En medio de la creciente resistencia juvenil en Irán, las escuelas se han convertido en lugares clave de protesta. Un nuevo memorando entre el Ministerio de Educación y la policía permite la presencia policial sin restricciones en las escuelas. Se trata de un preocupante giro hacia la securitización de la educación, que refleja la preferencia del régimen por el control frente a la reforma y su creciente desconexión con las generaciones más jóvenes.
Rola Zamzameh*
En un país que ya está lidiando con multitud de crisis, un nuevo memorando firmado entre el Ministro de Educación de Irán y el Jefe de Policía Ahmadreza Radan ha desatado una tormenta de controversia. Este acuerdo permite a la policía entrar libremente en las escuelas sin ninguna restricción legal, un hecho que muchos consideran un giro alarmante hacia la securitización abierta de la educación.
Sin embargo, esta medida no es aislada. Está directamente relacionada con el contexto más amplio del movimiento «Mujeres, vida, libertad», desencadenado por la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial. En los meses siguientes, las escuelas -especialmente las femeninas- se convirtieron en activos centros de protesta. Las jóvenes se quitaron el pañuelo, corearon consignas contra el régimen e incluso pintarrajearon retratos de dirigentes de la República Islámica. Estos actos conmocionaron a un régimen que durante mucho tiempo confió en las escuelas para inculcar la conformidad ideológica.
El Estado iraní no estaba preparado para esta resistencia desde dentro de lo que creía su entorno más controlado. Los estudiantes -muchos menores de edad- se habían convertido en actores políticos. La respuesta del régimen no fue la introspección, sino la intensificación de la represión. Una de las tácticas más inquietantes fue una oleada de misteriosos ataques con gas contra escuelas femeninas de varias ciudades.
Cientos de alumnas fueron hospitalizadas en lo que parecían ser actos coordinados de envenenamiento masivo. El régimen nunca aceptó su responsabilidad y no se produjeron detenciones. Para muchos, estos incidentes representaron una espantosa forma de venganza del Estado contra una juventud desafiante.
El nuevo memorando con la policía es una formalización de esa misma lógica: el miedo debe sustituir al pensamiento. En lugar de replantearse sus políticas, el régimen ha optado por redoblar la apuesta. Al colocar fuerzas armadas en las escuelas, está convirtiendo los lugares de aprendizaje en zonas de vigilancia.
Psicológicamente, el daño es enorme. Los escolares, que deberían sentirse protegidos, ahora son tratados como sospechosos. La presencia constante de la policía genera miedo, ansiedad y desconfianza. Es probable que las niñas, que ya sufren discriminación por razones de género, sean las más perjudicadas por este nuevo orden.
Desde el punto de vista de la sociología política, el memorándum no es una demostración de fuerza, sino una admisión de fracaso. Tras casi cinco décadas de intentar cultivar ciudadanos leales mediante la educación islámica, el régimen se encuentra vigilando sus propias aulas. Esto indica el colapso de su proyecto ideológico. En lugar de engendrar obediencia, el sistema ha producido una generación deseosa de cuestionar y resistir.
Es más, el acuerdo socava el concepto mismo de educación. El propósito de la escuela es fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y la responsabilidad cívica. Militarizar este espacio corrompe esos valores. Señala a los alumnos que el Estado no es su protector, sino su vigilante.
Desde el punto de vista legal y ético, esta política constituye una clara violación de los convenios internacionales sobre los derechos del niño y la educación. La presencia de la policía en las escuelas sin supervisión parental o judicial vulnera los principios básicos del bienestar infantil y la responsabilidad institucional. La violación del derecho del niño a la educación en un entorno seguro y libre de intimidación es evidente en este caso. Según los artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño, «todo niño tiene derecho a recibir educación en un ambiente seguro, libre de violencia e intimidación».
¿No es la presencia de la policía -especialmente teniendo en cuenta su historial de violencia en calles y escuelas- una forma de amenaza psicológica y una violación de un espacio educativo seguro? Se han ignorado el consentimiento y las opiniones de los niños en relación con las decisiones sobre sus escuelas. Este memorándum contradice el principio de participación de los niños tal y como se recoge en el artículo 12 de la Convención, que afirma: «El niño tiene derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan».
También es miope.
Al elegir la coerción en lugar de la reforma, el régimen iraní está alienando a su juventud. Los niños de hoy recordarán estas experiencias.
Muchos crecerán con un profundo resentimiento hacia la autoridad, un sentimiento que puede expresarse en futuras formas de protesta aún más sofisticadas y generalizadas.
En resumen, el memorándum sobre educación policial es una instantánea de un régimen en crisis. Revela un gobierno tan desconectado de su pueblo -y en particular de su juventud- que prefiere el control a la confianza, y la intimidación al diálogo. Pero la historia ha demostrado que ninguna sociedad puede prosperar cuando controla a sus alumnos en lugar de capacitarlos.
*Rola Zamzameh: Periodista senior en la Comisión y el Parlamento Europeos.
(Traducido por Camila Marquez) – Fotos: Pixabay
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