En el marco de un acuerdo que convirtió a Panamá en país ‘puente’ para la repatriación, el febrero pasado recibió 299 migrantes irregulares de varios continentes, extraditados desde Estados Unidos. Hoy viven en la zozobra de volver a su país, donde pueden perder la vida, o viajar a otro que quiera recibirlos. Aguardan en albergues humanitarios.
Mario Hubert Garrido
El grupo llegó en tres aviones; 187 de ellos aceptaron regresar o gestionan su regreso de manera ‘voluntaria’, según datos del Servicio Nacional de Migración.
Otros 112 ciudadanos se negaron, algunos temerosos por sus vidas. Actualmente solo quedan 50 distribuidos en albergues como el de la organización Fe y Alegría, Doña Luisa y un hotel, este último con apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, donde se encuentran alojadas las familias con niños. Todo empezó en febrero de este año, tras haber sido deportadas de Estados Unidos a Panamá en vuelos coordinados entre los gobiernos de ambos países. Hace unos días, 50 de ellos recibieron una extensión de seis meses en sus permisos humanitarios.
La medida beneficia a personas originarias de África y Asia que permanecen en albergues como el de la organización religiosa Fe y Alegría, así como en hoteles.
Los indocumentados que aún permanecen en el istmo son originarios de países como Somalia, Irán, Afganistán, Rusia y Etiopía, quienes a su llegada habían recibido esa condición especial por tres meses, pero ese plazo venció el pasado 6 de junio.
Voceros de organizaciones humanitarias señalaron que esta prórroga representa un alivio temporal, e insisten en la necesidad de establecer una solución migratoria estable que les permita a los migrantes rehacer sus vidas, acceder a trabajo formal y garantizar el respeto de sus derechos básicos.
Según Elías Cornejo, coordinador de Fe y Alegría, una de las organizaciones católicas que forma parte de la Red Clamor (Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas), los indocumentados extracontinentales no quieren regresar a su país de origen por diversos motivos. Tampoco pueden entrar a Estados Unidos, tras la lista publicada por la administración Trump donde se enumeran naciones a las cuales ahora se les niega todo tipo de visa.
La respuesta de muchos es decidir si se mantienen en Panamá o se trasladarán hacia un tercer país.
Marco Gómez, director del albergue Fe y Alegría, ha dicho que si bien los migrantes extracontinentales deportados se sienten bien tratados, han quedado atrapados en una gran confusión legal tras el retorno forzoso.
La situación, según Gómez, fue consecuencia directa de un acuerdo entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos, cuyas repercusiones no fueron previstas en su totalidad. También señaló que el aporte del Ejecutivo ha sido valioso al mostrar buena voluntad.
Agregó que la reciente decisión de extender por seis meses los permisos humanitarios fue recibida con alivio, pero también con incertidumbre sobre el futuro, y sostuvo que este tipo de medidas debe evolucionar hacia soluciones más estables. A su juicio, aunque el plazo extendido representa un respiro temporal, aún no se ha logrado una solución definitiva. “Lo ideal sería no estar de extensión en extensión, sino que esto abra la puerta a una legalización, a una regularización migratoria”, remarcó. También sugirió que el Gobierno explore alternativas en colaboración con terceros países, para demostrar no solo buena voluntad, sino el compromiso de resolver una crisis que afecta a cientos de migrantes provenientes sobre todo de África y Asia.
Sobre este tema, el canciller Javier Martínez-Acha resaltó que el traslado de los 299 inmigrantes se hizo “respetando su dignidad y sus derechos”, en una operación supervisada por la Organización Internacional de Migraciones y la Agencia de la ONU para los refugiados y que a Panamá no le supuso ningún gasto.
El diplomático recordó que la gestión de la migración es en su país “una historia de éxito”, pues los casi 11 meses transcurridos desde la llegada de la administración de José Raúl Mulino, la migración irregular ha tenido una reducción del 99% de tránsitos ilegales por la selva de Darién, en la frontera con Colombia, paso cerrado actualmente. PL
(Photos: Pixabay)
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