícil que estos se mantengan. Reformar a fondo los sistemas de inversión pública permitirá empezar a desmantelar la actual corrupción y, por ende, quitar sustento a las formas más tradicionales y delictivas de la politiquería.
Sin el robo sistemático del erario público buena parte de los actuales partidos quedarán sin bases materiales para sobrevivir. Será una primera medida indispensable para impulsar un tejido político moderno y sobre todo democrático.
La reforma de las instituciones es entonces indispensable y debe comenzar por sustituir sobre todo las instancias mayores del poder legislativo y judicial. Todo esto es posible tan solo aplicando las leyes vigentes: expulsar a los corruptos de las instituciones, obligar a devolver al Estado los bienes obtenidos mediante la corrupción, al igual que se expropia a narcotraficantes y demás personas vinculadas a actividades ilegales. Conseguir estos objetivos no excluye aplicar políticas de negociación siempre y cuando los beneficios públicos sean mayores que las concesiones de las autoridades. Si lo hace, por ejemplo, Estados Unidos, también podría hacerse en Colombia sin que nadie se sonroje.
Una reforma fiscal que aplique el principio elemental de que “quien más gana, más impuestos debe pagar”, con todas las necesarias matizaciones que sean indispensables, dará al gobierno recursos importantes y un margen suficiente para invertir en salud y educación.
Poner fin a la “guerra contra las drogas” buscando formas civilizadas para gestionar la producción, comercialización y consumo de psicotrópicos tampoco es un objetivo imposible.
Varios países lo han hecho y con mucho éxito. La cocaína, el opio y la marihuana se pueden utilizar para fabricar medicamentos y otros productos y el consumo personal también se puede regular para ayudar a los adictos y disminuir sobre todo el tráfico ilegal, tan vinculado a la violencia.
Poner fin a esta guerra supone para el Estado disminuir uno de sus gastos más considerables, pues supone poder reformar unas fuerzas armadas que rondan el medio millón de miembros. Colombia tendría que apostar por un ejército mucho más pequeño y en correspondencia con las exigencias actuales para defender la frontera nacional (aire, tierra, aguas), proteger al país de los llamados “ciberataques” y dotarse en general de instrumentos modernos para garantizar la defensa del territorio nacional.
A mediano plazo, el programa de Petro intentaría acogerse a las recomendaciones de la ciencia que exige alarmada tomar medidas urgentes para disminuir al menos el actual impacto de la economía sobre la naturaleza.
Cuando el Pacto Histórico propone revisar a fondo el rol de productos como el carbón y el petróleo buscando sustituir su producción, tan solo se hace eco de lo que propone la ciencia. La derecha demoniza estos objetivos y hace demagogia al respecto, sin mencionar que precisamente son los países avanzados aquellos que ya apuestan por medidas semejantes.
Petro puede tener entonces el gobierno pero no tendrá todo el poder aunque desde la presidencia pueda impulsar medidas como las antes mencionadas para que el sector social de la economía tenga cada vez un peso mayor sobre el mercado.
(Fotos: Pixabay)
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