A finales de agosto, activistas rompieron ventanas y rociaron pintura roja en las oficinas del think-tank de derecha Policy Exchange, en Old Queen Street, Westminster. Los hicieron en “reconocimiento del papel que han desempeñado en convertir al Reino Unido en la nación menos tolerante, más desigual, cada vez más autoritaria y mal gobernada que es hoy.”
Texto y fotos: Action Network
Son miembros de Shut The System (STS), que se describe a sí mismo como “una campaña clandestina de sabotaje y acción directa dirigida contra los poderes financieros que sustentan la emergencia climática y ecológica”.
Los activistas se oponen a la defensa que hace Policy Exchange de restricciones cada vez más autoritarias a los derechos humanos, como el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión. Estas incluyen nuevas leyes para reprimir la protesta climática legítima y la proscripción de Palestine Action, una organización de acción directa proscrita por el gobierno del Reino Unido en julio de 2025 y que, según el grupo, no tiene condenas por delitos violentos.
Un portavoz de la facción Palestina de STS dijo: “La influencia maligna de Policy Exchange, que suprime la protesta efectiva, no sorprende si se considera la donación reportada de 30.000 dólares de ExxonMobil a Policy Exchange. Hoy hemos atacado a Policy Exchange no en respuesta a una acción particular, sino en reconocimiento del papel que han desempeñado en convertir al Reino Unido en la nación menos tolerante, más desigual, cada vez más autoritaria y mal gobernada que es hoy.”
Policy Exchange ha abogado por, y ayudado al Gobierno a redactar legislación, en particular elementos que buscan restringir la efectividad de las protestas relacionadas con el clima, un papel admitido públicamente por Rishi Sunak en 2023 cuando se desempeñaba como Primer Ministro.
El portavoz dijo: “Los corruptos enredos de Policy Exchange con los gobiernos y las élites suprimen directamente la orgullosa tradición que defiende el sufragio femenino, el fin del apartheid en Sudáfrica, el derrocamiento del injusto Impuesto de capitación y la exigencia de rendición de cuentas al gobierno por la prosecución de guerras ilegales.”
Policy Exchange presionó a favor de leyes adicionales contra las protestas en la Ley de Orden Público de 2023, que creó nuevos delitos que facilitan el enjuiciamiento de tácticas de protesta como encadenarse, excavar túneles e incluso marchas pacíficas de protesta.
En la Ley de Orden Público, el ministro del Interior intentó introducir una definición vaga de «grave alteración» como cualquier cosa que fuera «más que menor».
Cuando el Parlamento bloqueó este intento, el ministro utilizó instrumentos jurídicos para introducir esta definición por la puerta trasera, una maniobra que posteriormente fue declarada ilegal por los tribunales en un caso presentado por Liberty.
El portavoz explicó: «La agenda autoritaria defendida por Policy Exchange y su intento de equiparar la protesta con el extremismo ha envalentonado a múltiples gobiernos para adoptar políticas que habrían sido impensables en el Reino Unido hace apenas una década, y les ha hecho etiquetar a Palestine Action como terroristas. La protesta y la acción directa no son actividades extremistas, son un aspecto esencial de cualquier democracia que funcione.»
La acción se suma a un creciente ‘Verano del sabotaje’, declarado por Shut The System el lunes 18 de agosto, cuando activistas cortaron cables eléctricos y de comunicaciones en las oficinas de JPMorgan Chase, Barclays y Allianz, “tres de los peores financiadores mundiales de la expansión de los combustibles fósiles y de armas utilizadas en el genocidio en Gaza”.
Posteriormente, se emprendió otra acción en una sucursal de Barclays en Oxford, donde activistas rompieron ventanas el sábado.”
Entre las demandas de STS se encuentran que los bancos y las aseguradoras alineen sus prácticas de financiación y suscripción con trayectorias de 1,5°C y permitan una transición justa y equitativa.
Exigen que los bancos y aseguradoras prohíban de inmediato toda financiación y seguros para la expansión de combustibles fósiles; adopten objetivos absolutos de reducción de emisiones financiadas para petróleo, gas y carbón en línea con un riguroso escenario de 1,5°C; exijan planes de transición sólidos y alineados con 1,5°C a todos los clientes actuales de combustibles fósiles; protejan a los Pueblos Indígenas y los derechos humanos; y aumenten la financiación para una transición justa y equitativa.
(Traducido por Camila Marquez)
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